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El presidente del Consejo Supremo Electoral, CSE, Roberto Rivas Reyes, afirmó ayer que la “actuación individual” de un magistrado no puede afectar la imagen del CSE, en alusión al proceso judicial que enfrenta Julio César Osuna, quien está acusado de tramitar ilegalmente cédulas de identidad para extranjeros narcotraficantes, aprovechando su cargo de magistrado suplente del CSE, del cual ya fue despojado.

Respecto a los “trámites especiales de cédulas”, Rivas explicó que desde hace dos años, el magistrado vicepresidente Emmet Lang y él, “giraron instrucciones” para que no ingresara por ninguna oficina de los magistrados ninguna solicitud de documentos de identidad, precisamente, para que no se hicieran “trámites especiales”.

También el magistrado José Luis Villavicencio descartó que las acusaciones en contra de Osuna sean motivo para renunciar a sus cargos, y en su caso particular planteó que si se hiciera un referéndum para demostrar si la gente quiere que se queden como magistrados del CSE, seguro ganan, dijo.

Villavicencio reconoció que le da “vergüenza” que lo vinculen con el narcotráfico, y expresó que hay que esperar los resultados de las investigaciones de la Policía Nacional.

Por su parte, el magistrado Luis Benavides solo hizo suyas las palabras de Roberto Rivas, para expresar que todas las instituciones son vulnerables al narcotráfico, pero agregó que “todo lo que está en manos de hombres, está sujeto a que alguien pueda cometer un ilícito”.

Benavides se puso a la orden para que lo investiguen, porque “es un hombre que está trabajando conforme” juró ante la Asamblea Nacional.

“Responsabilidad compartida”

Por otra parte, ayer el abogado y exdiputado ante la Asamblea Nacional, José Pallais Arana, dijo que aunque el magistrado Julio César Osuna tiene la responsabilidad directa del trámite ilegal de cédulas, debe existir una “responsabilidad compartida” con los demás magistrados del CSE.

“Si se daban cuenta de que los vehículos iban a Costa Rica, tenían obligación de interrogarse: ¿a qué iban? ¿Por qué iban? ¿Por qué tantos viajes? Sí sabían que se estaban dando trámites especiales y se estaba otorgando cédulas a narcos, y que no es el primer caso este, (pues) hay casos que arrancan desde 2008, 2009, es decir, es una reiteración de una práctica de cobertura, de protección al crimen organizado que se ha querido instalar en Nicaragua”, manifestó el exdiputado y especialista en derecho constitucional.