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El confirmado nombramiento de Marcela Pérez Silva, de origen peruano, como nueva embajadora de Nicaragua en Perú, reavivó el viejo debate acerca de la nacionalidad nicaragüense que deben ostentar las personas que ocuparán este tipo de cargo, de acuerdo con el artículo 152 de la Constitución Política de la República. Además, estas designaciones del Ejecutivo deben pasar por la ratificación de la Asamblea Nacional conforme con el numeral 30 del artículo 138 de la misma Carta Magna.

Para el experto en Derecho Constitucional, Oscar Castillo Guido, habría que aclarar, primero, si Pérez Silva renunció a su nacionalidad peruana y asumió la nicaragüense, de lo contrario, dijo, no sería correcto que una persona no nicaragüense representara a Nicaragua ante otro país, sobre todo cuando la designada es originaria del país receptor.

Convención de Viena

El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional, Jacinto Suárez, tiene una respuesta para cada uno de los señalamientos. En primer lugar, dijo Suárez, la Asamblea Nacional “no está ratificando ningún nombramiento de embajador alguno y nos estamos yendo por la aceptación del país receptor”. Así, recordó el plácet que dio el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, al embajador Francisco Campbell, quien no contó con la ratificación del Legislativo.

En el caso de la nacionalidad de la designada embajadora, Suárez se remitió a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y alegó que este tratado internacional permite que un país “acreditante” designe como “jefe de misión” a una persona que no necesariamente se le dé la misma nacionalidad.

Suárez recordó que en el gobierno del presidente Enrique Bolaños, la viuda del ex jefe contra Enrique Bermúdez Varela fue embajadora de Nicaragua ante República Dominicana y ella ostentaba esa nacionalidad.

El legislador señaló que, para los casos en que el embajador no tiene la misma nacionalidad que el “Estado acreditante”, el “Estado receptor” limita ciertas inmunidades y privilegios al jefe de la misión diplomática.

No fue ratificada en AN

Por su parte, el canciller y exembajador de Nicaragua en Washington, Francisco Xavier Aguirre Sacasa, señaló que, en el caso de Pérez Silva, se obvió el procedimiento establecido en la Constitución referido a la ratificación con el voto calificado de los diputados de la Asamblea Nacional.

Aun más, Aguirre Sacasa considera necesario –en este caso–, verificar si Pérez Silva cumple con las cualidades y calidades para desempeñar el cargo, por lo que criticó la posibilidad de que se haya nombrado a Pérez Silva como embajadora por el simple hecho de ser la viuda del, hasta su muerte, embajador Tomás Borge.

Constitución por encima

Respecto de esta explicación, el jurista Oscar Castillo recordó que la Constitución Política, en su artículo 182 establece que “la Constitución Política es la carta fundamental de la República; las demás leyes están subordinadas a ella. No tendrán valor alguno, las leyes, tratados, decretos, reglamentos, órdenes o disposiciones que se le opongan o alteren sus disposiciones”.

Basado en esta disposición es que debería respetarse el artículo 152 de la misma Constitución, en el cual se establece que “para ser ministro, viceministro, presidente o director de entes autónomos y gubernamentales, embajadores y jefes superiores del Ejército y la Policía se requiere de las siguientes calidades: 1) Ser nacional de Nicaragua. Los que hubieren adquirido otra nacionalidad deberán haber renunciado a ella cuatro años antes de la fecha de su nombramiento”.

Mientras que el artículo 8 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas señala que “los miembros del personal diplomático de la misión habrán de tener, en principio, la nacionalidad del Estado acreditante; los miembros del personal diplomático de la misión no podrán ser elegidos entre personas que tengan la nacionalidad del Estado receptor, excepto con el consentimiento de ese Estado, que podrá retirarlo en cualquier momento”.

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