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El proceso de integración de Guatemala y República Dominicana a la Corte Centroamericana de Justicia, CCJ, es para el presidente de este organismo, Francisco Darío Lobo, una “prueba” de que la CCJ tiene “credibilidad” y “respeto” en la región, al contrario de lo que quiere hacer pensar Costa Rica.

Darío Lobo reveló ayer en conferencia de prensa, que en sus recientes viajes a estos países, fue recibido por los propios presidentes de Guatemala y República Dominicana, quienes ratificaron la designación de sus magistrados y aseguraron que se pondrían al día con las cuotas de pago.

Palabras de honor

Según Darío Lobo, el presidente guatemalteco, general Otto Pérez Molina, fue claro “dándonos su palabra de honor de que están haciendo los arreglos presupuestarios, para el pago de la cuota a la CCJ, para que lo más pronto posible designe a sus magistrados”.

“Esto es una prueba de que la CCJ sí tiene credibilidad y de que sí está siendo respetada y de que las mentiras y las ofensivas diplomáticas de Costa Rica están fracasando”, agregó.

Luego comentó que el viernes pasado, también fue recibido por el propio presidente de República Dominicana, Leonel Fernández. Para Darío, estos recibimientos presidenciales refuerzan la importancia de este organismo centroamericano, que es cuestionado por el gobierno de Costa Rica.

El conflicto limítrofe

A raíz de que la CCJ admitió una demanda contra Costa Rica, acusando a este país de cometer supuestos delitos contra el medio ambiente en el río San Juan de Nicaragua, surgieron los cuestionamientos del canciller costarricense, Enrique Castillo, porque no reconoce la competencia de la Corte en este caso.

La demanda fue interpuesta por las organizaciones ambientalistas Fundación Nicaragüense de Desarrollo Sostenible y el Fondo Nacional de Reciclaje, por la construcción de una carretera de 120 kilómetros paralela al fronterizo río San Juan, obras que se han ordenado suspender.

Castillo afirmó que la CCJ pretendía “regionalizar” el conflicto bilateral que mantiene Costa Rica y Nicaragua, y alertó que ello pone en riesgo el sistema de integración de la zona.

“La conducta de esa Corte (Centroamericana) arrogándose una responsabilidad frente a un país que no le ha reconocido ni su jurisdicción ni su competencia, es una intromisión intolerable”, dijo Castillo a inicios de este mes.