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El analista Oscar Castillo considera perjudicial para el Estado, el país y la propia ciudadanía el hecho de que un funcionario público actúe más por lealtad al Presidente que lo elige, que por el respeto que debe a la Constitución y a las leyes.

¿Qué parámetros toma o debería tomar en cuenta un Presidente al momento de elegir a los miembros de su gabinete?
La Constitución Política señala en el artículo 152 los requisitos para ejercer como Ministro o Viceministro, así como la Ley Orgánica del Banco Central señala en su artículo 16 los requisitos para ser presidente del BCN. En estos textos legales están claramente establecidos esos parámetros que debe respetar el Presidente a la hora de nombrar a estos funcionarios. Sin embargo, no hay que olvidar que hay otros méritos profesionales, técnicos, de experiencia y de notabilidad, de honorabilidad y de honestidad de estos funcionarios que complementan a la ley, y aseguran que el Estado estará en buenas manos. Estos son los parámetros que deben interesar a un Presidente serio y responsable.

¿Se prioriza la lealtad y obediencia sobre la capacidad técnica y eficiencia del nominado al momento de conformar un gabinete?
Casi la mayoría de los presidentes prioriza la lealtad personal o lealtad partidaria. Con este gobierno se ha acentuado como mayor énfasis y reiteración. Aunque los funcionario sean buenos profesionalmente y hayan cumplido con seriedad, honestidad y profesionalismo sus cargos, como es el caso del expresidente del BCN, Antenor Rosales, vemos que el Presidente valora más la lealtad a su partido y la incondicional asunción de órdenes que él dicte, sin importarle qué diga la Constitución o las leyes. Es importante que los funcionarios estén en sus cargos de forma estable, sobre todo cuando éstos cumplen con eficiencia, profesionalismo y honestidad sus cargos.

¿Cree que sea correcto priorizar la lealtad?
No lo es. Debe hacerse una reforma a la Ley del BCN en el sentido de que quien designe al presidente del BCN sea la Asamblea Nacional, para asegurarle independencia a esta entidad. De igual manera el Procurador General de la República, ya que estos son funcionarios para el Estado de Nicaragua y no del gobierno o partido que gobierne. Así se garantiza independencia en estas entidades y transparencia en la gestión de ambas. Si bien los cargos que designe el Presidente deben ser de su confianza, no deben estos funcionarios, en el ejercicio de sus cargos, obviar las leyes solo porque a su jefe (el Presidente) así se le antoje. Los artículos 130 y 153 de la Constitución así lo exigen: “Ningún cargo concede a quien lo ejerce más funciones que las que confieren las Constitución y las leyes; los Ministros, Viceministros, Presidentes o Directores de Entes autónomos son responsables de sus actos de conformidad con la Constitución y las leyes”.

¿Qué consecuencias trae al gobierno y al país el hecho de que un funcionario obedezca al Ejecutivo en relación con acciones que pudieran estar reñidas con la misma ley?
Las consecuencias son graves, ya que las señales ante la sociedad nicaragüense son las de irrespeto a la ley, al Estado de derecho, y, con ello, se genera desconfianza y falta de seguridad jurídica. A nivel internacional, nuestro país reduce la confianza entre los países y organismos que cooperan con Nicaragua; la inversión nacional y extranjera rehuye frente a la inseguridad jurídica y la incertidumbre que genera la alta rotación de funcionarios buenos, como el del BCN que es una institución clave para el manejo de la economía nacional y la política monetaria.