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  • AFP

El Partido Revolucionario Institucional, PRI, cuyo triunfo en la elección presidencial mexicana ha sido impugnado por la izquierda, acusó ayer lunes al candidato izquierdista Andrés Manuel López Obrador de haber tenido financiamiento ilegal por hasta 877,000 dólares.

La semana pasada, la izquierda había a su vez acusado al PRI de financiar la victoria de su candidato con dinero ilícito, que dijo podría incluso provenir del lavado de activos.

Pedro Joaquín Coldwell, líder del PRI, dijo ayer lunes en rueda de prensa que la izquierda manejó “de manera ilegal al menos 1,200 millones de pesos (unos 877,000 dólares) destinados a la campaña presidencial de López Obrador”.

Joaquín Coldwell sostuvo que este financiamiento viola los límites en los gastos de campaña y, según las pruebas con las que cuenta el PRI, el dinero presuntamente proviene de recursos públicos de estados que son gobernados por la coalición de izquierda que encabeza el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El líder del PRI recordó que desde el ocho de junio pidió a las autoridades electorales que presenten rápidamente avances sobre las investigaciones del uso de fondos de gobiernos estatales para financiar a López Obrador.

La izquierda y el PRI, que gobernó México de 1929 a 2000, cuando perdió frente al conservador Partido Acción Nacional (PAN), se encuentran enfrascados en una guerra de acusaciones mediáticas y ante el Tribunal Federal Electoral por el resultado de la presidencial del primero de julio.

Según el recuento oficial, Enrique Peña, candidato presidencial del PRI, ganó las elecciones con 38,2% de los votos, contra 31,6% de López Obrador.

Sin embargo, la izquierda ha pedido al Tribunal Electoral que invalide los comicios y acusa al PRI de haber comprado unos cinco millones de votos y de haber rebasado los límites en los gastos de la campaña presidencial con recursos de origen presuntamente ilícito, que incluso podrían provenir del lavado de activos, según dijo López Obrador el pasado 17 de julio.

El Tribunal Electoral debe resolver las impugnaciones a la elección presidencial antes del seis de septiembre y declarar presidente para el periodo 2012-2018.