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El Presupuesto General de la República 2012 con la inclusión de una partida de C$84.5 millones para el Banco del Alba, Balba; una iniciativa con trámite de urgencia para reformar la Ley de Estabilidad Energética con el fin de autorizar al Ministerio de Energía y Minas, MEM, y al Instituto Nicaragüense de Energía, INE, a buscar y establecer, conjuntamente, mecanismos de financiación de la tarifa energética; y el decreto de ratificación del nombramiento de Alberto Guevara Obregón como nuevo presidente del Banco Central de Nicaragua, BCN, son los tres principales puntos de la agenda legislativa para esta semana.

Se espera que hoy sea discutido y aprobado el Presupuesto 2012, el cual incluye una controversial asignación de C$84.5 millones para el Balba la que, según el dictamen de mayoría de la Comisión Económica, saldrá de “la reducción de recursos provenientes de la partida de deuda pública interna, en lo que corresponde a sentencias judiciales y otras deudas contingentes”.

La ratificación de Guevara

La agenda legislativa incluye dos iniciativas con trámite de urgencia presentadas por el Presidente de la República la semana pasada, una de ellas es la del nombramiento del nuevo presidente del Banco Central de Nicaragua, BCN, Alberto Guevara Obregón en sustitución del saliente doctor Antenor Rosales Bolaños. El cambio de funcionario ocasionó especulaciones y hasta cierto “nerviosismo” entre los empresarios privados y los inversionistas extranjeros ante un posible giro en las reglas económicas y financieras.

Finalmente y no menos importante, la iniciativa de reforma a la Ley de Estabilidad Energética, Ley 554, con la cual el Ejecutivo pretende autorizar a las instituciones MEM e INE para que busquen financiamiento –nacional o extranjero–, para cubrir posibles incrementos en la tarifa del servicio, sin embargo, algunos analistas alertaron sobre una manera más para endeudar al Estado a través de estos mecanismos.

Mientras que algunos diputados opositores consideran la reforma una manera de “cerrar el círculo” para convertir en deuda pública (deuda del Estado), todo las transacciones que se han venido realizando través de las empresas ligadas al grupo Albanisa y que hasta el momento se consideran compromisos entre privados y en las que el Estado no ha tenido ninguna participación.