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Un estudio realizado por el Movimiento Juvenil Nicaragüita, MJN, indica que “Nicaragua tiene un marco jurídico muy amplio para promover el desarrollo de la juventud”, sin embargo, estos proyectos no tienen inversión que los haga prácticos.

Basados en el estudio, los jóvenes dudan de que el gobierno se interese por invertir en la juventud, la cual representa en Nicaragua más del 70% de la población, cuando entidades gubernamentales como el Instituto Nicaragüense de la Juventud, Injuve, entre 2009 y 2011 solo logró beneficiar a 3,000 o 5,000 jóvenes, sabiendo que al mercado laboral entran al año entre 80,000 y 100,000 jóvenes.

El sitio oficial del Injuve indica que, “en los últimos años, Nicaragua ha sido escenario de iniciativas innovadoras que han contribuido al desarrollo de capacidades nacionales, mejorando las oportunidades de empleo y autoempleo de personas jóvenes, como es el caso del Programa Conjunto de Juventud, Empleo y Migración, PCJEM, el cual atiende a 2,900 jóvenes, quienes han recibido formación técnica ocupacional, y que en este momento se encuentran en la fase de emprendedurismo, cuya meta es formar 10 cooperativas y 180 empresas juveniles lideradas por 1,500 jóvenes de entre 15 y 24 años, de 11 municipios del país”.

Las páginas oficiales del gobierno muestran casi diariamente promoción e inclusión de la juventud, sin embargo, la realidad que vive la mayoría de los jóvenes que no alcanza los beneficios gubernamentales, se contradice con lo que predica “el pueblo presidente”.

Temas de la investigación

La investigación del MJN se centra en educación, empleo y participación ciudadana, temas que fueron “elegidos debido a que están vinculados entre sí, y para que el Estado tome un papel preponderante en incentivar la inclusión de las juventudes en esos tres ámbitos a través de las políticas públicas”, según detalla en el informe de la investigación.

Donald Muñoz, miembro del Movimiento Juvenil Nicaragüita, MJN, y quien realizó el estudio con Nadine Metzner, asegura que cuando se calcula la inversión anual en entidades como el Injuve, se obtienen cifras de 0.0001%.

Sin inversión no hay cumplimiento de las leyes

Muñoz insistió en que de 2002 hasta la fecha ha habido “un avance significativo en términos legislativos, que permiten a los jóvenes tener una garantía para que se les cumplan sus derechos”, pero mientras las leyes no tengan inversión no se van a cumplir los objetivos.

En el caso específico del Injuve, el estudio detalla que esta entidad es responsable del seguimiento y monitoreo de la juventud, “pero no muestra esa función ni muestra voluntad para cumplir con el marco jurídico, pues más que políticas públicas ha promovido programas gubernamentales que no reciben el apoyo financiero necesario para que sean integrales y efectivos”.

También cuestionan que las leyes que se crean no toman en cuenta las particularidades de los pueblos indígenas y de las comunidades étnicas.

Enfoque del “mestizo que vive en el Pacífico”

En ese sentido, el estudio afirma que “las juventudes del Caribe no fueron consultadas en el proceso de la elaboración del marco jurídico de juventud”. Incluso, presentan el testimonio del primer vocal dentro del Gobierno Comunal Creole de Bluefields, George Enríquez, quien asegura que el marco jurídico fue hecho con un enfoque del “mestizo nacional que vive en el Pacífico”.

Según Muñoz, con este análisis “real” del presupuesto se demuestra que la inversión en la juventud es falsa.

“Están presionando a los jóvenes y les dicen: ‘Jóvenes involúcrense, jóvenes participen como ciudadanos, jóvenes ejerzan sus derechos y realmente contribuyan al desarrollo de su país’… pero eso es una falsedad. ¿Cómo pueden decirle a una joven que se desarrolle cuando lo que está tratando de hacer es sobrevivir y conseguir el pan de cada día?”, expresó Muñoz.

La alemana Nadine Metzner, quien realizó el estudio con Muñoz, en colaboración técnica, detalló que el estudio fue financiado por la Unión Europea, Oxfam, la Bicu en Bluefields, y como apoyo técnico la cooperación alemana, y que la juventud en Nicaragua es excluida de los principales ámbitos de la vida, del empleo y de la participación.

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