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El femicidio fue finalmente tipificado como delito a través del artículo 9 de la Ley Integral de Violencia contra las Mujeres, aprobada ayer por la totalidad de los diputados ante la Asamblea Nacional. Según la nueva legislación, quien cometa el delito de femicidio enfrentará una pena de entre 15 y 20 años de prisión, pero podría llegar a una sanción máxima de 30 años si en el hecho “concurre cualquiera de las circunstancias del delito de asesinato” contemplado en el Código Penal.

La nueva legislación establece que “comete el delito de femicidio el hombre que, en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres diere muerte a una mujer ya sea en el ámbito público o privado...”.

Además, el artículo establece ciertas circunstancias para considerar el femicidio, entre ellas, que el hombre haya perpetrado el hecho “pretendiendo infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima”.

Otras circunstancias
Otras circunstancias para considerar el femicidio es que “mantener en la época en que se perpetre el hecho o haber mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo, relación laboral, educativa o tutela”.

También se deben tomar en cuenta circunstancias como el hecho de que el femicidio sea el resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la víctima; resultado de ritos grupales, de pandillas, usando o no armas de cualquier tipo; además por el menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales, o la comisión de actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de mutilación de igual manera por misoginia o cuando el hecho se cometa en presencia de las hijas o hijos de la víctima.

En lo laboral
El artículo 15 de la nueva legislación establece que se considerará que alguien incurre en el delito de “violencia laboral” “quien impida o limite el ejercicio del derecho al trabajo de las mujeres a través del establecimiento de requisitos referidos a sexo, edad, apariencia física, estado civil, condición de madre o no, sometimiento a exámenes de laboratorio, prueba del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH/Sida) o de otra índole para descartar estado de embarazo, obstaculice o condicione el acceso, salario, ascenso o la estabilidad en el empleo de las mujeres, será sancionado con cien a trescientos días multa”.

La controversia

“Si se trata de una política de empleo de una institución pública o privada, quien ejerza la discriminación, se impondrá la pena máxima”, agrega el artículo 15.

Esta disposición creó controversia cuando el diputado de la Bancada Democrática Nicaragüense, BDN, Edgar Javier Vallejo Fernández, propuso que se estableciera una excepción y que en el caso de las mujeres que trabajan en el sector salud –sean centros públicos o privados-, sí se realizara un examen para enfermedades contagiosas dada la manipulación de medicamentos e instrumentos médicos en su interacción con los pacientes.

A este respecto, el jefe de la bancada del Frente Sandinista, Edwin Castro, reaccionó señalando que eso sería un procedimiento de discriminación hacia la mujer y por lo tanto la propuesta de Vallejo no prosperó.

Por su parte, el diputado Elman Urbina, también de la BDN, propuso que se agregara al final de este artículo 15 que tampoco cabe una condición de tipo política para contratar a una mujer, pero su moción tampoco fue aprobada.

Por lo demás, la Ley Integral de Violencia contra las Mujeres fue aprobada por los 91 legisladores que ayer asistieron a la sesión, la tercera del año y de este nuevo período legislativo.

Victoria costó 800 vidas
Rafael Lara
Sandra Ramos, Directora del Movimiento de Mujeres “María Elena Cuadra”, dijo que la aprobación de la ley no es una victoria total, un paso más y muy importante en la lucha por los derechos humanos de las mujeres, sin embargo, ahora inicia la lucha por que esta ley se cumpla.

“Prácticamente fue aprobada por la mayoría de los legisladores y considero que después de la unión de dos propuestas de ley, se mantuvo el espíritu de la misma. En el caso del Movimiento “MEC” como organización está seguir trabajando, capacitando, educando y creando conciencia sobre los derechos de las mujeres quienes tienen que apropiarse de esta ley, para exigir su aplicación. Para llegar a esta aprobación, en una década tuvieron que morir aproximadamente 800 mujeres nicaragüenses”, remarcó.

Ramos expresó que como mujeres no quieren que las cárceles estén llenas de hombres agresores de mujeres, sino que esto se transforme en una pauta para la reducción de la violencia intrafamiliar y el femicidio, el cual finalmente logró tipificarse como un delito.

Por su parte, la magistrada Alba Luz Ramos, quien preside la Corte Suprema de Justicia, CSJ, destacó que la ley entrará en vigencia 120 días después de su publicación en La Gaceta, diario oficial, sin embargo, subrayó que la CSJ  ya venía trabajando en esto capacitando a jueces y organizando la selección de jueces para los juzgados especiales, lo cual se hará por concurso y tomando en cuenta su vocación.

“Nuestros esfuerzos son para que sea eficiente y no se pierda el espíritu de la ley”, dijo la magistrada.

María Elena Domínguez, de la comisión coordinadora de la Red de Mujeres contra la Violencia, dijo estar satisfecha con lo expuesto en la recién aprobada ley la cual elevó las penas para los agresores y femicidas, también en el tema de trata de personas el castigo abarca a familiares y amigos conocedores, se tipificó el femicidio.