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Para el magistrado de tendencia liberal, Manuel Martínez, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, conseguirá 12 magistrados en la Corte Suprema de Justicia, CSJ, para tener la mayoría absoluta que pide la ley.

“Esta vez no habrá nada, será una aplanadora haciendo todo lo que quieran”, dijo Martínez.

La semana pasada el magistrado con período vencido, Rafael Solís, dijo que según la correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional, al FSLN le corresponderían seis, de los ocho nombramientos pendientes en el Poder Judicial. Por lo tanto, en 2012 los magistrados de militancia sandinista sumarían 10, los del PLC 4 y los del PLI, 2.

“En la historia de la Corte Suprema de Justicia nunca ha habido una mayoría tan arrolladora y discriminatoria como esta vez.  Siempre se ha tratado el consenso y un balance proporcional con las fuerzas políticas en la Asamblea Nacional”, dijo Martínez.

Repercusiones políticas
De acuerdo con Martínez, el Frente Sandinista tiene tantos diputados que no necesita, desde el punto de vista matemático, del concurso de nadie para elegir a todos los magistrados; sin embargo, advirtió que habría que medir las consecuencias de que un Gobierno actúe “por sí y ante sí en todos los poderes del Estado, sin tomar en cuenta las demás facciones, por minoritarias que sean”.

“El doctor Solís ha afirmado eso porque ellos (el gobierno) están en capacidad de conceder, no de negociar, porque son ellos los que tienen los votos necesarios para hacer lo que quieran, (pero) eso  no quiere decir que sea lo más saludable desde mi punto de vista”, agregó el funcionario.

Según Martínez, ni en tiempos de la dictadura de los Somoza se llegó a esos extremos y señaló que la Constitución es un pacto político que se hizo con la intención de que nadie tuviera el poder absoluto.

“Cuando esto pasa se rompe el equilibrio, ya que el Estado anda inclinado en determinada dirección, lo cual es excluyente de un segmento de la población”, afirmó al respecto.

A propósito de las declaraciones de Solís, el jurista Óscar Castillo indicó que en el artículo 138 de la Constitución—referido a las atribuciones de la Asamblea Nacional—, se establece que el Parlamento elegirá a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en listas separadas propuestas para cada cargo por el Presidente de la República y diputados, en consulta con las asociaciones civiles pertinentes; por tanto, calificó de “ilegítima” la repartición planteada por Solís.

Más justicia partidaria
Mientras que a juicio del analista político Carlos Tünnermann, los escenarios señalados por Solís y Martínez revelan la mentalidad de magistrados de un Poder Judicial donde sus miembros son electos por su actividad política y no por su competencia y trayectoria.

Y es que según Tünnermann, los actuales magistrados de la CSJ son políticos que se aventuraron a ser magistrados o magistrados que son políticos muy activos.

El analista insistió en que el control total del FSLN en la CSJ significaría una partidización total de la justicia, lo cual --según él--, daría pie a sentencias tan “espurias” como en la que la Sala Constitucional declaró inaplicable el artículo 147 de la Constitución, para que el presidente Daniel Ortega optara a la reelección.

Tünnermann coincidió con Castillo en cuanto a que el nombramiento de los magistrados debe ser de acuerdo con el artículo 138 de la Constitución, pero recordó que las negociaciones siempre terminan dándose en base a prebendas, por lo que llamó al Partido Liberal Independiente, PLI, a no prestarse a ese tipo de “jugarreta”.

En ese sentido, el diputado suplente electo por el PLI, Eliseo Núñez Morales, aseguró la semana pasada que de asumir las diputaciones que le corresponden en el Parlamento, esta fuerza política no negociaría bilateralmente con el FSLN la conformación de la CSJ.