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“El empleador que respeta la ley y los derechos de los trabajadores no tiene por qué estar preocupado”, es la respuesta que dan representantes de sindicatos de trabajadores a las preocupaciones expuestas por José Adán Aguerri, Presidente del Consejo Superior de la

Empresa Privada, Cosep, relacionadas al dictamen aprobado sobre el proyecto del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social.
Aguerri, en una entrevista otorgada a EL NUEVO DIARIO, consideró que hay seis puntos que resultan inaceptables para el sector privado, ya que representan un cambio radical de las “reglas del juego”, entre ellos, la posibilidad de la proliferación de demandas en contra de los empresarios por parte de los obreros y relacionadas al riesgo laboral y el poco tiempo que tendría una empresa para prepararse ante la queja judicial.

“Uno de los principales objetivos del Código Procesal del Trabajo es darle celeridad al proceso, al final de cuentas los empresarios siempre tienen su asesor de planta, en esa dirección creo que seríamos los trabajadores que estaríamos en desventaja, pero estamos asumiendo el desafío, pues”, aseguró Indalecio González, secretario de organización de la Central Sandinista de Trabajadores, CST, quien consideró que si el empleador respeta las leyes y brinda los artefactos necesarios y adecuados a sus empleados, entonces se evitará demandas y multas.

Interventor puede ser manipulado
El Cosep se opone a la nueva figura del “interventor judicial” en una demanda laboral, porque este se haría cargo de la operación de una empresa y le quitaría el control a los propietarios.

Para Álvaro Leiva, secretario de Asuntos Laborales de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público, Fedetrasep, “la figura del interventor tendrá que ser revisada a fondo, a fin de respetar el equilibrio que debe prevalecer respetando los principios de legalidad, proporcionalidad y transparencia; porque si esta figura no se utiliza de la manera jurídica responsable, entonces podría ser utilizada abusivamente en detrimento de uno de los componentes en las demandas”.

Positivo proteger a trabajadores
Los empresarios se niegan a aceptar la retención migratoria cuando haya de por medio una disputa laboral, pero para González, la medida es correcta porque así se evitaría que algunos empresarios que poseen compañías de papel, dejen burlados y estafados a sus obreros para luego escapar del país.

Aguerri se mostró en desacuerdo con las multas estipuladas y la responsabilidad que le otorgan al empresario en asumir los gastos legales del demandante, en caso que este último tenga la razón. Los sindicalistas coincidieron en que los obreros históricamente han sido abusados por los empresarios y que cuando se enfrentan a estos en los tribunales de justicia, llevan las de perder porque no tienen recursos económicos para contratar defensores legales.