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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, admitió la denuncia del exdirigente de la contra, Maximino Rodríguez, para dar curso a la investigación de la inhibición del Poder Electoral y supuesta violación del Estado de Nicaragua a su derecho a ser candidato de un partido político a cargo público.

El doctor Mauro Ampié, Director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, dijo que la CIDH notificó el curso de la denuncia de Rodríguez, quien estaba postulado a candidato propietario por el departamento de Matagalpa, en la boleta de la Alianza PLI-UNE.

Rodríguez, quien fue inhibido por el Consejo Supremo Electoral, CSE, de participar en esta contienda electoral de noviembre del año pasado, calificó de “aberración jurídica” la decisión de los magistrados electorales de sacarlo de la contienda política, a petición del Partido Liberal Constitucionalista, PLC.

Los argumentos del CSE
Los argumentos del CSE fueron que Rodríguez no había renunciado a su militancia en el PLC y hacía campaña en otro partido, usando los símbolos del PLC.

Para Rodríguez su inhibición fue una “pasada de cuentas”, indicando que está plagada de irregularidades, entre ellas que la inhibición fue aprobada por el Tribunal Electoral fuera del tiempo establecido en el calendario de elecciones para las impugnaciones y cuando la lista de candidatos ya se había publicado en La Gaceta, diario oficial. Así mismo dijo que los estatutos del PLC son muy claros, determinando en su Artículo 18 la autoexclusión, mientras el 28 establece que él que ya no pertenece a la Bancada del PLC ya no es convencional.

Otras peticiones

Ampié destacó que hasta el momento hay cuatro peticiones para la investigación a acciones del Estado en violación a los derechos constitucionales y humanos. Otra petición aprobada es la de Luciano García, por el proceso judicial y fallo en su contra, por supuestas injurias y calumnias a Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua. Un caso pendiente es el de Ana Margarita Vigil, cuya candidatura también inhibida por el CSE.

La petición de Rodríguez, si bien ya no pueden resarcir el daño a su persona, es que el Estado de Nicaragua adopte las medidas legales para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir.

El doctor Ampié señaló que el proceso de la CIDH es solicitar información al Estado de Nicaragua sobre el caso y de ser posible, mediar para que ambas partes encuentren una solución satisfactoria. De no ser así hacen un pronunciamiento y el caso podría pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.