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Una nueva crisis amenaza al Poder Legislativo luego que ayer, por segunda vez, los diputados liberales rompieron el quórum de ley, obligando al presidente del Parlamento, René Núñez, a suspender la sesión.

Los diputados liberales pretendían someter a discusión una declaración en la que condenan y rechazan la resolución de los magistrados de la Sala Civil Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua, TAM, de impedir la vigencia de la Ley 630 mediante la cual se derogaron los Consejos del Poder Ciudadano, CPC. Núñez se negó a incluir el tema en la agenda y esto provocó la molestia de los liberales.

Liberales se retractan

Pese al incidente de ayer, los diputados liberales se retractaron de sus amenazas de destituir al presidente del Poder Legislativo y elegir una nueva Junta Directiva; sin embargo, sostuvieron la advertencia de paralizar el trabajo parlamentario.

Mediante la declaración, los diputados pretendían desconocer la resolución de la instancia judicial que amparó a quienes recurrieron en contra de la Ley 630, mediante la cual los legisladores derogaron los Consejos del Poder Ciudadano, CPC.

Al no lograr su propósito, los liberales rompieron el quórum de ley para sesionar, que es de 47 diputados presentes, y esto obligó a Núñez a suspender la sesión durante la cual se discutía la Ley de Fomento y Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Mipymes.

Contrario a la posición del miércoles, el diputado del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, y primer secretario del Parlamento, Wilfredo Navarro, no pidió la destitución de Núñez ni de la Junta Directiva para elegir una nueva, sino que prefirió esperar el “curso de los acontecimientos” y presionar por otras vías, como es la suspensión del trabajo legislativo.

Núñez, por su parte, continúa negándose a publicar la Ley 630 que deroga los CPC, argumentando que la resolución de la Sala Civil Dos del TAM se lo impide.

No tenían los votos

El diputado del PLC y presidente de la Comisión de Justicia, José Pallais, dijo que el presidente debió acatar la solicitud de 47 legisladores, quienes firmaron un documento para cambiar la orden del día e incluir la discusión y aprobación de la declaración legislativa; sin embargo, el tercer secretario del Parlamento, Javier Vallejo, señaló que para lograr eso se necesita de 56 votos “que no los tenemos en este momento”.

Luego de leer ante el plenario la declaración, Pallais solicitó su discusión y aprobación inmediata, sin embargo, Núñez pasó el documento a la Primera Secretaría para luego incluirlo en la agenda de la próxima semana. “Todo conforme con el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo”, argumentó Núñez.

La jefa de bancada de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, María Eugenia Sequeira, acusó a Núñez de falta de voluntad para cambiar los temas del día, por lo que los 22 diputados de ALN, junto a los 25 del PLC se retiraron de la sesión.

El jefe de bancada del Frente Sandinista, Edwin Castro, acusó a sus colegas liberales de boicotear la aprobación de la Ley de las Mipymes; los llamó “irresponsables, politiqueros y cabezas calientes”, a la vez que los señaló de “jugar con la necesidad del pueblo nicaragüense”.

Por su parte, el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez defendió la actuación de Núñez argumentando que “el presidente del Parlamento no puede violar el procedimiento que establece la ley”. Incluso, Gutiérrez dijo que aunque se apruebe una declaración de este tipo, Núñez no está obligado a cumplirla “porque no tiene fuerza de ley”.

La declaración de la discordia

La declaración tenía el objetivo de obligar al presidente de la Asamblea Nacional a publicar la Ley 630 y rechazar “el abuso y distorsión que hace el presidente de la República, Daniel Ortega, del Poder Judicial”, en referencia a la resolución del TAM.

“Rechazamos y condenamos enérgicamente la burda manipulación política que se continúa haciendo del Poder Judicial para obstaculizar el ejercicio democrático de las competencias constitucionales de esta Asamblea Nacional”, se lee en el documento.

Agrega que “demandamos al Poder Judicial su actuación en estricto apego a la Constitución y a las leyes de la República y a no dejarse manipular por intereses ostensiblemente partidarios. El pueblo exige su contribución al fortalecimiento del Estado de Derecho.

También “mandatan”

“Mandatamos al Presidente de la Asamblea Nacional a no prestarse a estas manipulaciones y fraudes constitucionales y dé cumplimiento a sus obligaciones institucionales enviando a publicar de manera inmediata la Ley 630 en cualquier medio de divulgación nacional”, dice finalmente la declaración.

Al margen de la declaración legislativa, el primer secretario de la Asamblea Nacional, Wilfredo Navarro, redactó una carta que debían firmar cinco de los siete miembros de la Junta Directiva, para obligar a Núñez a publicar la ley que deroga los CPC, sin embargo, no logró su objetivo.