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El Poder Ejecutivo no ha enviado aún a la Asamblea Nacional la nueva iniciativa de reforma a la Ley de Municipios, Ley 40, que “triplicaría” el número de concejales en cada municipio, sin embargo, esa ya ha despertado un intenso debate público, que incluye a legisladores y a diversos representantes en los departamentos del país.

El diputado socialcristiano Agustín Jarquín, aliado del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, defendió la propuesta de más concejales, apelando a una “mayor representatividad” de la población; pero el jefe de la opositora Bancada Democrática Nicaragüense, BDN, Luis Callejas, solo ve mayor control del gobierno central sobre los gobiernos municipales, “violando así la autonomía municipal”.

“Managua tiene un poco más de un millón 800,000 habitantes, según el último censo, ¿vos creés que 80 concejales para este municipio son demasiados?”, respondió Jarquín Anaya cuando EL NUEVO DIARIO le preguntó si no se exagera con la propuesta de aumentar el número de concejales, ya que en el caso del municipio de Managua, esa cifra se cuadruplica, pues pasaría de 19 a 80 concejales.

El pasado lunes, la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo Zambrana, anunció oficialmente que el Ejecutivo trabaja en una iniciativa de reforma a la Ley de Municipios, que pretende aumentar la cantidad de miembros de los concejos, y dijo esperar que la reforma sea aprobada por los diputados antes de los comicios municipales de noviembre próximo.

Aliado insiste en “representatividad”
Siguiendo con el ejemplo de Managua, Jarquín Anaya --que además fue concejal de la capital en el período 1990-1997--, insistió en que con los 80 concejales que se proponen “se garantiza la representatividad” de los distritos capitalinos, y “cada ciudadano tendrá a quién recurrir para reclamar por las mejoras en sus barrios”.  Lo mismo, agregó, debe ocurrir con los demás municipios del país.

Pese a apoyar la propuesta, señaló que una vez que la iniciativa esté oficialmente presentada, deben efectuarse las consultas necesarias y a profundidad. Según Jarquín, no se puede esperar que la reforma sea aprobada antes de las elecciones de noviembre, pero tampoco la descartó, siempre y cuando se logre un estudio a profundidad, se realicen la mayor cantidad de consultas posibles y se logre un consenso con la oposición.

BDN ofrece votar en contra
Sin embargo, el jefe de la BDN, Luis Callejas, no es tan optimista como su colega Agustín Jarquín, y expresó su total rechazo a la propuesta; además, aseguró que su bancada votará en contra de la reforma.

También mostró desconfianza por la celeridad con que el Ejecutivo pretende aprobar la reforma, sobre todo, a poco más de seis meses de los comicios municipales.

“Estamos en un año electoral, todavía no hay un calendario electoral, siguen haciendo cambios y no han hecho los que deberían hacer, como sacar al grupo de delincuentes electorales que están fungiendo como magistrados”, dijo Callejas.

No hay consenso en municipios
Las voces de los municipios donde radica el poder local se sumaron ayer al debate. En Granada, las asociaciones de pobladores manifestaron su desacuerdo con esta propuesta de aumentar la cantidad de concejales en las alcaldías, por considerar que demasiadas personas no lograrían ponerse de acuerdo a lo interno de la municipalidad.

Bernardo Blanco, dirigente comunitario del barrio La Sabaneta, opinó que de concretarse dicha propuesta, a Granada --que actualmente tiene nueve concejales y un alcalde-- le tocarían 35 funcionarios, “una cifra sumamente exagerada”.

“Si en una sesión a veces no logran consensuar los votos para aprobar una iniciativa, no veo cómo se van poner de acuerdo 35 personas.

Los nuevos concejales no van a poder acomodarse en el auditorio de la Alcaldía, porque no van a alcanzar. Me parece que esta situación tiene otro trasfondo: el interés del gobierno de acaparar mayor poder”, dijo Blanco.    

Iván Aguilar, líder comunitario del barrio Guapinol, piensa que la cifra no está de acuerdo con la realidad actual de Granada. “Creo que en vez de producir algo bueno, va a generar un serio problema, no es lo mismo tener diez personas hablando y poniéndose de acuerdo, que tener 35; será un caos”, dijo.

En Rivas no lo ven viable
En Rivas, la propuesta fue catalogada por el coordinador departamental de la coordinadora civil, Octavio Ortega, como un ofrecimiento no viable para las alcaldías, y consideró que más bien se trata de una medida populista, “con la que se pretende dar más plazas de empleo a militantes del partido de gobierno, aunque las dietas de los concejales electos sean más reducidas, porque tendrían el mismo presupuesto, y en el caso de Rivas un concejal pasaría de 9 mil 500 córdobas a 3 mil 166”, manifestó Ortega.

En Matagalpa creen que no abona a la democracia
En Matagalpa, el escritor y periodista Sergio Simpson expresó que esta iniciativa no viene a mejorar en nada la falta de representatividad, porque asegura que los concejales serán “escogidos al dedazo y no por el consenso popular”.

Simpson, quien es un fuerte crítico de las políticas del actual gobierno, agregó que la primera dama cree que van a fortalecer esa democracia que viene de los territorios, sin embargo, la sustentación de ella es en los Consejos del Poder Ciudadano, CPC.

En León lo ven como un gasto
Sectores consultados en la ciudad de León reaccionaron en contra de la anunciada reforma, por el hecho de contar con más de 200,000 habitantes en el municipio, y que podría pasar de 10 a 50 concejales. León se ubica en la categoría “A”, y su presupuesto anual asciende a 233 millones de córdobas.

El pastor evangélico David Obando afirmó que la propuesta significa más gastos para los ciudadanos. “Al aumentar el número de concejales, queramos o no, se necesita de mayor presupuesto en las alcaldías, y esto implica más impuestos para la población”, dijo Obando, tras mencionar que para tomar en cuenta el punto de vista de la población no es necesario incrementar el número de concejales.

Para opacar críticas
Por su lado, el concejal Maynor Tercero Pastora, Presidente de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Alcaldía de León, expresó que el incremento de concejales no es necesario.

“Se trata de una decisión populista, que tiene el objetivo de opacar las críticas y señalamientos de las bases del partido gobernante, que rechaza el dedazo de la pareja presidencial, de la imposición de candidatos en las alcaldías”, aseveró.

En tanto, el líder comarcal de Troilo, en el sector de Sutiaba, Juan Agustín Ruiz, expresó que si 10 concejales no hacen nada y nunca se ponen de acuerdo, mucho menos 50 políticos, “si la señora Murillo apuesta a que la mayoría de concejales serán afines al partido gobernante, entonces tampoco es necesario hacer elecciones”, afirmó.

Estelí: “Sí, pero pensar en mejores candidatos”
En Estelí, el dirigente comunitario Bismark Enrique Alaniz consideró que el presidente Daniel Ortega tiene buenos proyectos para el país, y que si propuso esa iniciativa no es para afectar al pueblo, sino para darle mayor participación.

No obstante, explicó que de ahora en adelante se debe pensar en mejores candidatos, porque no solo en Estelí, sino en otros municipios, hay concejales que poco se preocupan por presentar iniciativas en esos órganos colegiados.

Políticos que adversan al FSLN, como el actual diputado departamental de la Alianza PLI, Raúl Benito Herrera, manifestó que esa iniciativa del presidente solo busca darles trabajo a sus adeptos, y principalmente a los denominados CPC.

“Es absurda”, opina concejal en Chinandega
Pablo Medina, representante de la sociedad civil de Chinandega, aseguró que la propuesta de Rosario Murillo debe ser consultada con los diferentes sectores sociales del país, y no impuesta a través de una reforma a la Ley 40 de Municipios.

Por su parte, el concejal liberal Denis Meléndez calificó de absurda la proposición de Murillo, porque considera que tiene un fin populista y electorero para fortalecerse en las próximas elecciones.

Colaboración de Ingrid Duarte, Lésber Quintero, Francisco Mendoza, Róger Olivas, José Luis González, Máximo Rugama.