•   Managua, Nicaragua  |
  •  |
  •  |
  • elnuevodiario.com.ni

El presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, Wálmaro Gutiérrez, se expresó a favor de una reforma a la Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados, Ley 735, de manera que se establezca que el dinero en efectivo incautado al narcotráfico y otras formas del crimen organizado sea distribuido entre las instituciones que combaten el crimen a través del Presupuesto General de la República.

Gutiérrez considera, además, que la distribución del dinero en efectivo sea distribuido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pero sin establecer montos o porcentajes que limiten una mejor repartición del dinero.

El legislador sandinista reconoció que todas las instituciones involucradas en el combate al crimen organizado (Policía Nacional, Poder Judicial, Ministerio Público e incluso, el Sistema Penitenciario, entre otras), se merecen mayor presupuesto; sin embargo, Gutiérrez señaló que debe establecer una política clara de manera que se garantice la equidad en la distribución del dinero en efectivo, pues los otros bienes ya tienen su manera de repartición conforme con la Ley 735.

Que pase al presupuesto

Gutiérrez insistió en que ese dinero debería pasar al Presupuesto General de la República. “Si habría que hacer una reforma para que el mecanismo de integración de esos recursos (financieros) pase vía Presupuesto General de la República y que se distribuya, probablemente sería un tema que sería oportuno abrir su discusión”, señaló.

El legislador señaló que, en una posible reforma a la Ley 735, el mecanismo de distribución del “dinero líquido” tendría que ser el Presupuesto General de la República, PGR, sin embargo, hizo la salvedad de que al incorporar esos fondos al PGR y trasladarlos como presupuesto de esas instituciones “eso podría tener una repercusión en el gasto presupuestario”, pues ese dinero “estaría vinculado con los porcentajes constitucionales y presiones ordinarias que tiene el Presupuesto”.