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Con 62 diputados en la Asamblea Nacional, analistas políticos y opositores han planteado dos caminos que podría tomar el presidente Daniel Ortega: utilizar a la bancada del Frente Sandinista como una total aplanadora legislativa, o, por el contrario, buscar el mayor consenso con los 25 legisladores que obtuvo el Partido Liberal Independiente, PLI.

En el escenario menos deseado por la oposición, Ortega tiene en sus manos reformar parcial o totalmente la Constitución Política para permitir la reelección continua y para que el Ejecutivo pueda elegir a los funcionarios de todas las instituciones y poderes del Estado, una facultad que depende solo del Poder Legislativo.

Además, ante este panorama, el FSLN podría continuar controlando la Junta Directiva del Parlamento, y, en consecuencia, la totalidad de las 15 comisiones permanentes de trabajo que conforman este poder del Estado.

Sin embargo, el presidente Daniel Ortega, luego de ganar las elecciones prometió al pueblo y a los empresarios “estabilidad, paz, y tranquilidad; no cambiar el rumbo del país, ni utilizar la Asamblea Nacional para lo que le dé la gana”; al tiempo que llamó a las demás fuerzas políticas participantes en la recién concluida contienda electoral, a reconocer su derrota y a trabajar “juntos por Nicaragua”.

La Junta Directiva

El FSLN cerró el anterior período legislativo con cuatro de los siete miembros que integran la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, por lo que con la nueva mayoría obtenida en los comicios nacionales del pasado 6 de noviembre, tiene ventaja para obtener hasta cinco y seis miembros.

Sin embargo, el analista político Óscar René Vargas recomienda que, lejos de imponer su agenda, Ortega debe dar ciertas concesiones para proyectar una imagen de pluralismo en la Asamblea Nacional, así como en las demás instituciones y Poderes del Estado. Ello, señala Vargas, implica ceder espacios y cargos a la fuerza política que obtuvo el segundo lugar, la alianza PLI.

Pero el Presidente explicó: “Vamos a trabajar para que la Asamblea Nacional sea un instrumento que le sirva al pueblo, a los trabajadores y a los nicaragüenses.  Vamos a legislar con consenso”.

“Cuando se dé el nombramiento de los 25 funcionarios (pendiente desde hace dos años) no debe nombrar solo partidarios del FSLN y que tengan prestigio y reconocimiento dentro de la opinión pública”, recomendó Oscar René Vargas.

“Si no lo hace (nombramientos pluralistas) sería una gran equivocación de su parte”, añade Vargas.

Según el analista, si la dirigencia del PLI hubiese decidido que sus diputados electos no asumieran sus curules, hubiese significado “dejarle las manos abiertas al Presidente”.

“Si ellos asisten, pueden tener representación minoritaria en la Junta Directiva y en las comisiones, y así poder denunciar lo que no les parezca y estar en el tinglado periodístico de todos los días y tener voz”,
valoró.

José Pallais analiza futuro legislativo
El jurista y ahora exdiputado por el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, José Pallais Arana, considera que el FSLN no obtuvo legítimamente los 62 diputados que tendrá en la próxima legislatura.

“La última Asamblea democrática del siglo XXI, porque fue la última Asamblea cuyos representantes fueron electos por el voto popular”, expresó al respecto.

A juicio de Pallais, esa cantidad de legisladores “es más de lo que se requiere para la reforma total a la Constitución”, y por ello, no le cabe duda de que Ortega impulsará una reforma a la Constitución Política.

Pero el Presidente dice lo contrario: “No estamos locos, no vamos a utilizar la Asamblea Nacional para cambiar el rumbo del país”.

Vargas no está muy alejado de esa consideración, pero cree que cualquier modificación total o parcial a la Carta Magna, que pretenda realizar el presidente Ortega, no se hará de inmediato, sino dentro de dos o tres años.

La posición del PLC
Pallais es del criterio que de Ortega se puede esperar cualquier cosa, y que en la nueva Asamblea Nacional no hay oportunidad de balances e incidencia, ni oportunidad de negociación; además, señaló que “todo mundo percibe que la oposición estará fuera del Parlamento, no dentro”.

“Hay una mayor responsabilidad, y tenemos que saber administrar esa responsabilidad y ese enorme poder, no solo en la Presidencia, sino también en la Asamblea Nacional”, reiteró en cambio el presidente Ortega.

Por ello recordó que el Comité Ejecutivo Nacional, CEN, del PLC tomó la decisión, en noviembre del año pasado, de orientar a sus dos diputados ante la Asamblea Nacional y uno ante el Parlamento Centroamericano, Parlacén, que resultaron electos en los comicios del seis de noviembre, no asumir sus escaños, y que si lo hacían, sería a título personal, y automáticamente quedarían fuera del partido.

Acatarán los diputados
De acuerdo con el también expresidente de la Comisión de Justicia del Parlamento, “la Asamblea Nacional que se va a organizar el próximo 9 de enero no es una Asamblea democrática, sino una Asamblea resultado de una serie de irregularidades”.

No obstante, dice que toda esa “ilegalidad e ilegitimidad” concluirá una vez que los diputados electos --tanto por el Frente Sandinista como por el Partido Liberal Independiente, PLI-- tomen posesión de sus escaños. Además, está por verse si Wilfredo Navarro Moreira y Jorge Castillo Quant, ambos diputados electos por el PLC, acatan o desobedecen la orientación del Comité Ejecutivo Nacional, CEN, en el sentido de que no asuman sus curules.

Los números

La Asamblea Nacional anterior terminó con seis bancadas legislativas y varios diputados independientes, aunque al momento de votar, su sumaban a las bancadas opositoras al Frente Sandinista.

Este nuevo Parlamento se perfila únicamente con dos bancadas: la del Frente Sandinista con un mayoría más que calificada de 62 diputados --más uno, considerando que el ex vicepresidente Jaime Morales Carazo podría incluirse--; y la bancada del PLI con posibles 25 legisladores.