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Mientras los analistas políticos Gabriel Álvarez y Oscar Castillo cuestionan el proceso que se utilizó para hacer una reforma electoral en una ley que “nada” tiene que ver con lo electoral, el diputado Wálmaro Gutiérrez defiende la iniciativa de la denominada Ley 50-50, diciendo que “el arte de la política no es el arte de lo deseable, sino el arte de lo posible” y el diputado opositor Eliseo Núñez Morales manifestó que respaldaron la reforma porque quieren ir pasando “de un sistema “romano-francés-latino” a un sistema más “anglosajón”

La reforma a la Ley de Municipios, No. 40, fue cuestionada por los juristas y constitucionalistas Gabriel Álvarez y Oscar Castillo, quienes la “desmenuzaron” para explicar que no fue correcto el proceso para hacer una modificación electoral y además consideraron que fue un “regalito con mucho empaque sin mucho adentro” para las mujeres en su día.

Aunque Gabriel Álvarez reconoce que el objetivo de procurar una mayor equidad de género es “absolutamente justo y correcto”, sin embargo, explica, por ejemplo, que las reformas se tuvieron que hacer a la Ley Electoral y al artículo 184 de la Constitución Política.

“La interpretación sistemática de estos dos artículos de la Constitución, arrojan lo que se llama en la doctrina jurídica el principio de reserva de ley, que significa que la materia electoral solo puede ser regulada por la Ley Electoral, que es constitucional”,  explica Álvarez.

Por ello asegura que cuando la Ley de Municipios regula aspectos electorales violenta esta voluntad constitucional.

No hay urgencia

Asimismo, la Constitución Política establece que la materia electoral, por ser ley constitucional no se puede tramitar de “manera urgente”. En el caso de la materia municipal, el constitucionalista recordó que el presidente Daniel Ortega debió justificar que “efectivamente hay una urgencia”.

La reforma a la Ley 40 fue enviada a la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional y pasada a comisión, la cual la modificó sin hacer el proceso de consulta y la envió a plenario”, dijo Álvarez, agregando que este último proceso contradice la Constitución, y el artículo 98 de la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional, porque está establecido que los “trámites de urgencia” deben pasar directamente al Plenario.

“Si se envía a comisión es para hacer los procesos de consulta y dictamen para estudiarlo, no como un mero maquillaje de un procedimiento de urgencia (…)”, expresó Álvarez. 

Los vacíos y oscuros de la reforma

De acuerdo con el artículo primero de la reforma a la Ley 4, el artículo 19 de esta ley ahora establecerá, entre otras cosas, que “en las candidaturas a las concejalías, tanto propietarias como suplentes, las listas presentadas por los partidos políticos o alianzas electorales, deberán estar conformadas por un cincuenta por ciento de mujeres y un cincuenta por ciento de hombres, ordenados de manera equitativa”.

Lo difícil de su aplicación

Según el constitucionalista, esto admite muchas interpretaciones y una de ellas es que de los 153 municipios deberá haber 76 o 77 candidatas a alcaldes, independientemente que en algunos municipios tanto alcaldes como vicealcaldes sean mujeres y en otros ambos sean hombres y ese mismo artículo añade “de modo tal, que el resultado de la elección permita que las mujeres concejalas obtengan la mitad del número de concejalías del gobierno local en cada uno de los municipios”.

“Uno de los objetivos principales de la Ley dice que lo que se persigue es que las mujeres obtengan la mitad de las concejalías en los municipios, eso no puede garantizar la Ley, de hecho no lo hace, porque aunque vayan trenzados un municipio puede quedar perfectamente integrado solo por concejales varones. Esta Ley ni garantiza ni puede garantizar que queden hombres y mujeres porque sería ya institucionalizar el fraude”, advierte Álvarez.

“Frivolidad política”

Manifiesta que esta reforma “es inútil” y que se debe “a la frivolidad política de haberla hecho de manera acelerada para darle su regalo a las mujeres en su día”.

Cuando se propuso la reforma algunos criticaron que otros sectores sociales argumentarían que se les violenta el principio de igualdad.

Considera que “al final nada impide que en los 153 municipios de Nicaragua no haya ni una sola concejal, porque eso dependerá de cuántos partidos participan, de cómo llevan ubicadas a las mujeres en sus listas y cuántos votos obtenga cada partido”.

Doblar esfuerzo

Recordó también que ya existe una Ley de Igualdad de Oportunidades que en su artículo 6, inciso 3 señala que “Los poderes del Estado, sus órganos de administración a nivel nacional, los Gobiernos de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica, las municipalidades y las instituciones de creación constitucional, en la elaboración, planificación y evaluación de las políticas públicas dentro del ámbito de su competencia, designarán o crearán una instancia responsable de coordinar, asesorar y evaluar la aplicación del enfoque de género en la política pública”, por lo cual se preguntó “¿existen estas instancias? Porque ahí está la Ley”.

Esa misma ley en el artículo 10 establece que “los partidos políticos deberán incluir en sus estatutos internos, una disposición que asegure la mayor participación democrática en los procesos de elección de sus autoridades y de candidatos y candidatas para las diferentes elecciones, la participación efectiva y la no discriminación de las mujeres en las instancias de toma de decisiones”.

“Regalitos vacíos”

De acuerdo con Álvarez, “cuando se dictan tantas leyes que en muchos aspectos son reiterativas, es porque en realidad el Estado no está asumiendo sus roles, no está de manera responsable cumpliendo la legalidad y pensando en el ciudadano, en el hombre y la mujer nicaragüense, no para hacer demagogia, ni ofrecer regalitos vacíos de contenido, con mucho empaque sin mucho adentro”.

Los coalcaldes

La reforma afecta además el artículo 34 de la Ley de Municipios, al agregar diez atribuciones al vicealcalde, lo que es considerado por Álvarez como tener “dos coalcaldes” y por lo tanto ambos “son la máxima autoridad administrativa en sus respectivas competencias”.

“Los recursos en los ámbitos que esta reforma a la ley le atribuye al vicealcalde, técnicamente no es correcto que los resuelva el alcalde. Antes lo hacía porque era el superior administrativo en todos los ámbitos materiales de competencia en los municipios”, comenta Álvarez por lo que cuestiona si ahora se separarán los recursos ya que la reforma no explica esto.

Otro de los vacíos, según el constitucionalista, es que se establece que el vicealcalde sustituye al alcalde en ausencia, pero no dice que el alcalde deba sustituir al vicealcalde. “Ante este nuevo diseño qué ocurriría ante una ausencia temporal que pasa con sus competencias”, se pregunta y responde: “en su momento o vas a tener que actuar de facto, al margen de la ley, como se le ocurra a cada municipio”.

¿Y las sanciones?

El constitucionalista hace ver además que la reforma no establece sanciones a los partidos que no cumplan esta “ley desafortunada, populista, irresponsable, frívola y al final inútil”, y añade que el Consejo Supremo Electoral se encuentra vinculado a la Ley Electoral porque en la Constitución Política artículo 170, inciso 6 se detalla entre sus atribuciones “dictar de conformidad con la ley de la materia, las medidas pertinentes para que los procesos electorales se desarrollen en condiciones de plena garantía”.

Además, el Artículo 195 establece que “la reforma de las leyes constitucionales se realizará de acuerdo al procedimiento establecido para la reforma parcial de la Constitución, con la excepción del requisito de las dos legislaturas”.

Ley 40 es “administrativa” no electoral

Por su parte, el jurista Oscar Castillo también reconoció ese “gesto” en el Día de la Mujer, sin embargo, lamentó que no se hiciera a través del “procedimiento adecuado”, porque explicó que la Ley 40 es una ley orgánica que regula el régimen de funcionamiento del municipio.

“Esta ley no es de carácter electoral, es decir, esta ley regula aspectos de carácter financiero, administrativo, de funcionamiento orgánico de los municipios”, aseguró Castillo.

Debió haberlo hecho en la Ley Electoral

En todo caso, el abogado afirmó que el presidente Ortega debió haber hecho esta reforma en la Ley Electoral.

“En primer lugar, porque la composición de candidaturas, de estructuras, en número, sexo o edad, lo determina la Ley Electoral o la Constitución Política como tal. Si bien es cierto la Constitución no establece los requisitos para ser concejales, sino solo para ser alcaldes y vicealcaldes, sin embargo, los requisitos se tienen que incorporar y está bien señalados en la Ley Electoral”, dijo Castillo en alusión a el Capítulo I, “De los Partidos Políticos y las Alianzas Electorales”.

No quiso abrir la “caja de Pandora”

Castillo, además, valoró que si el gobierno hubiese tenido una “genuina” intención, hubiese hecho la reforma en ese apartado de la Ley 331 y, además, “perfectamente” lo hubiesen podido aprobar sin mayor demora, porque tienen los votos necesarios para hacerlo.

“A mí me late que es que con tanto aspecto negativo que su gobierno tiene alrededor de los dos informes, tanto de la Organización de Estados Americanos, OEA, como el de la Unión Europea, que le han insistido en reformar la Ley Electoral, me parece que por tacto político el presidente no quiso abrir la caja de Pandora de la Ley Electoral”, valoró el jurista y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Politécnica, Upoli.

El fin justifica los medios

El diputado del partido de gobierno Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, Wálmaro Gutiérrez, reconoció que lo tenían que haber hecho a través de la Ley Electoral, pero explicó que “las condiciones políticas no están dadas para una reforma electoral que debe abrirse a un consenso nacional”.

“Por lo tanto, el arte de la política no es el arte de lo deseable, es el arte de lo posible”, expresó el diputado.

Un discurso como argumento

Para seguir su defensa, Gutiérrez también dijo que cuando se dice que hacerlo por la Ley 40 no era el procedimiento correcto, “se está queriendo ningunear el verdadero poder de las municipalidades”.

“Y yo creo en el municipalismo, y yo creo en el rol de la mujer en las municipalidades y estoy seguro que en lo que la estructura del Estado nicaragüense madura, vamos a tener condiciones para tener más mujeres ministros, más mujeres magistrados, más mujeres contralores…”, expresó el diputado en defensa de la reforma a la Ley 50-50.

La diputada sandinista Jenny Martínez también aceptó que “hablar en este momento de una reforma a la Ley Electoral, implica mucho consenso entre las bancadas” que no es probable lograr.

“Por lo tanto, tanto la Bancada Democrática Nicaragüense (opositora), como la bancada del Frente Sandinista consideró justa y necesaria incorporar esta reforma a la Ley 40, para poder otorgar esos derechos que ya están contemplados en nuestra Constitución, para garantizar la equidad de género”, dijo la diputada sandinista.

Oposición y su “hermenéutica jurídica”

Por su parte, el diputado opositor de la Bancada Democrática Nicaragüense, Eliseo Núñez Morales, también explicó sus argumentos para aceptar esta ley, a sabiendas que no era el proceso “ideal”.

“Las razones que se expusieron en la comisión fueron valederas, se está queriendo con esto graduar la aplicación de este tipo de políticas, si lo hacíamos en la Ley Electoral se abría la discusión amplia en el país”, manifestó Núñez.

Luego comenzó a argumentar otras “lógicas” jurídicas, para seguir defendiendo su posición de votar a favor de dicha ley.

“El problema aquí es de hermenéutica jurídica, no es un problema de legalidad, la hermenéutica lo que observa es el orden lógico con el que se construye la norma y por eso es que se mira lógico que debe de caer dentro de la Ley Electoral, sin embargo, hay escuelas que no respetan este orden lógico”, dijo al explicar su defensa de no oponerse a la reforma.

Según Núñez, con esta nueva práctica se quiere pasar de un sistema “romano-francés-latino” a un sistema más “anglosajón”, lo cual reconoce va a hacer del sistema nicaragüenses “una mezcla”.