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Una iniciativa de ley que ya está en manos de los diputados, y una delegación oficial de Nicaragua haciendo la respectiva presentación del megaproyecto en la Conferencia Internacional “Canales Interoceánicos y el Comercio Marítimo Internacional: Pasado, Presente y Futuro”, convocada por la Academia Real de Ciencias Marítimas del Reino de Bélgica, son los dos elementos que marcan el inicio del pretendido Canal Interoceánico en Nicaragua.

El vicecanciller de Nicaragua, Manuel Coronel Kautz, presentará el proyecto hoy viernes y será respaldado por el expresidente del Banco Central y actual asesor presidencial, Francisco Mayorga, y Luis Bárcenas, asesor de las Corporaciones Nacionales del Sector Público.

Sin embargo el gobierno de Nicaragua aún no define la ruta que seguiría el Canal Interoceánico, y el viceministro del Ambiente y Recursos Naturales, Roberto Araquistain, señaló que están contemplando seis, además, proyecta que la obra provocará una afectación ambiental de entre un millón y un millón y medio de hectáreas que incluyen la zona del Canal y las zonas adyacentes.

“Se harán estudios, especialmente ambientales, porque el agua es la vida de este Canal; y si tenemos un ecosistema clave, bien trabajado, conservado, vamos a producir agua suficiente para que podamos hacer el trazo de estos enormes barcos, sin ningún problema”, expresó Araquistain durante su comparecencia en el programa “En Vivo”, del Canal 4.

Ruta es decisión política

El viceministro del Marena reconoció que definir la ruta del Canal “requiere de una decisión política enorme, ya que se tiene que determinar primero la ruta y después cuál va a ser el área de influencia del Canal y el área adyacente que tiene que reunir…”.

Araquistain también señaló la necesidad del manejo correcto y eficiente de los bosques en los terrenos aledaños al área del Canal Interoceánico.

“No es solamente que crezca un bosque y tengamos una gran cobertura, sino manejar el bosque para que produzca las cantidades de agua necesarias”, enfatizó.

Resarcir daños ambientales

Según Araquistain, el megaproyecto contempla reparar los daños que se causen al medio ambiente durante la construcción de la obra.

“Los daños tienen que ser reparados y de una forma no ligera sino con estudios a profundidad que nos permitan poner y recuperar la vegetación nativa que existe en la zona y también recuperar los caudales de agua, recuperar la biodiversidad”, expresó.

Araquistain sugirió que posiblemente se tenga que afectar un área protegida, pero no especificó cuál será, en tanto no se defina la ruta canalera.

No obstante, Araquistain señaló que a la postre el proyecto tendrá un impacto positivo en otras áreas protegidas, pues la generación de empleo en la zona del Canal y las zona adyacentes “elevará el nivel de vida” de los habitantes, impidiendo la depredación de la naturaleza como medio de subsistencia.

Araquistain señaló que aún no están listos los estudios de Impacto Ambiental ni de Gestión Ambiental, los cuales, expresó, se realizarán posteriormente, junto con el estudio que definirá la ruta del Canal.

El reto

El funcionario reconoció que el próximo reto es conseguir los 30,000 millones de dólares que cuesta la obra, y para ello, expresó, ya se hizo una primera presentación “a los japoneses”, quienes habrían expresado su interés en el proyecto, sin embargo no especificó si se refería a inversionistas japoneses o representantes del gobierno nipón.

Araquistain insistió en la necesidad de la construcción del Gran Canal y rechazó la idea de quienes han expresado que el proyecto se ejecutará con el fin de competir con Panamá. Por el contrario, el funcionario señaló que el Canal será con el objetivo de “complementar” el trabajo que se realiza en el Canal de Panamá, y no de competir.

Un reconocimiento y una crítica

En opinión del jurista Óscar Castillo calificó de “excelente” la propuesta de ley presentada por el Ejecutivo, no obstante, observó el hecho de que la ley contemple que Nicaragua deberá tener el 51 por ciento de las acciones de la obra.

“Lo que no veo es por dónde Nicaragua pueda obtener la capacidad económica para dicho proyecto, sobre todo si se dice que el Estado de Nicaragua tendrá el 51 por ciento de las acciones”, expresó Castillo.

Criticó que la Junta Directiva de la Autoridad del Gran Canal, contemplada en la iniciativa de ley, tenga representantes únicamente del Ejecutivo y deje por fuera a representantes de otros Poderes del Estado y de la misma empresa privada.

A juicio de Castillo, “esa Junta Directiva obedecería solamente a los intereses del Ejecutivo, por lo que deben estar otros miembros integrados, por ejemplo, por la Asamblea Nacional un delegado y por la empresa privada otro”.

La Directiva

Según el artículo 9 de la iniciativa de “Ley del Régimen Jurídico del Gran Canal Acuático Interoceánico de Nicaragua (El Gran Canal de Nicaragua) y de Creación de la Institución Rectora, Autoridad del Gran Canal de Nicaragua”, la Autoridad del Gran Canal sería dirigida por una Junta Directiva, la cual estaría integrada por un presidente con rango de ministro; también serían miembros el ministro del Ambiente y Recursos Naturales, en calidad de vicepresidente, y el ministro de Hacienda y Crédito Público, como secretario.

Completarían, con cargos de directores, el delegado presidencial en la Comisión para el Desarrollo del Río San Juan, y el delegado presidencial para la Promoción de Inversiones y Facilitación del Comercio Exterior.

“La Junta Directiva de la Autoridad del Gran Canal de Nicaragua se encargará de aprobar y promover la representación de la Autoridad en sociedades o corporaciones, nacionales o internacionales, ya sean privadas, estatales o mixtas, en que tenga acciones o en que es miembro”, cita el segundo párrafo del artículo 9, y sus miembros serán nombrados por el Presidente de la República y ratificados por la Asamblea Nacional, conforme con el artículo 6 de la iniciativa de ley.

Excanciller Aguirre Sacasa: “Hace falta un mapa”

El excanciller de Nicaragua y expresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional, Francisco Aguirre Sacasa, considera insuficiente la iniciativa presentada por el Ejecutivo, pues a su juicio le falta un mapa que marque la ruta canalera a través del territorio nacional.

“La iniciativa es interesante… El proyecto que está proponiendo el comandante Ortega, de realizarse, le daría un giro positivo a las fortunas de nuestra nación, pero primero se tiene que demostrar su viabilidad a través de los estudios de factibilidad, ingeniería y ambientales”, agregó.

Según Aguirre Sacasa, “para un proyecto tan complejo y ambicioso, estos estudios podrían tomar años en completarse”.

“Y una vez que quedase demostrada su factibilidad, habría que buscar los socios técnicos y financieros --necesariamente extranjeros-- con los conocimientos técnicos, capacidad de ejecución y el músculo financiero para hacer de esta idea una realidad”, explicó.

Además, señaló Aguirre, “el proyecto de ley no identifica la ruta del eventual Canal. Eso ha hecho creer a muchos que sería de San Juan de Nicaragua, siguiendo el Río San Juan, cruzando el Lago Cocibolca y desembocando en Brito. Pero esa no es necesariamente la ruta recomendable”, añadió.

Ley contempla expropiaciones

La iniciativa de ley del Gran Canal de Nicaragua contempla expropiaciones e indemnizaciones, las que serán ejecutadas por la Junta Directiva de la Autoridad del Gran Canal. A continuación algunos de los artículos que seguramente crearán polémica en la Asamblea Nacional.

Artículo 27. Utilidad Pública. Conforme lo dispuesto en el artículo 3 de esta ley, se declaran de utilidad pública para los efectos de su expropiación, según lo establecido en la Constitución Política y la Ley de Expropiación, los bienes inmuebles o derechos sobre dichos inmuebles de propiedad privada o comunal comprendidos en la descripción de la zona geográfica de construcción del Gran Canal de Nicaragua.

Artículo 28. Indemnizaciones. El pago de las indemnizaciones de las áreas a expropiar serán asumidos por el Estado, y su monto deberá ser pagado conforme lo establecido en la ley de la materia, en el plazo estipulado por las partes, en cada uno de los casos, teniendo como plazo máximo diez años.

Artículo 29. Declaratoria. La Autoridad del Gran Canal de Nicaragua será la única entidad pública facultada para hacer las declaraciones de utilidad pública, detallando las áreas afectadas.

Artículo 30. Acuerdos. La Autoridad del Gran Canal de Nicaragua podrá citar a los dueños de las propiedades afectadas, a fin de conseguir un avenimiento. De efectuarse lo convenido se elevará a Escritura Pública y el Testimonio de la misma se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad correspondiente.

Artículo 31. Vía Judicial. En el caso que no hubiere arreglo, la Autoridad del Gran Canal de Nicaragua procederá a entablar el juicio correspondiente conforme a la ley de la materia.