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Luego de una larga discusión que incluyó aspectos políticos, económicos, étnicos y medioambientales, los diputados ante la Asamblea Nacional aprobaron con 85 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones, la Ley del Régimen Jurídico del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y de Creación de la Autoridad del Gran Canal de Nicaragua.

La diputada por el Frente Sandinista, María Martínez Morales, consideró que la aprobación de esta ley es una decisión responsable que “fija el criterio de soberanía nacional” y regional; además, enfatizó en que con el marco jurídico fluirá el interés de invertir en el gran canal.

Por su parte, el diputado de la Bancada Democrática Nicaragüense, BDN, Pedro Joaquín Chamorro, expresó que aunque el gran canal pondría al país entero en el foco de la atención mundial, existen dudas sobre el financiamiento de la obra y los riesgos ambientales.

“La magnitud de los costos y riesgos ambientales del proyecto solo se podrán conocer cuando se hayan realizado estudios técnicos de factibilidad de las rutas y su respectivo impacto ambiental, pero cualquiera de las rutas propuestas, necesariamente, pasa por el Lago de Nicaragua”, señaló el diputado Chamorro, quien puso en duda la viabilidad del Cocibolca para garantizar la obra.

En tanto, el diputado de la BDN, Eliseo Núñez Morales, criticó que aunque el canal podría ser un impulso de desarrollo económico, no necesariamente será el motor de un desarrollo humano, porque los niveles educativos en Nicaragua siguen por debajo de la media de Centroamérica.

“Es un anhelo de Estado y no del que está de turno en el poder, es de todos los nicaragüenses durante los años que tenemos de vida independiente, que nos ha llevado a tener problemas internos y que caigan gobiernos, producto de intervenciones extranjeras, debido a este sueño del canal. Necesitamos revisar la política alrededor de un proyecto como este, así como parámetros económicos, sociales y políticos sobre los que recaerá esta inversión”, afirmó Núñez Morales.

Por su parte, el jefe de la bancada del FSLN, Edwin Castro, indicó que los votos favorables son en apoyo a la patria. “Celebro y aplaudo que votemos a favor con un espíritu de Estado, de visión de futuro, y no con un espíritu miope de oportunismo político”, dijo.

El diputado Wilfredo Navarro se mostró preocupado por la “premura” de aprobar la ley. “El hecho de hacerlo a mata-caballo, está provocando que se le quite seriedad a la dimensión de un proyecto tan trascendental para el país. Estamos viviendo en el mundo una crisis económica galopante. No sé si se van a conseguir los fondos para el canal, pero es una esperanza que está ahí”, comentó.

Pese al consenso en la votación general, varias mociones propuestas por el diputado Pedro Joaquín Chamorro fueron rechazadas en el plenario por la bancada mayoritaria del Frente Sandinista.

Empresarios esperaban consenso

Pese a la solicitud realizada por los empresarios, cuando fueron llamados a dar sus aportes en el proceso de consulta, de que dentro de la Junta Directiva de la Autoridad del Gran Canal se incluyera a alguien de la empresa privada, esta autoridad se conformará en su mayoría por ministros.

“Por lo que se conoce, nuevamente la petición del sector privado fue desoída por el presidente y los diputados”, indicó el gerente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, Amcham, Avil Ramírez.

Añadió que consideraron importante que dentro de la autoridad del Canal estuviera un empresario para estar al tanto de las negociaciones que se dieran en el proyecto, tomando en cuenta que “lo ejecutará el sector privado”, y como mínimo esperaban tener una voz.

Manifestó que “si por la víspera se saca el día”, esto no refleja el deseo de pluralidad ni la voluntad de todos los sectores, y agregó que “ojalá que esto se pueda enmendar”.

La autoridad del Gran Canal

El capítulo tres de la Ley establece que la creación de la Autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua “con personalidad jurídica y patrimonio propio, de duración indefinida y con plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, de carácter público, organizada conforme la presente Ley, con domicilio legal en la ciudad de Managua, pudiendo establecerse y operar en cualquier parte del territorio nacional”.

Según lo establecido en la Ley, la Dirección de la Autoridad del Gran Canal de Nicaragua, estará a cargo de una Junta Directiva conformada por seis miembros: el Presidente de la Autoridad del Gran Canal de Nicaragua, quien preside y que tendrá rango de ministro; el Ministro del Ambiente y de los Recursos Naturales, que será el Vicepresidente; el Ministro de Hacienda y Crédito Público, que será el Secretario, y tres directores, que serán el Delegado de la Presidencia de la República en la Comisión para el Desarrollo del Río San Juan, el Delegado Presidencial para la Promoción de Inversiones y Facilitación del Comercio Exterior, y el Secretario para el Desarrollo de la Costa Atlántica de la Presidencia de la República.

El nombramiento de los miembros de la dirección lo hará el Presidente de la República, y el Presidente de la Autoridad del Gran Canal de Nicaragua deberá ser ratificado por la Asamblea Nacional para el ejercicio de su cargo.