•   Managua, Nicaragua  |
  •  |
  •  |
  • elnuevodiario.com.ni

El director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, Mauro Ampié Vílchez, expresó la urgencia de aprobar una Ley de Indultos en la cual se establezcan clara y definitivamente los parámetros o requisitos que debe cumplir un privado de libertad para tener derecho a este perdón constitucional.

Si bien el artículo 138, numeral 3) establece como una de las atribuciones de la Asamblea Nacional, “conceder amnistía e indulto por su propia iniciativa o por iniciativa del Presidente de la República”, Ampié considera que existe una “excesiva discrecionalidad” por parte de los diputados al otorgar este beneficio a los privados de libertad.

La reacción de Ampié se originó luego de conocer que en la lista de 15 personas incluidas en el dictamen de indultos que firmaron recientemente, por unanimidad, los miembros de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, figuran varios privados de libertad que cumplen condenas por asesinato y homicidio, y que ninguno cumple con el requisito de las dos terceras partes de la pena cumplida.

Por qué los indultos

“Por eso que desde el Cenidh hemos estado insistiendo en la necesidad de regular la institución del indulto”, expresó Ampié quien agregó que “el indulto debe existir por distintas motivaciones, algunas de ellas referidas a la conducta, al cumplimiento de la pena y a la gravedad del delito, es decir, que para delitos menos graves, el indulto es aceptable”.

Ampié insistió en que para delitos de asesinato, homicidio y narcotráfico, por ejemplo, el perdón debería tener un tipo de restricción o, en última instancia, no permitirse el indulto para personas que estén involucradas en este tipo de ilícitos.

Víctimas en el desamparo

El director ejecutivo del Cenidh recordó que en ocasiones anteriores, los familiares de las víctimas se presentan ante este organismo de derechos humanos a “intentar frenar” por la vía de la denuncia, “iniciativas de esta naturaleza, cuando se trata de casos graves como el asesinato”.

Ampié insistió en que el indulto “merece una regulación”. “Es el propio legislador el que va a dictar la manera en que va a implementarla. La Ley Orgánica del Poder Legislativo, cuando era apenas una iniciativa, incluía unas pautas para conceder el indulto, y a la hora de discutirla y aprobarla, no se tomaron en cuenta esas disposiciones”, explicó.

En ese proyecto de ley, recordó Ampié, “se sentaban las pautas para el proceso de consulta, el dictamen, quiénes podían solicitar el indulto y a quiénes no les correspondía ser beneficiados con el indulto, entre ellos (los condenados por) asesinato, el tráfico de estupefacientes, la violación, el tráfico de armas y el terrorismo”.

El funcionario del Cenidh señaló que en el proceso de indulto “siempre está en juego la libertad del privado de libertad, y el derecho de los familiares de las víctimas a que esa persona responsable de un delito cumpla con su pena”.

Necesidad de regular

Ampié hizo hincapié en que la Asamblea Nacional debe plantearse un “control intraorgánico”, es decir, que “el mismo órgano --en este caso la Asamblea Nacional--, debe controlar sus actos”.

“Debe evitarse la discrecionalidad de un presidente de una comisión, de los diputados que integran una comisión y de los mismos asesores que trabajan para las comisiones, porque la discrecionalidad no abona a la certeza que debemos tener como conglomerado social, de que quienes merecen el indulto son quienes han sido beneficiados con esta medida”, reiteró.