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  • EFE

El Parlamento de El Salvador eligió ayer de nuevo a los 20 magistrados cuyas designaciones fueron anuladas en junio pasado, entre ellos el presidente del Supremo, y acabó así con la crisis institucional en la que el país estuvo sumergido por más de dos meses.

El nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es Salomón Padilla, quien sustituyó a Ovidio Bonilla y con cuya elección se reunifica el máximo tribunal que se dividió como consecuencia de la crisis.

La Sala de lo Constitucional de la CSJ anuló el 5 de junio las elecciones de magistrados hechas en 2006 y en abril de este año, cinco propietarios y sus respectivos suplentes en cada caso, y ordenó a la Asamblea Legislativa hacer de nuevo ambos procesos.

Por unanimidad de sus 84 diputados y en una prolongada votación nominal, el Parlamento ratificó a los magistrados electos en 2006, eligió de nuevo a los mismos de este año, lo que de hecho también es una ratificación, y designó al titular de la CSJ.

El presidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes, juramentó a los magistrados, que asumirán hoy, y enfatizó que lo hacía "nuevamente, para que nadie dude de la legitimidad de sus cargos".

La Asamblea, que rechazaba los fallos de la Sala, cumplió así con el acuerdo político firmado el domingo por el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, y los seis partidos con representación legislativa para superar la crisis tras varias semanas de negociación.

Ratificados

Los magistrados de 2006-2015 ratificados son Rosa María Fortín Huezo, Evelyn Roxana Núñez Franco, Lolly Claros de Ayala, Miguel Alberto Trejos Escobar, Mario Francisco Valdivieso Castañeda y sus respectivos suplentes.

Salomón Padilla, Ovidio Bonilla, Doris Luz Rivas Galindo, José Roberto Argueta Manzano, Elsy Dueñas de Avilés y sus suplentes fueron elegidos de nuevo para el período 2012-2021.

Lo único realmente nuevo es que Padilla presidirá la CSJ y la Sala de lo Constitucional, después de que Bonilla renunciara para facilitar el cumplimiento del acuerdo, ya que era rechazado por la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, derecha).

Padilla también es afín al gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Funes, quien fue mediador en las negociaciones, reconoció que el acuerdo para superar la crisis acata los fallos del Supremo.

La Sala no cuestionó a los magistrados, sino que argumentó que una misma legislatura no puede elegirlos en dos ocasiones y que las que terminaron en 2006 y en abril pasado ya habían cumplido ese trámite; en este último caso, debía designarlos la actual.

Renovación cada tres años

Cada tres años debe renovarse un tercio de los 15 miembros de la CSJ, que así cumplen períodos escalonados de nueve años, pero la Constitución no dice cuándo deben ser elegidos.

Con la nueva elección de magistrados se pone fin a la crisis institucional que por más de dos meses afectó al país y que lo tuvo por más de un mes con dos cortes supremas, una formada por los jueces cuya elección anuló la Sala y presidida por Bonilla.

La otra Corte era la Sala de lo Constitucional ampliada con varios suplentes y encabezada por Florentín Meléndez, a quien el anterior titular de la CSJ, Belarmino Jaime, dejó como "provisional".

Fallo de la CCJ

El Salvador solventó la crisis institucional al margen de un fallo de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), con sede en Managua, que el pasado 16 de agosto declaró inaplicables las sentencias de la Sala que anularon las elecciones de magistrados.

La CCJ emitió el fallo en respuesta a una demanda del Parlamento, que desconoció las órdenes de la Sala y acudió al organismo regional para que solucionara el conflicto.

Funes reiteró que los partidos, pese a que la Corte regional resolvió a favor del Parlamento, al final desestimaron su fallo y llegaron al acuerdo político en las negociaciones que se llevaron a cabo en Casa Presidencial desde el 24 de julio.

"Lamento que se haya desperdiciado tanto tiempo" para llegar a "una solución que (...) se pudo haber tomado desde un inicio", porque el acuerdo cumple lo que ordenó la Sala de lo Constitucional, manifestó ayer el procurador de Derechos Humanos, Óscar Luna.