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  • AFP

Dirigentes de los partidos políticos representados en el Congreso de El Salvador, acordaron ayer volver a elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, con lo cual pondrán fin a una crisis institucional, consignó una declaración oficial.

Uno de los puntos centrales del acuerdo, rubricado por los políticos y por el presidente Mauricio Funes, es que se elija como “presidente de la Sala de lo Constitucional y como presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Órgano Judicial” para el período 2012-2015 al abogado José Salomón Padilla.

El pacto también prevé que “la Asamblea Legislativa (Congreso) proceda a la votación nominal y pública”, para elegir como magistrados propietarios y suplentes de CSJ para finalizar el período 2006-2015.

Como magistrados titulares, para terminar el período 2006-2015, serán elegidos los abogados Rosa María Fortín, Evelyn Roxana Núñez, Lolly Claros, Miguel Trejos y Mario Valdivieso. Los suplentes serán Ricardo Alberto Zamora, Rhina Ramos y Germán Álvarez.

Otros nombramientos

Además, la Asamblea Legislativa votará como magistrados propietarios del período 2012-2021 a los abogados Ovidio Bonilla, José Salomón Padilla, Doris Rivas, José Roberto Argueta y Elsy Dueñas.

Como suplentes fueron elegidos José María Méndez, Ricardo Iglesias, Sergio Rivera, Juan Manuel Bolaños y Ricardo Mena.

El acuerdo también incluye que el Congreso proceda a elegir como magistrado suplente de la CSJ, en la Sala de lo Constitucional, en sustitución del magistrado Ovidio Bonilla (centro de la polémica) “para que continúe el período que finaliza el 15 de julio del año 2018”, al abogado Carlos Sergio Avilés.

La emblemática Sala de lo Constitucional, máximo ente en materia de constitucionalidad que será presidida por Padilla, continuará integrada por los abogados Florentín Meléndez, Edward Sidney Blanco, José Belarmino Jaime y Rodolfo Ernesto González.

Los antecedentes

El diferendo que se acordó resolver se remonta al pasado 5 de junio, cuando la Corte de Justicia de El Salvador declaró ilegal la elección de 10 de los 15 magistrados de la Corte Suprema, designados bajo la misma legislatura y en dos momentos distintos.

Según ese organismo, la Constitución faculta al Congreso a designar magistrados solo una vez bajo la misma legislatura, por lo que ordenó que la elección se repitiera en el período legislativo que se inició el 1 de mayo.

Pero los diputados desoyeron el fallo y elevaron el caso ante la Corte Centroamericana de Justicia que, como medida cautelar, ordenó dejar sin efecto el fallo de junio de la justicia salvadoreña.

Los magistrados cuya elección fue declarada inconstitucional asumieron cargos y comenzaron a sesionar separadamente de los otros cinco. Ambos grupos nombraron a su propio presidente de la Corte, lo que había generado incertidumbre sobre el funcionamiento del sistema de justicia en el país.