•   Miami, Florida, Estados Unidos  |
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  • Tomado de ElNuevo Herald

Una familia del exilio nicaragüense en Miami ha intensificado la batalla para que el gobierno en Managua les pague por la propiedad que los sandinistas les confiscaron al triunfo de la revolución en 1979.

Miembros de la familia Solórzano se han puesto en contacto con legisladores cubanoamericanos del sur de la Florida, y han hecho públicos detalles del caso, todo como parte de su larga y hasta ahora infructuosa búsqueda para que se les pague por la propiedad: los Laboratorios Solka S.A.

Fue la primera propiedad en ser confiscada poco después de que los sandinistas consolidaron su poder tras forzar la huida de Anastasio Somoza, según la vocera de la familia Lylle Araya Solórzano, nieta del patriarca de la familia y fundador de Solka, Porfirio Solórzano Bermúdez. Un miembro de la familia Somoza, Isabel Urcuyo de Somoza, tenía 20% de las acciones, luego de que uno de los miembros de la familia Solórzano las puso en venta.

El caso Solka sirve como ejemplo de reclamos similares por parte de decenas, quizá cientos, de otros nicaragüenses exiliados que no han tenido éxito en que el gobierno en Managua les restituya sus propiedades o les pague compensación.

La situación ha llevado a varios exiliados, muchos de los cuales son ahora ciudadanos estadounidenses, a exigir que la Administración del presidente Barack Obama tome cartas en el asunto y le corte la ayuda al gobierno del presidente Daniel Ortega.

Araya dice que su familia no busca ningún corte de ayuda, pero está de acuerdo conque Estados Unidos debe presionar a Ortega a pagar o devolver propiedades.

“Nosotros sabemos que el pueblo de Nicaragua está sufriendo hambre, y por lo tanto no podemos estar a favor de cortar la ayuda”, dijo Araya. “Lo que queremos es que se nos pague. Es por eso que miembros de la familia Solórzano, ciudadanos de este país, recurrimos a los líderes republicanos del sur de la Florida solicitando su colaboración”.

David Rivera, uno de los congresistas contactados por la familia, expresó amplio apoyo a su causa.

“El caso de la familia Solórzano es un ejemplo más de las acciones del gobierno ilegal e ilegítimo de Daniel Ortega en Nicaragua”, dijo Rivera. “Es por esto que debemos continuar trabajando hacia elecciones verdaderamente libres y democráticas, para honrar la voluntad del pueblo de Nicaragua y no la de un dictador violento. Apoyo los esfuerzos de la familia Solórzano en obtener el pago que les debe el gobierno de Nicaragua, y seguiremos asistiéndoles en el caso”.

Un vocero de Marco Rubio dijo que la familia se puso en contacto con la oficina del senador.

El cónsul de Nicaragua en Miami, Luis Martínez, dijo que todos los reclamos son analizados, pero que la revisión es lenta.

“Se están estudiando todos los casos minuciosamente”, dijo Martínez, “pero se tarda el proceso porque se tiene que verificar que los reclamos son auténticos”.

Hasta ahora, Washington ha certificado que Managua está haciendo esfuerzos por restituir propiedades o pagar compensaciones. Anualmente, en julio, el Departamento de Estado emite una declaración en la que anuncia que no va a aplicar sanciones contra Nicaragua a raíz de las confiscaciones, ya que está haciendo esfuerzos adecuados por restituir las propiedades.

Bajo una ley aprobada por el Congreso en 1994, Estados Unidos debe cortar toda ayuda a países que confisquen propiedades de estadounidenses. Pero esa ley permite que el Departamento de Estado emita waivers o dispensas para no cortar la ayuda, si es que el país en cuestión “avanza” en sus esfuerzos por resolver reclamos pendientes.

No se sabe qué hará Washington el mes próximo, pero la embajadora de los Estados Unidos en Nicaragua, Phyllis Powers, indicó recientemente en un discurso en Managua, que era posible que esta vez no se expidan las dispensas anuales porque no se percibe progreso por resolver los reclamos.

“Debo ser honesta con ustedes”, dijo Powers, “las decisiones para el otorgamiento de las dispensas este año van a ser especialmente difíciles”.

Hay cientos de reclamos. Estados Unidos dice que podrían ser más de 300, mientras que Nicaragua insiste que son menos de 200.

La familia Solórzano, a través de Araya, detalló el caso Solka en una serie de entrevistas recientes con El Nuevo Herald, como parte de una estrategia para presionar al gobierno nicaragüense a pagar la compensación prometida.

Araya dijo que inicialmente Nicaragua acordó pagar US$4 millones, cifra que la familia aceptó. Pero el monto nunca fue pagado, y por ende la familia ahora quiere más dinero, aunque no ha determinado aún cuánto sería la nueva cifra.

“Ya han pasado algunos años desde el acuerdo de los US$4 millones y se han acumulado intereses y otros daños y perjuicios”, dijo Araya. “El gobierno sigue haciendo uso comercial de la empresa, vendiendo sus productos a las farmacias”.

Solka fue fundada en 1931 como farmacia en el centro de Managua. Gradualmente fue creciendo gracias a los esfuerzos del fundador, Porfirio Solórzano, que había estudiado química y farmacia en el Colegio de Farmacia y Ciencias en Filadelfia. Araya dijo que su abuelo fue el primer farmacéutico en importar penicilina a Nicaragua.

Porfirio Solórzano murió en 1948, pero sus hijos se hicieron cargo de Solka, que para los años 70 se había transformado en un complejo moderno de laboratorios que exportaba medicamentos a toda Centroamérica. Al crecer, Solka se mudó a instalaciones más grandes en las afueras de Managua.

La madre de Araya, Mireya, la única hija de Porfirio, era una de las accionistas de la empresa.

“Recuerdo de chiquita jugar entre los barriles de medicinas”, dijo Araya. “Por eso es el dolor de la confiscación, del despojo, porque Solka siempre fue un orgullo de la familia, de mi abuela que lloró y sufrió al tener que abandonar Nicaragua y dejar atrás a su Solka, como le decía”.

Al desencadenarse la revolución sandinista, los miembros de la familia Solórzano empezaron a salir de Nicaragua. El día que triunfó la revolución, en julio de 1979, combatientes sandinistas allanaron Solka.

“Cuando dijeron: ganamos la revolución, Solka fue tomada, despojada y saqueada de US$1 millón en medicina terminada”, dijo Araya.

Días después, cuando ya estaba formado el gobierno sandinista en Managua, la confiscación quedó formalizada por decreto emitido por la Junta de Gobierno.

Tras vivir ocho años en Venezuela, Araya vino a Miami donde ya estaban otros miembros de la familia. Luego de que el gobierno sandinista fuese desplazado del poder en las elecciones de 1990, que ganó Violeta Chamorro, el gobierno nicaragüense restituyó parcialmente la empresa a la familia, dividiendo las acciones en 60% a la familia y 40% a los trabajadores que estuvieran dispuestos a comprarlas.

Pero todo se vino abajo de nuevo en 2007, meses después de que Ortega regresara a la presidencia.

Solka fue reconfiscada

“Cuando Daniel Ortega tomó posesión, fue electo en noviembre de 2006, y en enero de 2007 hubo una toma violenta de las instalaciones, donde incluso golpearon y echaron a un ejecutivo”, dijo Araya. “La Procuraduría intervino la empresa con grupos afines al gobierno”.

Un año después, el gobierno de Ortega empezó un proceso de negociación con la familia sobre la compensación. Originalmente, la familia quería US$8 millones, pero en última instancia aceptó la oferta oficial de US$4 millones. La familia todavía espera el pago.