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El Grupo Promotor de las Reformas Electorales, GPRE, y otras organizaciones civiles, en conferencia de prensa ayer insistieron en una serie de demandas para reformar el sistema electoral y rescatar la credibilidad en el Consejo Supremo Electoral, CSE, antes de las elecciones municipales que se realizarán el próximo cuatro de noviembre.

La rueda de prensa estuvo encabezada por un representante del Instituto para el Desarrollo y la Democracia, Ipade, José Somarriba; un representante de Ética y Transparencia, EyT, Juan Carlos Narváez; la presidenta del Movimiento Por Nicaragua, Violeta Granera, y una representante del Movimiento Juvenil Nicaragüita, MJN, Sandra Moncada, quienes hablaron en representación del GPRE, para presentar 10 “demandas de garantías para el proceso electoral 2012”.

José Somarriba dijo que la presentación de esas propuestas “no son un invento del GPRE”, sino el resultado de un análisis al sistema electoral, donde se encontraron “vacíos” que podrían ser llenados con reformas a la Ley Electoral 331.

Cambiar magistrados del CSE
Las demandas son dirigidas a la clase política y como primer punto se plantea el “cambio total” de los actuales magistrados del CSE, “por nombramientos basados en requisitos de imparcialidad, profesionalismo e independencia, para sanear todas las estructuras del Poder Electoral, desde el nivel nacional hasta el local”.

En la conferencia de prensa que se realizó en las instalaciones del Movimiento Juvenil Nicaragüita, Somarriba también explicó que el GPRE pretende influenciar en otros sectores del país para hacerles ver la necesidad de participar en las próximas elecciones, pero no sin antes cambiar a los magistrados del CSE por personas confiables, competentes y que no representen los intereses de algún partido político.

Otra de las demandas es hacer transparentes las elecciones nacionales de 2011 a través de la publicación de los resultados de estos comicios JRV por JRV, “como lo plantea la ley”.

Verificación y acreditación
También exigen la “verificación ciudadana masiva, cinco meses antes de las elecciones, asegurando la acreditación de los fiscales de los partidos políticos y constancias entregadas a los verificados”.

Demandan “acreditar la observación electoral, dando las facilidades que permitan observar todo el proceso electoral, así como eliminar la figura de acompañamiento electoral del reglamento, para este ejercicio ciudadano y reestablecer el término de observación electoral tal y como se dispone en el artículo 10, numeral 8 de la Ley Electoral”.

Según manifestó Violeta Granera, la propuesta recoge las recomendaciones de las organizaciones de observación internacional que estuvieron en Nicaragua en las pasadas elecciones, como son la Organización de Estados Americanos, OEA, y la Unión Europea.

Falta de voluntad política

Granera también dijo que la iniciativa del GPRE demuestra que la sociedad civil hace propuestas. “El problema que ha resultado en este colapso del sistema electoral no obedece a falta de interés de la ciudadanía ni de las organizaciones, sino a la falta de voluntad política, por incorporar las recomendaciones que hace más de cuatro años hemos venido haciendo”, dijo la presidenta del MPN.

Las reformas electorales son una propuesta que se viene haciendo desde 2005, durante los dos últimos períodos del gobierno de Enrique Bolaños Geyer (2002-2007).

El Grupo Promotor de las Reformas Electorales, GPRE, está constituido por 14 organizaciones nacionales, territoriales y locales de la sociedad civil nicaragüense, que “tiene el propósito de debatir, promocionar e incidir en el desarrollo y establecimiento de un Sistema Electoral democrático, inclusivo, transparente y participativo”, según se detalla en el portal electrónico de Ipade.


Exigencia de garantías electorales

1.Independencia del CSE
2.Hacer transparente las elecciones nacionales de 2011
3.Calendario electoral de consenso
4.Aplicación equitativa de la ley en la conformación de estructuras electorales
5.Observación electoral irrestricta
6.Cedulación sin exclusión ni sesgo partidario
7.Depuración del padrón electoral
8.Respeto al derecho de fiscalización de los partidos políticos
9.Respeto a los procedimientos establecidos en la Ley Electoral para el proceso de votación
10.Respeto a la Ley Electoral en la publicación de resultados.