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La débil institucionalidad existente en el país es el principal caldo de cultivo para que el narcotráfico y el crimen organizado puedan penetrar al país, explica el constitucionalista Oscar Castillo, pero también sostiene que es el momento oportuno para examinar cuán vulnerables están las instituciones que conforman el sistema de administración justicia en Nicaragua, y que no se limita al Poder Judicial.

¿Qué hace vulnerable al sistema jurídico nicaragüense?

Hay que verlo desde varias ópticas. La vulnerabilidad del sistema de justicia tiene que ver con un problema de institucionalidad que en los últimos años ha venido experimentando el sistema a partir de que los Poderes del Estado se subordinan al Poder Ejecutivo. Esto provocará una falla en el sistema porque este va a funcionar en función de lo que establezca el Poder al cual están subordinados.

El Artículo 129 de la Constitución establece que los Poderes del Estado funcionan independientemente entre sí, sin embargo, en la práctica estos no se subordinan a la ley, sino a la voluntad del Ejecutivo.

El sistema de justicia necesita ser articulado, tener recursos, leyes, para evitar que en ese sistema operen actos de corrupción; y que sea transparente y responda a los intereses de la institucionalidad y el Estado de Derecho.

El principal argumento de los funcionarios que administran leyes es que estas están diseñadas así y que ellos se ciñen a ellas. ¿Cuánto de cierto es eso?

Si nos ceñimos a la formalidad del espíritu de la ley no dejan de tener razón quienes administran justicia al decir que se apegan a la ley, el problema es que en la aplicación de la ley hay voluntades políticas y humanas y cuando la voluntad política, y en el caso nuestro, partidaria, y a veces económica, son las que influyen en la aplicación de la ley, se dan interpretaciones de interpretaciones.

Si un funcionario judicial me dijera que él aplica la ley en su estricto sentido literal, entonces por qué emite una sentencia que hace una interpretación errónea de un Artículo 147 de la Constitución que es bien claro en su sentido literal.

Lo ideal sería que los jueces aplicaran la ley en estricto sentido a su contenido, pero cuando en el entorno del juez, magistrado o el policía o el fiscal, donde todos forman parte del sistema de justicia, priman más los intereses políticos y partidarios, económicos y a veces extraños, entonces no hay un apego estricto a la ley.

Estas amenazas han subido de tono y de protagonistas. ¿El sistema jurídico nicaragüense estaba preparado para estos tiempos del crimen organizado y el narcotráfico?

Un Estado, al determinar su ordenamiento jurídico, está preparado para enfrentar todo lo que en la vida social, económica y política pueda ocurrirle. Si es así, entonces la premisa es que el sistema está preparado, pero a veces vemos que este funciona distanciado de la ley o no funciona articulado, eso permite que se vaya contaminando de otras cosas que el Estado, o bien no pudo prever o, previéndolas, no puede evitarlas porque es un sistema más fuerte que la corroe.

Por ejemplo, si el tema de la corrupción es más fuerte, entonces el Estado debería actuar con mayor énfasis, pero este fenómeno y su sanidad no depende solo del Estado, también la corrupción viene de la misma sociedad.

¿Cómo?, explique por favor.

Los ciudadanos que vemos en la sociedad y en el Estado una crisis de valores en que la ley no vale nada; vemos que en los Poderes del Estado les vale la ley, entonces ellos actúan como los otros, de alguna manera la sociedad irrespeta la ley, no la cumple. De pronto el ciudadano dice que no paga la luz porque los grandotes no la pagan.

¿Cuáles son los puntos más débiles por donde penetran más rápido los agentes del narcotráfico y el crimen organizado, basados en la experiencia anterior?

Hay varios factores. Una democracia débil es propicia. Las instituciones en una democracia débil se debilitan porque están concentradas en un interés ajeno para lo cual fueron creadas. El crimen organizado y la corrupción como flagelo encuentran un país distraído, concentrado en política, en partidos, entonces la Policía pierde la atención a estos focos.

Las instituciones se convierten también, por lo débil que son, en una vía fácil para impregnarse de la corrupción, y el crimen organizado va allanando el camino; hay situaciones de anarquía, de incumplimiento de la ley, irrespeto a la institucionalidad.

Entonces, en esa confusión, el crimen organizado recluta a funcionarios claves de esas instituciones.

¿Cómo opera una red dentro del sistema con el asunto de los trámites, certificaciones y firmas?

La forma más auténtica para el crimen organizado para legitimar lo ilegal es buscar el alero institucional. Por ejemplo, se inmiscuyen en la política, financian candidaturas, patrocinan actos incluso del Estado. Utiliza el sistema institucional: compra ministros, jueces, magistrados, recluta policías. Cuando en un país su economía resuelve los problemas de pobreza y sus índices son los mínimos, no los máximos, es un terreno viable.

El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han recomendado como una de las causas locales, es decir, cuando evalúa a los Estados, el tema de la corrupción y la delincuencia organizada y detectan problemas como la democracia débil, falta de justicia transparente y problemas de institucionalidad, por consiguiente recomiendan superar esos problemas.

¿Cómo está Nicaragua frente a ese flagelo?

Nicaragua está en una etapa bastante peligrosa. No soy yo quien va a desmentir a la jefa de la Policía, porque es ella quien sabe hasta dónde su cuerpo de seguridad debe estar o no contaminado, pero las señales que la sociedad ve en los ejemplos de los últimos días le hace tener una percepción distinta; y una cosa es lo que se pueda decir, y otra lo que pueda observar la sociedad.

El gobierno y todos los actores involucrados en el sistema de justicia: Ejército, Policía, Sistema Judicial, deberían estar ya reunidos para articular un plan estratégico con visión de nación para hacer un estudio profundo y de conciencia para ver hasta dónde el crimen organizado ha entrado a esas instituciones o hasta dónde están tan débiles las instituciones que las haga vulnerables al flagelo.

Nadie puede decir yo estoy limpio; el asunto es sentarse, porque en la sociedad y en el entorno hay situaciones que permiten creer lo contrario de lo que nosotros creemos de nuestras instituciones.

Los hechos indican que hay personas involucradas en el tema y que funcionaron articulados, a mí como ciudadano me indica que hay una red, pequeña o grande, pero la hay y no lo debería de haber en un Estado como el nuestro que exporta la idea de que somos el país más seguro.

¿Qué hace falta para empujar una revisión?

Voluntad política y una orientación del gobierno expresada en el Poder Ejecutivo. Es preocupante que con lo que pasa en el Consejo Supremo Electoral, con esto de las cédulas vencidas y lo que hacía un magistrado suplente en asuntos que no le competen, el Presidente guarde silencio. Este es un problema de política nacional. El Presidente insistió en que se le aprobara una ley de defensa y seguridad, por lo tanto, ahora debería haber un pronunciamiento oficial y una convocatoria general a los Poderes del Estado, a la sociedad civil, para discutir este tema.

Si en países poderosos como México y Colombia han sido penetrados por el crimen organizado, ¿qué nos lleva a nosotros a creer que por el hecho de decir que somos el país más seguro, que no nos hayan penetrado nuestras instituciones? Hay que hacerlo con una visión positiva y no desde una posición defensiva.

Jueces deben ser independientes

¿Qué papel juegan los jueces?

La función del juez es una de las más difíciles, son colegas abogados que están ahí, seres humanos que a diario tienen que resolver casos de casos, sin embargo tienen que ser más cuidadosos y para ello se necesita independencia.

La lógica de nuestro sistema judicial debería ser que en el sistema, todos los jueces en todos los niveles, haya una independencia en las decisiones que ellos toman, pero el problema es que muchos son nombrados por criterios políticos o selección personal.

¿Cómo deberían ser nombrados?

La Carrera Judicial se ha comenzado a aplicar con las nuevas judicaturas que se han instalado en el país, pero los restantes jueces han sido nombrados por propuestas de magistrados, eso los lleva a obedecer a quienes los nombraron, los famosos padrinazgos, cuando los jueces deberían ser nombrados por oposición, por méritos profesionales.

Con el respeto que se merecen, la mayoría de los jueces están nombrados por esta modalidad, y basta recordar cómo en determinado momento han salido a las calles en defensa de magistrados.

Los jueces tampoco trabajan en las condiciones mínimas laborales para ejercer bien sus funciones como tales.

El sistema de justicia en Nicaragua debería tomar con bastante seriedad este tema y sería interesante no solo ir a investigar a determinado juez. Creo que este es el momento de hacer con los jueces lo mismo que se aplicó a los Registros y que fue anunciado por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia.

¿Qué deben hacer las instituciones de justicia?

Examinarse, no enojarse cuando la sociedad señale a través de los medios dónde no está funcionando bien la justicia y que no la agarren contra los medios, porque estos llevan el sentir de la sociedad, entonces no deben ponerse a la defensiva.

¿Hay que reformar leyes?, ¿cada cuánto tiempo es permisible o adecuado actualizarlas?

Hay que revisar si las actuales leyes son lo suficientemente efectivas para enfrentar una situación como la que estamos viendo. Pasa también por cambiar la percepción de lo que se cree es institucionalidad, porque puede haber las mejores leyes, pero si la corrupción es un eje de vida del sistema, la ley no servirá.

Cuando las instituciones de un Estado son fuertes, la democracia es un principio permanente de defensa del Estado, y la corrupción es un hecho aislado, entonces hay leyes malas, que aunque sean malas hacen el efecto de las buenas.