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Independientemente de la rebeldía que Costa Rica ha adoptado frente a la orden de medidas cautelares dictada por la Corte Centroamericana de Justicia, CCJ --que manda a suspender las labores de construcción de la carretera tica paralela al nicaragüense Río San Juan--, en Managua los ambientalistas demandantes se enfocan en continuar el proceso que dicta la etapa de presentación de pruebas.

“Vemos con gran satisfacción los resultados de nuestra acusación porque de una u otra manera tiene un impacto”, opinó Kamilo Lara, Presidente del Foro Nacional de Reciclaje que junto a la Fundación Nicaragüense de Desarrollo Sostenible,  Fundenic, demandaron ante la CCJ a la nación vecina del Sur.

Según Lara, en los próximos días anexarán más pruebas al caso, entre las que incluyen una propuesta de visita a la zona por parte de los magistrados del supremo tribunal regional, esta vez por vía aérea y con el objetivo que puedan terminar de “certificar la magnitud del daño”, explicó Lara.

También dijo que se enfocarán en demandar que se ordene la inhabilitación de la carretera en los puntos aledaños al Río San Juan.

Dejó claro que la negativa posición de Costa Rica no detendrá sus acciones, menos ahora cuando advierten vientos a su favor. Más bien expresó que se enfocarán en prepararse para la audiencia pública “donde vamos a tener la posibilidad de  hacer en viva voz la acusación con todo el respaldo científico”.

Confía en fallo
Por su parte, el doctor Jaime Íncer Barquero, Presidente de Fundenic y asesor presidencial para Asuntos Ambientales, se mostró conforme con los avances del proceso en espera que el fallo definitivo de la CCJ sea siempre favorable para Nicaragua “porque es evidente el daño ecológico que la construcción de esa carretera ha provocado”.

Consideró un error de parte de Costa Rica el desconocer la potestad del tribunal regional, pero consideró que “los que quedan mal son ellos”, porque queda demostrado que tratan de “eludir una responsabilidad en un campo donde ellos se han proclamado los líderes como es la defensa del medio ambiente”, manifestó.

Señaló que no “nos debe afligir” la posición de las autoridades del Gobierno costarricense, porque hay convenios, tratados de carácter binacionales y regionales que demarcan las obligatoriedad de los países en acatar este tipo de resoluciones.