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La intención del Ejecutivo de triplicar el número de miembros de los concejos a nivel nacional, “aniquilará a la máxima autoridad municipal”, a la vez que  establecerá “gobiernos locales más caros, más grandes, más lentos, más burocráticos y menos eficientes”.  Con estas dos premisas, los especialistas en temas municipales Silvio Prado y Manuel Ortega Hegg resumen la propuesta que el presidente

Daniel Ortega enviará al Poder Legislativo en los próximos días para su aprobación.
Ortega Hegg va más allá, pues considera que esta reforma es parte de una especie de “Three-Pack” con el que el Frente Sandinista pretende un control sobre los gobiernos locales a través de las leyes.  

El primer punto de ese “paquete de tres”, lo constituye la reforma a la Ley de Municipios recientemente aprobada en el Parlamento, mediante la cual se obliga a los partidos políticos a distribuir 50/50 entre hombres y mujeres las candidaturas a cargos de alcaldes, vicealcaldes y concejales.

Esa reforma, agregó, “debilitó” la figura del Alcalde, al pasarle funciones específicas al Vicealcalde, y, sobre todo, dejó a los Consejos del Poder Ciudadano, CPC, como supervisores del trabajo de las alcaldías.

El segundo punto, dijo Ortega Hegg, es precisamente la moción que el FSLN pretende incluir en el Código de la Familia, según la cual, los Consejos de Familia, Salud y Vida estarán integrados por los miembros de los Consejo del Poder Ciudadano, CPC.  Actualmente el Código de la Familia está en discusión y aprobación en lo particular en la Asamblea Nacional, discusión que se retoma hoy.

El tercer elemento, continuó Ortega Hegg, es esta propuesta de triplicar --y en el caso de Managua, cuadruplicar--, el número de concejales.  Con estos tres elementos, señaló el municipalista, el gobierno, con el FSLN a la cabeza, pretende “ajustar la institucionalidad para consolidar y fortalecer el proyecto político reflejado en el modelo de Poder Ciudadano, es decir, los CPC”.

Según Ortega Hegg, incrementar el número de concejales también “crea la ilusión de más participación y de que se da más poder al ciudadano”, pero, además, es el mecanismo que encontró el Frente Sandinista “para bajar la tensión por los dedazos” en la escogencia de los candidatos a alcaldes y vicealcaldes.

Gobiernos locales inoperantes
Por su parte, Silvio Prado, Vicecoordinador de la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local, mejor conocida como Red Local, considera que a mayor cantidad de concejales, habrá más discusión de los problemas de los ciudadanos, pero un menor consenso en torno a las soluciones, que es lo que demanda la población local.

Al haber menos consenso, agrega Prado, los gobiernos locales se tornarán inoperantes e ineficientes, se volverán “gobiernos más, más grandes, más lentos, más burocráticos y menos eficientes”.

Prado considera que el peligro del incremento en el número de concejales sin una consulta y sin un estudio técnico “serio”, redundará en una “sobre-representación o una subre-presentación” de la población en los concejos.

Ni Prado ni Ortega Hegg se oponen al incremento en sí, del número de concejales pues, incluso, concuerdan con el hecho de que la población en cada municipio va creciendo año con año, y, por tanto, se hace necesario establecer una mejor representatividad de los ciudadanos, sin embargo, insistieron en la necesidad de hacer un “estudio técnico serio” y las consultas necesarias.

Prado, incluso, propuso que si el Frente Sandinista está tan preocupado por la representación y la participación ciudadana, debería promover una reforma que restituya, por ejemplo, las organizaciones por circunscripción popular para las elecciones municipales.

Por otra parte, Prado también advirtió que esta propuesta, aunque se dice que se reformará la Ley de Municipios, conlleva una reforma a la Ley Electoral, pues, según explicó, se deberán modificar los cocientes electorales para distribuir los escaños en los concejos conforme los resultados electorales.

Para Prado, al incrementar el número de concejales se altera la capacidad normativa de los concejos, y, a su vez, se altera su capacidad de máxima autoridad normativa del municipio, lo que al final, altera la capacidad al municipio de dotarse de sus propias normas de gobierno local”.

“Ya se ha demostrado bajo este gobierno y en otros países, que la masificación de los espacios deliberativos no implica más eficiencia ni más funcionalidad.  El caso del Conpes es el más palpable, el Conpes se masificó y al mismo tiempo se le aniquiló, y pregunto: ¿se sabe cuántas sesiones ha hecho el Conpes?, ¿se conocen sus resultados…? No, porque se aniquiló por la vía de la masificación”, explicó Prado.

Red de Desarrollo Local: propuesta es infuncional
Para el coordinador a la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local, Guillermo Íncer, la iniciativa “es buena, en principio, porque desde hace años venimos demandando que se revise el número de concejales”, sin embargo, dijo que la propuesta del Ejecutivo adolece de varios “mitos”, entre ellos, el hecho de afirmar que los nuevos concejales trabajarán con el mismo presupuesto.

Según Íncer, será imposible que más concejales cubran sus necesidades administrativas con un mismo presupuesto, y eso afectará directamente a las alcaldías más pobres del país, pues se incrementarán sus gastos operativos (costos de traslado, alimentación, papelería, etc.).

El otro problema que enfrentarán las alcaldías es de tipo físico, pues tendrán que acondicionar un local más amplio para las sesiones y reuniones de los concejales.  “En una sesión de Concejo no solo se invita al concejal, sino también a la población”, explicó.

El otro tema es de funcionalidad.  Íncer explicó que “es muy difícil que en una sesión del Concejo se llegue a un consenso sobre un tema con una cantidad considerable de concejales, entonces esto se vuelve infuncional porque se llegará a discutir mucho, pero no se logra un consenso ni acuerdo, lo que, a su vez, hace más lenta la toma de decisiones a nivel local”.

Por su parte, Silvio Prado refutó el argumento tanto del diputado aliado del Frente Sandinista, Agustín Jarquín Anaya, como de la primera dama Rosario Murillo, en el sentido de que a más población se requiere de mayor representación en los concejos.

Por ejemplo, en el caso de Managua, la propuesta es a cuadruplicar el número de concejales, y pasar de 19 a 80, considerando --según el diputado Agustín Jarquín-- que Managua tiene una población superior al millón 800,000 habitantes.

Prado le recordó a Jarquín que la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, cuenta con 6 millones 800,000 habitantes, y apenas cuenta con 45 representantes en su Concejo, y en El Salvador existe un promedio de dos concejales por cada 10,000 habitantes en algunos municipios, y, en otros, hasta cinco concejales por cada 100,000 habitantes.