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El constitucionalista y analista político Cairo Manuel López considera que cobrarle a Estados Unidos, EU, una indemnización cancelada por el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), “no es el modo más idóneo para tratar de obtener el waiver”.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega dijo el sábado que su gobierno va continuar “librando la batalla” ante la Corte Internacional de Justicia, CIJ, en La Haya y ante Naciones Unidas, para que el gobierno de EU cumpla la sentencia y pague “una deuda histórica de 17 mil millones de dólares”, que el gobierno de Barrios no ejecutó en su momento.

A López le parece “sumamente difícil” que se pueda revertir la decisión tomada por el Estado de Nicaragua, cuando estaba en el poder la Presidenta Barrios de Chamorro.

“Recordemos que los Estados existen sin solución de continuidad independientemente que en el gobierno está A, B o C gobernante y doña Violeta Barrios, en su momento, era la gobernante de Nicaragua y en sentido bajo su gobierno fue que se desistió del cobro, o sea de la ejecución de esa sentencia”, manifestó López.

Lo puede intentar

Aún así, López expresó que el gobierno de Ortega podría intentar revivir la demanda, pero habría que ver si el proceso prospera o no. “Una cosa es intentar la acción y otra cosa es que le otorguen el derecho”, agregó.

Por su parte, el abogado constitucionalista Oscar Castillo explicó que el actual Gobierno de Nicaragua tendría que probar ante La Haya que no ha firmado algún documento donde,de manera formal y permanente, renuncia a la ejecución de sentencia contra Estados Unidos, sin embargo, existe la Ley 130 que derogó la Ley 92 de 1991, la cual en su momento ordenaba continuar el juicio.

Castillo explicó que el gobierno tendría que derogar o dejar sin efecto la ley 130, demostrar la razón por la cual reinicia dicha acción y enfrentar una posible acción de prescripción que pueda alegar EU a la misma, pues ya han transcurrido más de veinte años desde la sentencia y desde que el Estado de Nicaragua decidió no ejecutarla.

Han transcurrido 26 años

Agregó que aunque no existe un criterio uniforme sobre el tiempo de transcurrir la prescripción, la misma CIJ, en ocasiones, la ha fijado en promedios de 20 a 30 años en algunos casos muy particulares, lo cual le podría servir a Estados Unidos como argumento.

Pero además, Castillo dijo que no se debe olvidar que el silencio por parte de Nicaragua en esa veintena de años, dentro de los principios del derecho internacional pesa mucho y en este caso han trascurrido 26 años desde que se emitiera dicha sentencia y 21 años desde que se emitió la ley de renuncia.

En sus planteamientos, el presidente Ortega interpreta que cuando Estados Unidos reactivó su cooperación con Nicaragua (en 1990), lo que ha estado haciendo es pagando parte de esa deuda, “de tal manera que el anuncio del retiro de la misma no es más que una suspensión de pagos”, expresó.

CIJ no estableció un monto

Por otra parte, Castillo explicó que en realidad la CIJ no llegó a establecer un monto, porque es un hecho que la presidenta Barrios de Chamorro desistió de un recurso que estaba en La Haya, para que se estableciera el monto, lo cual fue considerado como un desistimiento de la demanda.

Castillo dijo que “no hay que olvidar que la CIJ, en consecuencia, a través del Presidente de la Corte, el 26 de septiembre de 1991, impartió instrucciones para que se suspendieran las actuaciones y ordenó la eliminación del caso de la lista de la CIJ”.

Aún así, el constitucionalista consideró que “Estados Unidos debió honrar en su momento la sentencia, pues como nación miembro de la CIJ, es de mucho valor ético haberlo hecho, sobre todo cuando en esta nación el respeto por la justicia se practica como un valor permanente”.