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Aún no se construye, y ya la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua analizan quién estará a cargo de la seguridad en la zona del Canal Interoceánico, al menos en palabras de los representantes de esas instituciones, quienes ayer expresaron sus opiniones respecto del anteproyecto de ley que se consulta en la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional.

Mientras el representante del Ejército de Nicaragua, general Leonel Gutiérrez López, considera que cuando en la propuesta de ley se hable de la “Policía Marítima”, se debe entender que se refiere a la Fuerza Naval del cuerpo castrense, el comisionado mayor Jaime Vanegas, jefe de la División de Asesoría Legal de la Policía Nacional, expresó que la institución policial “asume el compromiso de garantizar el orden interno, la seguridad ciudadana, la prevención y persecución del delito en toda la zona del Canal y en todo el proyecto, desde su ejecución hasta su total funcionamiento”.

Marco legal establecido

“Hemos expresado que esta ley (de Régimen Jurídico del Gran Canal Interoceánico Acuático de Nicaragua), debe estar en correspondencia con otras leyes que ya existen en nuestro país referidas a los espacios marítimos, la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Régimen Jurídico de Fronteras y la Ley de Seguridad Nacional”, expresó el general Gutiérrez.

Particularmente, Gutiérrez enfatizó en que debe quedar claro lo referido “al ejercicio de la seguridad marítima”, y, en ello, que “la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua tiene la competencia y atribuciones de Policía Marítima, y que, por tanto, todo el proyecto de ley se corresponda con lo que ya la legislación ha venido regulando”.

Gutiérrez insistió en que la Ley de Transporte Acuático también dispone que “la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua es una Policía Marítima, y lo que nosotros planteamos es que ese concepto en esta ley (del Gran Canal) debe tratar de incorporarse”.

“Todo objetivo de carácter estratégico, en base a un interés supremo nacional, lo vamos a defender, porque parte de nuestra labor y competencia…”, enfatizó el mando militar.

También la Policía

Por su parte, el jefe de Asesoría Legal de la Policía Nacional, comisionado mayor Jaime Vanegas, señaló que esta institución deberá tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad en la zona del canal, incluyendo la disposición de estructuras policiales “a todo lo largo del canal”, lo cual, enfatizó, “sería una especialidad más de la Policía”.

“Recientemente, el comandante Ortega creó la Dirección de Seguridad de Fronteras, la Policía Turística, y, por tanto, tendría que establecerse delegaciones a todo lo largo del canal”, reiteró.

Tanto el jefe militar como su homólogo policial insistieron por separado en arrogarse para sí la seguridad del futuro Canal Interoceánico, algo que no está claramente definido en la iniciativa de ley que envió el presidente Daniel Ortega a la Asamblea Nacional.

¿Qué hacer?

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Infraestructura, Jenny Martínez, expresó que el principal objetivo de la Ley “es crear la Autoridad del Gran Canal”, y que el tema de operación es algo que deberá analizarse posteriormente.

“Ahorita queremos establecer términos de seguridad y de defensa, de manera general. Quien está encargado de esto es la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, eso es en el concepto lo que se quiere plantear en esta ley”, señaló.

En concordancia con lo expresado por el general Gutiérrez respecto a la Fuerza Naval y a su desempeño como “Policía Marítima”, Martínez señaló que la Ley de Transporte Acuático establece esta figura, y que, “obviamente, se refiere a la Fuerza Naval y a la Autoridad Marítima, que es coordinada con la Dirección General de Transporte Acuático, pero eso es general y no podemos meternos a especificar quién va a estar a cargo de esa operación específica cuando esté operando el canal”.

“Estamos tomando en consideración todos los aportes, y posteriormente la Comisión, una vez terminadas las consultas, vamos a analizar todas las propuestas y así dictaminar esta iniciativa”, señaló Martínez, a la vez que agregó que el dictamen podría estar listo el próximo martes, e incorporarlo en la agenda antes del receso parlamentario de medio año.

Indígenas reclaman espacio

El presidente de la Comisión de Asuntos Étnicos, Regímenes Autonómicos y Comunidades Indígenas, Brooklin Rivera Bryan, dijo ayer que debería incluirse a un representante de los pueblos indígenas del Caribe Sur en la Junta Directiva de la Autoridad del Gran Canal, considerando que se afectará unos 4,000 kilómetros cuadrados de territorio indígena.

Según Rivera, en esa vasta zona habitan nueve comunidades indígenas que representan una población aproximada de 2,000 personas, sin embargo, pese a lo poca población que se afectaría con el megaproyecto, el territorio es amplio, y por ello --insistió-- debería incluirse a un representante de estos pueblos en la Junta Directiva de la Autoridad del Gran Canal.

Por su parte, Kamilo Lara, Presidente del Fondo Nacional de Reciclaje, Fonare-SOS, consideró que la iniciativa de Ley tiene muchos vacíos respecto a la protección del medioambiente, sobre todo, en lo referido a la mitigación y recuperación del territorio que se afectará; además de que no se establece una categoría respecto a si será un área protegida o no.

“Es necesario puntualizar la gestión de riesgo. Hablamos del impacto en un millón de hectáreas (de territorio), por lo cual debe establecerse un área protegida especial para este tipo de manejo y categoría”, expresó Lara.

Agregó que en el área donde se construirá el Canal existen 21 ecosistemas que se verán afectados, y en el anteproyecto de ley, señaló, no se establece claramente un plan de mitigación y de recuperación del medioambiente. Para ello, agregó, debe señalarse en la Ley la necesidad de un estudio de impacto ambiental y un estudio de impacto estratégico que, dijo, son dos asuntos diferentes.

 

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