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La detención del Magistrado Julio César Osuna Ruiz fue considerado como un caso excepcional y la pregunta que algunos se hacen es si goza o no de inmunidad, luego que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, prorrogara a varios funcionarios en sus cargos.

Para el diputado Eliseo Núñez Morales “aparentemente” el decreto de Ortega no prorrogó la inmunidad de Osuna. “Un magistrado está sujeto a tener inmunidad y en este caso fue simplemente capturado”, dijo.

“Lo que está evitando Ortega con esto es que realmente se haga una investigación pública en el tema de las cédulas. Prefiere esta captura sin pasar por la Asamblea Nacional, para evitar que Osuna, ante una comisión de la Asamblea Nacional, diga los detalles que se han dado adentro del CSE”, añadió Núñez.

Consideró que este caso es una muestra de cómo se pueden manejar los registros civiles de las personas a nivel nacional. “El tema de las reposiciones (de partidas de nacimiento) está muy poco regulado y en este país hay una gran capacidad de crear ciudadanos sin que nazcan en Nicaragua”, sostuvo el legislador.

Grado de corrupción

Roberto Courtney, Director Ejecutivo de Ética y Transparencia, EyT, opinó que esta es una muestra del “grado de corrupción del Consejo Supremo Electoral, CSE, y de sus funcionarios”.

“Es bastante dramático, desde los casos que se conocen de su presidente, ya sabemos que son absolutamente infieles a su mandato constitucional de dar elecciones libres y honestas, saquean el erario público y no hay que sorprenderse que se involucren en actividades delincuenciales. Todo mundo tiene derecho a un juicio justo, pero la presunción de inocencia está erosionada por el comportamiento público que se les ha visto a los miembros del CSE”, afirmó Courtney.

Agregó que la inmunidad, en la mayor parte del mundo, protege de malas decisiones en el ejercicio de un cargo, no de malas decisiones que se toman en el resto de los aspectos de la vida.

Las dos tesis

El constitucionalista Cairo Manuel López consideró que la primera pregunta que se debe de hacer es si Osuna era magistrado o no, “porque el período ya se le había vencido”.

Señaló que se podría pensar que el magistrado no gozaba de inmunidad, porque el decreto presidencial (03-2010) no puede extender un cargo, ya que esa es una función de la Asamblea Nacional, por lo cual, López cree que se pueden dar dos casos.

“Si se adopta la tesis de que no era magistrado por habérsele vencido el período, la Policía Nacional podía detenerlo como puede detener a cualquier ciudadano y dentro de las 48 horas, ponerlo a la orden de los tribunales comunes o ponerlo en libertad; pero sí, por el contrario, se acepta la tesis que es un funcionario con período prorrogado por el decreto presidencial, esta persona gozaba de inmunidad, que está establecida en el artículo 130 de la Constitución y que en el párrafo cuarto establece el procedimiento que mediante la Asamblea Nacional”, explicó López.

Un caso delicado

El ex secretario nacional del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Francisco Aguirre Sacasa, expresó que sus “especulaciones” sobre este caso están referidas a que es un caso delicado.

“El caso de Fariñas, El Palidejo, el asesinato de (Facundo) Cabrales, el enlace que hay entre ellos y el narcotráfico, es delicado”, expresó el también exdiputado.

Además, Aguirre señaló que “en este momento otro tema que es delicado es la imagen del Consejo Supremo Electoral y otra cosa que en el pasado ha sido problemática para Nicaragua, ha sido la emisión de documentos de identidad, incluyendo pasaportes y cédulas a personas que no son nicaragüenses”.

Precisamente por lo delicado del caso, Aguirre considera que las autoridades se hicieron “de la vista gorda” con la detención de Osuna y sobre su condición o no de magistrado y, por ende, de su inmunidad.

“Lo que representa Nicaragua es que todo se hace de una manera ad hoc, es decir no conforme a los procedimientos o a las normas, incluso las legales, pero sí conforme a las necesidades y a las exigencias de un caso. Lo que también demuestra todo esto es que Nicaragua, contrario a lo que mucha gente piensa, está siendo salpicada por el crimen organizado internacional y el tráfico de estupefacientes”, agregó Aguirre.

“Hay que reforzar CGR”

Mientras tanto, el director del Instituto para el Desarrollo y la Democracia, Ipade, Mauricio Zúñiga, dijo que en Nicaragua deberían existir medidas dirigidas a fortalecer el monitoreo de la actividad pública y, en ese sentido, propuso reforzar con recursos a instituciones como la Contraloría General de la República, CGR, para que ejerza un control más efectivo de la función pública.

“He escuchado opiniones de parte del Contralor General de la República (Guillermo Argüello Poessy) en el sentido que tenía muy pocos recursos, estaba casi en bancarrota la Contraloría. Yo creo que es una función de la Asamblea Nacional dotar de los recursos necesarios a estas instituciones, para trabajar en la prevención del delito…”, dijo Zúñiga.

PLC se “desvincula” de Osuna

El Partido Liberal Constitucionalista, PLC, rompió todo vínculo con el magistrado suplente del Consejo Supremo Electoral, CSE, Julio César Osuna, quien alguna vez fue militante liberal e, incluso, es hermano de la actual presidenta de ese partido, María Haydee Osuna.

Julio César Osuna resultó implicado en una “célula de narcotráfico” que desarticuló la Policía Nacional el fin de semana pasado, en la que fue identificado como cooperador directo para tramitar cédulas nicaragüenses a narcotraficantes extranjeros.

Ante este hecho, el secretario de comunicación del PLC, Donald Schiffmann, presentó ayer en conferencia de prensa, un documento fechado del 28 de febrero de 2011, donde el PLC anunciaba que tomaba “distancia de los magistrados liberales del CSE, después de las elecciones de 2008, por mantenerse en un cargo de facto”.

“Si bien es cierto que en su momento (Osuna) fue presentado ante la Asamblea Nacional para que fuera electo magistrado, pero los momentos cambian…”, dijo el representante del PLC, agregando que el partido no va a colaborar con ningún tipo de defensa legal.

Sin embargo, ayer mismo, Mauricio Martínez, abogado personal de Arnoldo Alemán se erigió en defensor del magistrado Julio César Osuna Ruiz.

Ya lo habían expulsado

Tras las elecciones municipales de 2008, el Comité Ejecutivo Nacional, CEN, emitió un pronunciamiento donde el PLC supuestamente expulsó a los magistrados que nombró para el CSE, por permitir que el partido de gobierno Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, se quedara con al menos 40 alcaldías por un presunto “fraude electoral”. Los magistrados liberales “expulsados” fueron Luis Benavides, José Marenco Cardenal, Julio César Osuna y el fallecido René Herrera.

Aún así, Schiffmann dijo que se solidarizan con la familia de Osuna, porque están claros de que la presidenta del PLC es su hermana. El Nuevo Diario intentó hablar con la presidenta del PLC, María Haydee Osuna, pero no contestó su teléfono celular ni tampoco fue localizada en la sede del partido, ubicada en el barrio 3-80.

 

Con colaboración de Miguel Carranza Mena