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El presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y obispo de la Diócesis de Chontales, monseñor Sócrates René Sándigo Jirón, dijo que el gobierno de Nicaragua debería de preocuparse por la resolución que emitió el senado en cuanto a la condena del fraude electoral para evitar que se trunquen proyectos en beneficios de la sociedad nicaragüense.

Sándigo Jirón dijo que los obispos de Nicaragua mediante cartas pastorales antes y después de las elecciones municipales y presidenciales habían advertido las consecuencias que podrían traer ante la comunidad internacional el fraude electoral en Nicaragua y que por eso el CEN reiteraba su preocupación al respecto.

“Nosotros los obispos de Nicaragua en nuestras cartas pastorales sobre todo en aquellas que han tenido que ver con las elecciones municipales y nacionales decía que nos preocupaba el hecho que no se había garantizado la voluntad popular”.

Corregir errores
Dijo que para evitar eso, los diversos sectores sobre todo aquellos que tienen responsabilidad con el país, pueden corregir los errores del pasado, pensando en un diálogo donde surjan convenios y determinaciones “que en conjunto nos lleven a dar pasos en la institucionalidad, en el desarrollo económico, en el fortalecimiento de la educación, de la salud, en la vivienda y en el empleo”, recalcó
el prelado.

El obispo considera que un diálogo entre el Frente Sandinista y el Partido Liberal Independiente, PLI, podría ser peligroso por cuanto podría darse un segundo pacto en la nación.

“Creo que todo diálogo cuando no tiene intereses privados cuando no pretende sacar prebendas, cuando no viene a hacer una repartideras de cuotas sino que tiene el propósito de beneficiar a la sociedad”, dijo.

“Estados Unidos tiene derecho de poner condiciones”
El presidente de la Conferencia Episcopal dijo estar de acuerdo con las condiciones que puso el gobierno de Estados Unidos a Nicaragua en cuanto a que el primero no beneficia con el waiver al segundo, hasta que este último país, se preocupe por resolver el problema de las confiscaciones que le hizo a ciudadanos norteamericanos en la década de los 80.

Durante un informe oficial que emitió la Procuraduría General de la República, PGR, existen 64 casos de confiscaciones de propiedades de norteamericanos en proceso de resolver en Nicaragua antes de julio, del corriente año. De no ser así, el país no conseguiría esa prerrogativa que otorga el gobierno de los Estados Unidos y que permite acceder a préstamos multilaterales a Nicaragua, según la misiva.