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Mientras el presidente Daniel Ortega aún no hace sus propuestas de candidatos para los más de treinta cargos vencidos en los poderes del Estado, la opositora Bancada Democrática Nicaragüense, BDN, está planificando “abrir” un “canal de comunicación” con la bancada oficial, “porque de nada les serviría hacer propuestas si no tienen los votos que respalden a sus candidatos”, explicó el diputado Eliseo Núñez Morales.

En ese sentido, una de las atribuciones que le confiere la Constitución Política a la Asamblea Nacional, AN, es elegir a los magistrados y a los altos funcionarios de los poderes del Estado, sin embargo, el miércoles pasado la primera secretaria de la AN, diputada Alba Palacios, limitó esa atribución, al decir que mientras no reciban propuestas, los diputados “no tienen la facultad” para nombrar a ningún funcionario.

Palacios fue más clara cuando se le preguntó si los magistrados del Consejo Supremo Electoral, CSE van a seguir con los cargos prorrogados por el Decreto Ejecutivo 03-2010, porque dijo que “no es facultad de nosotros (los diputados)” hacer eso.

Lo que dice la Constitución
Sin embargo, el artículo 138, numeral 8, de la Constitución Política, manifiesta: “Son atribuciones de la Asamblea Nacional: elegir a los magistrados propietarios y suplentes del Consejo Supremo Electoral de listas separadas, propuestos para cada cargo por el Presidente de la República y por los diputados de la Asamblea Nacional, en consulta con las asociaciones civiles pertinentes”.

Si el presidente no propone
Además, este mismo artículo indica que en caso de que el Presidente de la República no haga propuestas, “bastarán las propuestas de la AN”. Incluso, especifica un límite de tiempo para nombrar o ratificar a los funcionarios con cargos vencidos. Sin embargo, en 2010, cuando se venció el período de al menos 20 funcionarios del Estado, el presidente Daniel Ortega dictó el Decreto Ejecutivo 03-2010, para prolongar sus funciones.

Dos años después ya hay más de treinta cargos vencidos de funcionarios del Estado, entre magistrados del Consejo Supremo Electoral, CSE; la Corte Suprema de Justicia, CSJ; la Contraloría General de la República, CGR; el presidente y vicepresidente de la Superintendencia de Bancos; el procurador y sub-procurador para las defensa de los Derechos Humanos, y el Fiscal General de la República.

“Nadie está ilegal”

En lo que sí insistió la diputada Palacios fue en que los magistrados del CSE están “legales” en sus cargos, y en que “nadie está ilegal”.

Los cargos de los magistrados del CSE, encabezados por el presidente Roberto Rivas Reyes, se vencieron en diferentes fechas de 2010, pero se ampararon en el referido Decreto Ejecutivo 03-2010 y en el artículo transitorio 201 de la Constitución Política de 1987, que revivieron los diputados del FSLN, con la intención de reforzar la legalidad de la prórroga a los más de 20 funcionarios con cargos vencidos.

“Canal de comunicación con el FSLN”

Por su parte, el diputado opositor Eliseo Núñez Morales manifestó que la Bancada Democrática Nicaragüense, BDN, consultará con la sociedad civil las propuestas de candidatos para los cargos vencidos, pero también “abrirán un canal de comunicación” con el partido de gobierno, FSLN, porque explicó que no tendría sentido plantear propuestas, si no tienen los votos para elegirlos, que solo los tienen los diputados de la bancada FLSN.

Núñez Morales prevé que la Asamblea Nacional haga una nueva convocatoria para la totalidad de los cargos vencidos entre finales de febrero y comienzos de marzo. Aseguró que la propuesta de la BDN nacerá de una consulta que realizarán próximamente con los diversos sectores de la sociedad civil.

Mesa de concertación
Otras organizaciones ciudadanas como la “Mesa de Concertación”, integrada por un grupo de jóvenes, se adelantó a las propuestas y elaboró una lista de candidatos para el CSE, la CSJ, la CGR y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

Algunos de los nombres que mencionan son Cristiana Chamorro, Yalí Molina, Róger Arteaga y Roberto Courtney, entre otros, para el CSE; Noel Vidaurre, Cairo Manuel López y Óscar Castillo, entre otros, para la CSJ; Mauricio Zúñiga, Carlos Fernando Chamorro y Harry Chávez, para la CGR.