•   Miami, Florida, Estados Unidos  |
  •  |
  •  |
  • EFE

Una de las propietarias de un laboratorio de Nicaragua, la primera empresa confiscada por los sandinistas en 1979, presentó una demanda en un tribunal de EU, contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega, exigiendo que pague los cuatro millones de dólares que ofreció tras la expropiación.

Lylle Araya Solórzano, nicaragüense con ciudadanía estadounidense, dijo ayer que interpuso la acción judicial el pasado 19 de julio en un tribunal de Miami, Florida, y en la misma se incluyó a la secretaria de Estado de EU, Hillary Clinton.

“Presenté la demanda a título personal. En septiembre prescribía el plazo de los cuatro años para poder introducir una acción legal sobre el dinero adeudado y recuperarlo. En Nicaragua el plazo es de 10 años, pero siendo ciudadana estadounidense no voy a esperar ese tiempo”, apuntó.

Los integrantes de la familia Solórzano Marín afirman que son propietarios del 60% de las acciones de Laboratorios Solka, con sede en Managua, y que la empresa fue fundada por el médico Porfirio Solórzano Bermúdez, en 1931, abuelo de Araya Solórzano

“Creo en el sistema judicial de este país (EU) y el plazo es más corto, mientras que en Nicaragua las cosas las hacen eternas”, enfatizó Araya Solórzano.

Su abogado, Alfonso Oviedo-Reyes, explicó que “en septiembre próximo vencía el plazo, y si no se reclamaba antes de esa fecha el Estado de Florida hubiera determinado que no se podía reclamar, porque prescribía si el documento de la deuda tenía más de cuatro años”.

Oviedo-Reyes alega que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social hizo “una oferta de compra, la compra fue aceptada por los dueños de las acciones, y lo que exigimos es el pago del precio de las acciones”.

En el documento se indica que Araya Solórzano es elegible para “recibir protección de la Secretaria de Estado, porque sus derechos de propiedad están siendo atropellados por el Gobierno de Nicaragua mediante (...) el Instituto Nacional de Seguridad Social por no pagar el precio de venta de sus acciones en Solka”.

Mientras esos derechos no sean respetados, se arguye, no hay razón para que Clinton conceda ayuda o asistencia (“waiver”) al Gobierno de Nicaragua.

Araya Solórzano dijo que al cambiar el Gobierno procedieron a intentar recuperar el laboratorio, logrando una entrega parcial de las acciones: obtuvieron el 60 por ciento y el 40 por ciento fue asignado al sindicato de los trabajadores.

Sin embargo, cuando los sandinistas asumieron de nuevo el poder en el 2007, confiscaron otra vez la compañía, añadió.

Meses después el Instituto Nacional de Seguridad Social se comunicó con la familia para iniciar una negociación y lograron un acuerdo de pago por cuatro millones de dólares.

El Gobierno de Nicaragua, según la demandante, presentó una oferta formal mediante y se firmó el contrato, pero tras casi cuatro años de ese trámite, los dueños de Laboratorios Solka no han podido obtener el dinero.

Últimos Comentarios
blog comments powered by Disqus