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Los miembros de la Unión Ciudadana por la Democracia, UCD, consideran que con la Ley de Unidad de Análisis Financiero, UAF, el gobierno tiene amplia libertad para controlar a todos ciudadanos, pero siendo el Presidente de Nicaragua quien dirige esta entidad, tiene el desafío de demostrar que sí puede hacer transparentes temas como el de la cooperación venezolana.

“Como esta unidad va a estar controlada, adscrita a la Presidencia, no investigará donde debería hacerlo, en este caso, en la cooperación venezolana”, manifestó Julio Icaza Gallard, miembro de la UCD.

Icaza agregó que esta ley puede ser utilizada para “perseguir” y “meter en problemas a cualquier persona que consideren enemigo del partido de gobierno.

El ratón cuidando el queso

Azahalea Solís, quien también es miembro de la UCD, cuestionó que no existe ningún documento de convenio con el gobierno de Venezuela, para recibir la cooperación venezolana.

“¿Dónde está el documento de convenio para recibir los fondos venezolanos? No existe, entonces eso que no existe en la práctica, entonces es el ratón cuidando el queso”, explicó Solís.

El analista político y miembro de la UCD, Carlos Tünnermann Bernheim, opinó que si la intención de la ley UAF es atraer la inversión, ocurrirá todo lo contrario, porque “atenta contra las garantías ciudadanas y la libertad de empresa”.

Aun así, los miembros de la UAF dejaron claro que en todo país es necesario tener los elementos legales para perseguir el narcotráfico y el lavado de dinero, etcétera, pero que no atente contra los derechos ciudadanos.

Caso de Cinco

El Movimiento Por Nicaragua, MPN, dirigido por Violeta Granera, advirtió el martes a la ciudadanía, que la intencionalidad de la Ley UAF “no es un hecho aislado, sino una expresión más, ahora en el ámbito económico”.

El MPN también recordó que sin existir esta Ley, se ordenó el allanamiento ilegal de las oficinas del Centro de la Comunicación, CINCO, y del Movimiento Autónomo de Mujeres, MAM, bajo la acusación de lavado de dinero, y en clara violación a los derechos humanos, a la Constitución y al debido proceso de un Estado de Derecho.

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