•   Bruselas, Bélgica  |
  •  |
  •  |
  • elnuevodiario.com.ni

Enviado Especial

Brindar una información a los ciudadanos europeos no es algo que esté sujeto al vaivén de los caprichos de un funcionario de las instituciones e instancias que conforman la Unión Europea, UE. Es un principio fundamental que un ciudadano de cualquiera de los 27 Estados miembros de la UE que solicite información acerca de cualquier tema, sea atendido en su petición.

Marc Maes, Subdirector de la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de la Comisión Europea, CE, sostiene que a medida que las instituciones de la UE se han ido consolidando “hay más interferencia de la vida de los ciudadanos europeos” y, por tanto, “los ciudadanos quieren más y más información”.

En entrevista con El Nuevo Diario, Maes esboza cómo funciona el acceso y la disposición de información que atañe a los ciudadanos europeos e, incluso, el hecho de que ningún gobierno puede negarse –a menos que tenga argumentos fuertes para hacerlo-, a que las entidades de la CE entreguen información a quien la solicite.

Respecto de las leyes de acceso a la información, Maes advierte que “una cosa es tener una ley y otra cosa es aplicarla”.

¿Cómo funciona el acceso a la información en las entidades de la Unión Europea?

Las cosas han cambiado bastante desde hace unos 20 años. Desde 1990 en adelante, los ciudadanos europeos están más conscientes de sus derechos y quieren más información de cómo funciona la Unión Europea, que no es un Estado, pero es una organización que tiene más poderes que las Naciones Unidas, por ejemplo. Así que está integrada con instituciones parecidas a un gobierno, pero con poderes un poco distintos.

Durante mucho tiempo, la gente no sabía lo que era la Unión Europea porque las relaciones eran más entre las instituciones europeas y los gobiernos; había poca relación con los ciudadanos, pero con la extensión de poderes de la UE, sobre todo cuando se empezó a trabajar sobre una moneda única, hay más integración en materia de justicia y hay más interferencia de la Unión Europea con la vida de los ciudadanos y por eso los ciudadanos quieren más y más información.

¿Cómo se compagina esa relación ciudadanos-Unión Europea?

Por un lado, hay un derecho de acceso a los documentos de las instituciones que empezó entre 1993 y 1994 y se ha ampliado con cambios en los tratados en 1996, principalmente con el Tratado de Lisboa, así que los ciudadanos tienen más derechos de tener acceso a información y documentos de las instituciones.

Por otro lado, otra cosa que ha cambiado es que antes de hacer propuestas de nueva legislación, las instituciones, sobre todo la Comisión Europea, consulta más al público o a los actores interesados. Además, cada vez se publican más y más las intenciones de nuevas políticas antes de hacer propuestas concretas, hay más diálogo y esto está reforzado en el Tratado de Lisboa con una legislación más explícita.

La evolución de los últimos 20 años se puede caracterizar así: Más acceso a la información y más consulta antes de tomar decisiones.

¿Qué mecanismos puede utilizar el ciudadano común para acceder a esta información?

Hay sitios web en donde hay información pública, hay publicaciones oficiales en el diario oficial de la Unión Europea y también están los sitios web de todas las instituciones y si un ciudadano busca información que no la encuentra y sabe que existe esa información y no está pública, puede hacer una solicitud de acceso a esos documentos mediante una carta, pero también lo puede hacer a través de e-mail y los sitios web hay una herramienta para hacer la solicitud.

¿Cómo funciona este servicio?

Este servicio recibe las solicitudes y los enviamos a los departamentos que son responsables de esta información para que contesten y, en caso de que el ciudadano no tenga respuesta en el plazo de 15 días, que se puede extender por una sola vez hasta 30 días, entonces si no hay respuesta del departamento correspondiente (transporte, infraestructura, medioambiente, etcétera) o si rechazan la solicitud, el ciudadano puede hacer una segunda solicitud que es un tipo de recurso ante el Secretario General de la Comisión Europea.

¿Quién evalúa esta petición en segunda instancia?

Nosotros hacemos una segunda evaluación de la solicitud y a veces confirmamos que esta información no es accesible o decidimos que sí se puede dar acceso y esa segunda decisión de la Comisión es la decisión final.

Pero si el ciudadano aún no está satisfecho, puede ir al Tribunal de Justicia en Luxemburgo a denunciar la decisión de no proporcionarle la información que ha solicitado, o también puede presentar una queja al Ombudsman (defensor del pueblo), en Estrasburgo, Francia que no es una instancia jurídica, pero tiene una autoridad moral, aunque no puede forzar a la Comisión u otra institución para dar acceso, sin embargo, normalmente sus recomendaciones las seguimos porque tienen una autoridad moral.

 

Qué pasa si alguien niega información

¿Hay algún antecedente de que se haya negado una información a algún ciudadano por cualquier motivo o existen motivos para negarle la información a alguien?

El Tratado de Lisboa contiene el principio del acceso mediante algunas restricciones y tiene una serie de condiciones o motivos para rechazar la divulgación de un documento que pueda poner en peligro la seguridad del Estado de uno de los Estados miembros o la protección de la vida privada de una persona; los intereses económicos o comerciales de una empresa, secretos comerciales, por ejemplo, y el derecho de propiedad intelectual.

También se toma en cuenta si divulgar una información pudiera ser perjudicial para una investigación que está pendiente o un proceso judicial. Hay condiciones, así que tenemos que motivar una negación de acceso sobre uno de esos motivos.

¿Qué pasa si el ciudadano, aún con esos motivos, no se siente satisfecho?

El ciudadano puede ir al Tribunal y el Tribunal puede decir que la Comisión no ha motivado suficientemente el rechazo de la solicitud. Ha habido casos en que el Tribunal nos ha dicho que esa motivación no es suficiente y hay que tomar una decisión.

¿Existe algún tipo de sanción para el funcionario que se niegue a entregar esa información?

Sanciones al funcionario no, porque en el Estatuto de los deberes del funcionario hay algunas condiciones generales de funcionamiento, pero normalmente la decisión de brindar acceso o no, es una decisión de la institución y no del funcionario individual.

Si el funcionario, por ejemplo, no ha tratado (tramitado) una solicitud que tiene que tratar, eso es una falta profesional, entonces la Comisión Europea puede sancionarlo por falta profesional, pero la falta hacia el ciudadano, es una falta de la propia institución, no del funcionario.

¿Quién determina cómo o por qué se le negó una información a un ciudadano?

Nosotros. Cuando recibimos un recurso vamos al departamento que ha rechazado la solicitud a investigar por qué se ha rechazado; hacemos un segundo examen de los documentos y analizamos los argumentos del departamento y vemos si tiene razón o no, hacemos una propuesta de nueva decisión que puede ser la confirmación del deniego o, al contrario, damos acceso o un acceso parcial, por ejemplo, ocultando nombres de las personas o empresas.

En estos casos también debemos tener el dictamen jurídico de la Comisión Europea y una vez obtenido, el Secretario General puede firmar la decisión y es también de la institución porque el Secretario General tiene el poder de tomar la decisión en nombre de la Comisión que está integrada por los 27 Estados miembros.

Leyes y cultura

¿En América Latina han capacitado en este tema del acceso a la información, porque, por ejemplo, Nicaragua tiene una Ley de Acceso a la Información Pública, pero no se cumple?

Los países tienen leyes, pero una cosa es tener una ley y otra cosa es aplicarla. Me han comentado que en algunos países hay una ley muy moderna y muy buena, pero que no está fijada, porque es una cuestión de cultura, los funcionarios tienen que acostumbrarse a tratar solicitudes de información.

Me entrevisté una vez con unos funcionarios mexicanos que aplican la Ley de Acceso a la Información en México y me dijeron que algunos ministerios e instituciones son muy cerrados.

Es una lucha para hacer que las instituciones proporcionen la información al público, esto es un proceso a largo plazo y se ha visto aquí también, porque la legislación de la Unión Europea es del 93-94 y era una legislación bastante limitada, fue ampliada en el año 2001, es la que aplicamos actualmente y se va a cambiar el año próximo como consecuencia del Tratado de Lisboa que implica ampliación del derecho de acceso.