•   Bruselas, Bélgica  |
  •  |
  •  |
  • elnuevodiario.com.ni

Enviado Especial

En Europa, por principio, el acceso a la información pública es un derecho ciudadano y un deber del funcionario que tiene bajo su responsabilidad algún tipo de documentación. Este principio fue adoptado por las instituciones de la Unión Europea en lo que hoy se conoce como el Reglamento 1049/2001, aprobado el 30 de mayo de 2001, que regula el acceso a la información que manejan las instancias de la UE, entre ellas, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo.

Este reglamento establece el procedimiento y los lineamientos para que un ciudadano, empresa privada, organismo de la sociedad civil o de cualquier otra índole, solicite acceso a cualquier documentación, sin embargo, esta normativa también contempla algunas restricciones a cierto tipo de información, sobre todo, aquella relacionada a la seguridad pública de uno, o varios de los Estados miembro de la Unión Europea o de las instituciones que conforman la UE.

También hay restricciones en torno a documentación vinculada a temas de defensa, secretos militares, secretos comerciales, además de la protección a los derechos de autor, como lo señala Marc Maes, Subdirector de la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de la Comisión Europea.

Alto índice de acceso

Conforme con el artículo 9 del Reglamento 1049/2001, a toda esa información se le denomina, “documentación sensible” que debe ser registrada como tal una vez que se recibe en cualquiera de las instancias de la UE.

Según el informe del año 2010 sobre aplicación del Reglamento 1049/2001, la Comisión Europea recibió en ese año, 6,127 solicitudes de acceso a documentación en poder de alguna de las instancias de la UE, incluyendo la misma Comisión, el Parlamento y el Consejo. El acceso concedió totalmente en 2010 fue del 82.16% de los casos; en un 12.47% fue negado el acceso, y en un 5.37% se concedió un acceso parcial a la información solicitada.

Acceso no restringido

En cada informe, la UE debe detallar el número de documentación nueva recibida. En 2010, se registraron 18,661 nuevos documentos, sin embargo, ninguno de ellos entró en la clasificación de “documentación sensible” y por tanto, su acceso no debería ser restringido.

En todo caso, cuando un documento o información es restringida, esta caduca a los 30 años, a menos que la instancia de la Unión Europea que lo custodia pida una prórroga del período de restricción. Además, cualquiera de los Estados miembros de la UE puede solicitar la prolongación de esos 30 años cuando considera que su publicación o “desclasificación” puede poner en riesgo los intereses de la UE o del Estado miembro en cuestión.

Alta divulgación

Algunas de las conclusiones del Informe de 2010 citan que “en 2010, se produjo de nuevo un aumento significativo en el volumen de las solicitudes de acceso. Mientras que en 2009 el número se mantuvo al mismo nivel que en el año anterior, aproximadamente 5,000, en 2010 se presentaron más de 6, 000 solicitudes”.

“A pesar de este aumento del 20%, el nivel de divulgación sigue siendo alto: cuatro de cada cinco solicitudes recibieron una respuesta positiva. Es significativo que, en un periodo de diez años, el número de solicitudes de acceso haya pasado de 500 a 6,000 al año. Dado el volumen global de las solicitudes, el número de solicitudes confirmatorias, de quejas ante el Defensor del Pueblo Europeo y de demandas ante el Tribunal sigue siendo muy modesto”, cita el informe en una de sus conclusiones.

Las “solicitudes confirmatorias” se refieren a accesos concedidos en segunda o tercera instancia, es decir, cuando la instancia ante la cual se hace la primera solicitud, rechaza la petición y el ciudadano, empresa u organismo solicitante debe recurrir a segunda y hasta tercera instancia.

“Aun cuando el porcentaje de ciudadanos ha aumentado, la mayor parte de las solicitudes del acceso son efectuadas por el sector académico, las ONG, los grupos de interés y las sociedades de servicios jurídicos”, cita otra de las conclusiones del informe 2010.