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Las coincidencias existen, y solo una en un millón puede ser tan idéntica, como para que dos ciudadanas tengan los mismos nombres y apellidos, nazcan en la misma fecha, e incluso sus padres tengan nombres similares. El colmo es que la institución encargada de la identificación ciudadana diga que estás usurpando la identidad de otra persona.

Este es el caso de Madai Yeret Herrera Hernández, nacida el 14 de julio de 1987. Ella tramitó y obtuvo su cédula en 2007, pero al estropeársele a inicios de este año pidió a su delegación la reposición, para encontrarse la gran sorpresa de que ni la fotografía ni la dirección eran las suyas.

¿Usurpadora?

Ella reclamó, y a pesar de que la segunda cédula fue emitida hasta en 2010, en el Consejo Supremo Electoral, CSE, marcaron a la demandante como “usurpadora”, antes de hacer una investigación del caso, y solo le dijeron que la llamarían luego. Han pasado más de cinco meses y todavía espera una solución del CSE, según dijo Herrera, cuando denunció el caso en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh.

“Esperé, y como nunca me llamaron regresé, pero lo único que dicen es que no tienen más información, y que cuando tuvieran algo se comunicarían conmigo. Tengo meses con esto, y necesito mi cédula para hacer varios trámites personales”, dijo Herrera.

La cédula del conflicto
Ambas cédulas tienen los mismos nombres y apellidos, algo que no es improbable, pero extrañamente también tienen el mismo código: 001-140787-0044T.

Difieren la foto y la fecha de emisión y de vencimiento: la primera es válida desde el 12-06-2007 y vence en 2012, la dirección es en el barrio Ducualí, actual domicilio de la denunciante.

La segunda cédula es válida desde el 25-06-2010 con vencimiento en 2020, y la dirección que presenta es Ciudad Sandino, Zona Ocho.

Las firmas son diferentes, pero los nombres son idénticos, según mostraron ambas ciudadanas sus partidas de nacimiento. El nombre Madai fue tomado de la Biblia, de una de las nietas de Noé. Otra diferencia, aunque no aparece en la cédula, es que la denunciante nació en el Hospital “Fernando Vélez Paiz”, y la otra en el Hospital “Bertha Calderón”.

Aunque tampoco aparece en el documento de identidad, otra similitud es que la madre de una de las jovencitas tiene por nombre Clarisa del Socorro Hernández de Herrera, mientras la otra es Clarisa del Socorro Hernández García.

El caso salió a la luz pública cuando la denunciante necesitó reponer su cédula porque se le dañó, pero lo que le entregaron fue una cédula con otra foto, otra dirección, otra firma, otra fecha de vencimiento, aunque con su nombre y su mismo código.

Lo que ocurrió fue que hace algunos meses, una persona que tiene su mismo nombre y que nació el mismo día que ella, pero con domicilio en Ciudad Sandino, solicitó por primera vez su cédula, sin embargo, el CSE en vez de extender otro código, le extendió la cédula de Herrera (la denunciante)

Cuando Madai Yeret, de Ciudad Sandino, recibió una cédula que tenía su nombre, apareció otra foto y otro domicilio (el barrio Ducualí), llevó a un abogado para rectificar el “error” sobre el mismo código, eliminando legalmente a la Madai de Ducualí.

La otra Madai
La mamá de Madai (de Ciudad Sandino) tiene a la mano todos los documentos que demuestran la identidad de su hija: certificados de salud, de preescolar, de primaria, de secundaria, diplomas de bachillerato, estudios técnicos, universitarios en la carrera Administración de Turismo y Hotelería, y, finalmente, su respectiva partida de nacimiento, donde se indica que su nombre también es “Madai Yeret Herrera Hernández”, y nació el 14 de julio de 1987, igual que Madai Yeret, del barrio Ducualí.

Pero Madai Yeret, de Ducualí, es ama de casa, tiene dos hijos y no puede pagar un abogado diligente para demostrar que quienes se equivocaron fueron los funcionarios de cedulación, y así revertir que le cedieran su código a su “tocaya” de Ciudad Sandino.

El Nuevo Diario intentó obtener una explicación del CSE, para saber qué tratamiento se le da a este tipo de situaciones. A través del director de prensa de esa institución, Félix Navarrete, se intentó obtener la versión de algún técnico de cedulación. El martes de la semana pasada El Nuevo Diario habló con Navarrete por teléfono, se le explicó el caso, y él solicitó que se le enviara la explicación por correo electrónico, sin embargo, no hubo respuesta.

Cedulación no verificó error y cometió otro

Lucilen Amador, abogada del Cenidh, señaló que el Consejo Supremo Electoral, CSE, tiene que dar una respuesta adecuada a este caso, porque existe un mandato constitucional que determina el derecho a la personalidad y capacidad jurídica, pero también la Declaración Universal de Derechos Humanos estipula el derecho a un nombre y a una nacionalidad.

Destacó que acompañaron a la denunciante hasta su delegación del CSE para respaldarla por la falta de acción, aunque las autoridades están en la obligación de dar una respuesta al problema, y encontrar una solución que permita a ambas personas tener su documento de identidad.

No tenían que llamarla “usurpadora”
El funcionario del CSE, Tomás Carcache, alegó que todo hace indicar que hubo un error, y en estos momentos están en la fase final de la investigación del caso, por lo cual pronto darán una respuesta. Asimismo, agregó Amador, no había criterio firme para la calificación de “usurpadora”, como se llamó a una de las reclamantes.

El especialista en temas electorales y miembro del Grupo Promotor de las Reformas Electorales, GPRE, José Somarriba, manifestó que este es un error de procedimiento que no es para que se “caiga el mundo”, porque lo que se hace en estos casos es una “simple reelaboración”, sin embargo, considera que la falta de personal profesional y técnico en el Consejo Supremo Electoral, CSE, causa retrasos en los cambios de los errores registrales.

A Somarriba ni siquiera le sorprendió el hecho de que haya dos personas con tantas coincidencias en sus datos personales, porque explica que es un fenómeno común en un departamento con millones de habitantes, donde incluso existen otras coincidencias de nombres y de datos que generan problemas más graves.

Se resuelve con reelaboración de cédula
Sin embargo, sostiene, el problema está en la falta de efectividad del CSE para resolver esta situación, porque en todo caso se trataría de una reelaboración de cédula. En ese sentido, su recomendación es que se les asigne otros números de cédula a ambas personas para evitar más conflictos.

Somarriba afirmó que el origen de estos problemas se debe a la manera partidaria en que se asigna a los responsables de las áreas técnicas. “No ponen gente por ser profesional o por ser técnica en estos temas, sino porque es gente miembro de un partido o por la afinidad con los miembros del partido”, señaló.

Por su parte, el presidente del Consejo Electoral Departamental, CED, de Managua, Julio Orozco Molinares, fue consultado ayer sobre este caso, y también planteó que la medida que se debe tomar es eliminar el código existente que han usado las dos personas y emitir dos nuevos, uno para cada una.

Además, dijo que este proceso de corrección tendría que tardar al menos 15 días, sin embargo, Madai Yeret Herrera, de Ducualí, lleva más de cinco meses solicitando que le corrijan el error.

Antecedentes de cuestionamientos al CSE sobre la cedulación
--Hace más de dos años, El Nuevo Diario publicó tres entregas de una investigación periodística que demostró que el personal de las oficinas del CSE tramitaban cédulas de identidad a menores con fines de proxenetismo.

--Actualmente existe un juicio contra un exmagistrado suplente del CSE, Julio César Osuna Rivas, acusado de ser parte de una estructura del crimen internacional, liderada por el narcotraficante costarricense Alejandro Jiménez González, alias “El Palidejo”. Según la acusación de la Fiscalía de Nicaragua, el exmagistrado Osuna tramitó de manera ilegal una cédula nicaragüense a “El Palidejo”, bajo el nombre de José Fernando Treminio Díaz.

--El cuatro de agosto de 2011, 82 jóvenes procedentes de San José de Bocay, Jinotega, viajaron desde su municipio hasta la sede central del Consejo Supremo Electoral, CSE, ubicado en la capital, a reclamar sus cédulas de identidad, porque en la instancia local del CSE les fue negada. Los jóvenes fueron recibidos por las autoridades, pero no les resolvieron.

--El 25 de octubre de 2011, diez días antes de las elecciones presidenciales, los alcaldes de los municipios San José de Bocay, El Cua y Pantasma --del departamento de Jinotega-- se trasladaron a la capital para mostrar las solicitudes de 4,000 personas que hicieron trámites de cédulas sin respuesta del CSE.

Cuestionamientos internacionales
--A nivel internacional, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, MOE-UE, detalló en un amplio informe de 51 páginas, la forma partidaria en la que el CSE entregó los documentos de votación, favoreciendo principalmente a simpatizantes del Frente Sandinista. “Se trata de una realidad”, cita el informe, “relevante y no exenta en muchos casos de un sesgo partidista y discriminatorio por parte de la administración electoral, que ha llegado incluso a delegar el reparto de cédulas en militantes del FSLN o en miembros de los Consejos del Poder Ciudadano, estrechamente vinculados al oficialismo”, señaló la MOE-UE.

Vulnerabilidad del sistema de cedulación

La doctora Vilma Núñez, Presidenta del Cenidh, indicó que si bien esto parece una coincidencia, un error del sistema o una negligencia de los funcionarios que atienden el proceso de cedulación, es grave, pues representa la vulnerabilidad de ese mismo CSE en la utilización de los datos.

“Aunque no es el mismo caso, recordemos el caso destapado en el proceso del exmagistrado suplente Julio César Osuna Ruiz, del CSE, sin embargo, hasta ahora no se ha conocido para quiénes eran las 250 cédulas encontradas en sus oficinas”, dijo la doctora Núñez, al tiempo que señaló que si bien oficialmente fue considerado por esa instancia como un caso excepcional, esto demuestra que hay deficiencias.

Destacó que no es posible que a dos personas se les asigne el mismo código de cédula. Teniendo el mismo nombre, lo primero que debieron hacer, dijo Núñez, es indagar antes de hacer cambios en los datos de una ciudadana ya registrada en sus archivos.

“Dejan en entredicho la credibilidad de la institución, y el gobierno se está convirtiendo en cómplice de esto al no adentrarse más en estos casos”, recalcó.