•   Managua, Nicaragua  |
  •  |
  •  |
  • ACAN-EFE

La Asamblea Nacional convocó hoy a la elección de 23 funcionarios públicos de alto rango que concluyeron sus períodos de cinco años en marzo pasado, aunque continúan en sus cargos gracias a un polémico decreto emitido en 2010 por el presidente del país, Daniel Ortega.

El presidente del Parlamento, René Núñez, explicó que la convocatoria es para elegir a cuatro magistrados y 16 conjueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al Fiscal General de la República y al Fiscal general Adjunto, y también al vicesuperintendente de bancos.

El conjuez sustituye a los magistrados de la Corte ante la ausencia de uno de ellos.

El presidente Ortega y los diputados son los únicos habilitados por la ley para proponer a los candidatos y, a partir de este martes, tienen 15 días para enviar sus propuestas oficiales, indicó, por su parte, la primera secretaria del Congreso, la oficialista Alba Palacios.

Para el proceso de elección de los funcionarios, la junta directiva de la Asamblea Nacional creó una Comisión Especial que entrevistará todos los candidatos propuestos.

Esa comisión estará integrada por los sandinistas Raquel Dixon, que la preside, José Figueroa, Jenny Martínez y Venancia Ibarra, y por los opositores Indalecio Rodríguez, Enrique Sáenz y Wilfredo Navarro.

Decreto en 2010

En enero de 2010, Ortega emitió un decreto Ejecutivo para extender el período a magistrados de la Corte Suprema, del Consejo Supremo Electoral, fiscales de cuentas y otros importantes cargos públicos, lo que la oposición consideró ilegal y un "golpe de Estado".

En ese momento, Ortega adujo que el decreto era necesario porque en el Parlamento ni oficialismo ni oposición contaban con el mínimo de 56 votos para elegir a los funcionarios públicos.

Tras las elecciones presidencias de noviembre pasado, el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que dirige Ortega, obtuvo una mayoría de 63 diputados en el Parlamento, de un total de 92, suficientes para elegir a los magistrados judiciales, jueces electorales y otros sin necesidad de aliarse con la oposición, que demanda un diálogo para discutir el tema.