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Los diputados ante la Asamblea Nacional se preparan para aprobar esta próxima semana dos importantes leyes, una de ellas es la Reforma al Presupuesto 2012, mediante la cual se incrementará el presupuesto de ingresos en C$3,253,3 millones; y la otra es la Ley Especial para el Desarrollo del “Complejo Industrial El Supremo Sueño de Bolívar”, la cual pretende “sentar las bases jurídicas” para propiciar la construcción de un proyecto que incluye una refinería y un gasoducto y, con ello, convertir a Nicaragua en el abastecedor centroamericano de derivados del petróleo.

Esta agenda fue definida el pasado 12 de septiembre por los miembros de la Junta Directiva del parlamento en conjunto con los jefes de bancada.

Respecto a la reforma presupuestaria, los diputados de la opositora Bancada Democrática Nicaragüense, BDN, Eliseo Núñez Morales, Carlos Langrand Hernández y Enrique Sáenz Navarrete, emitieron un voto razonado dentro del dictamen que elaboró la Comisión Económica.

Según ese voto razonado “el presupuesto planteado en esa reforma no prioriza la inversión en Educación, congela el monto de C$6,532.9 millones destinados al Ministerio de Educación en el Presupuesto original de 2012, y lo reduce del 3.73% respecto al Producto Interno Bruto, PIB, a 3.57% del PIB…”

Por otra parte, agregan los legisladores en su voto razonado, “el presupuesto de Salud igualmente disminuye de 3.96% a 3.89% del PIB, sin embargo, la recomendación de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y de la Organización Mundial de la Salud, OMS, orienta destinar, al menos, el 6% del PIB para lograr la atención universal en el primer nivel, monto que no es prioridad para el Gobierno y por eso el déficit en medicinas, materiales de reposición periódica, equipamientos, construcción y reemplazo de nuevos hospitales”

“A esto se añade la falta de incremento real del salario de educadores y del personal de Salud, que contribuya a mejorar sus condiciones de existencia… Es importante señalar que ya el salario promedio nacional se ha deteriorado 12.5% desde enero de 2007 y, en esas condiciones, el salario promedio de los maestros aún se mantiene representando poco más de la mitad (58.9%) de este”, añaden en el voto razonado.

FSLN defiende

En el dictamen favorable, los diputados del Frente Sandinista defienden la reforma, alegando que, con ella, se logrará un “crecimiento económico superior en 0.5 puntos porcentuales, respecto a lo proyectado para este año”, es decir, que con esta sobrerrecaudación de C$3,253.3 millones se pasará de un crecimiento proyectado de 3.3% a 3.8%.

Según el dictamen, el presupuesto de gastos en el Ministerio de Salud se incrementará en C$190.85 millones; mientras “que en el gasto del Ministerio de Educación se observa un incremento nominal interanual con respecto a 2011 de 19.71%, equivalente a un crecimiento de C$1,075.68 millones, esto representa un crecimiento interanual real del gasto de este Ministerio en 11.60%, de conformidad a cálculos realizados por la Comisión”, se lee en el dictamen.

La otra ley

Por otra parte, esta semana la Asamblea Nacional también aprobará otra ley cuestionada por la oposición, como es la Ley Especial para el Desarrollo del “Complejo Industrial El Supremo Sueño de Bolívar”, con la que se pretende impulsar la construcción de una refinería, un gasoducto, un sistema de almacenaje de combustible y una planta de polímeros. La ley fue dictaminada por la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos.

Según la ley, el proyecto tendrá un costo superior a los US$6,000 millones y el Estado de Nicaragua tendrá una participación del 49% del capital accionario, su representante será la empresa estatal Petronic, pero en el texto de la ley esto no queda totalmente claro.

El diputado exaliado del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, Agustín Jarquín Anaya --recientemente inhibido de participar en las elecciones municipales junto a su partido la Unión Demócrata Cristiana, UDC--, cuestionó la situación jurídica de Petronic, alegando que “no está claro” si aún continúa rentada a una entidad extranjera o no.

De todas maneras, en el texto de la ley no se dice --en ninguno de sus artículos-- que el Estado de Nicaragua tendrá una participación accionaria en el megaproyecto y mucho menos que Petronic sea la entidad que lo representará.

Lo que sí establece la ley es que el proyecto será ejecutado por la empresa privada Alba de Nicaragua, Albanisa --representada por su presidente ejecutivo Francisco López y quien a la vez es presidente de Petronic--, y por la estatal venezolana Petróleos de Venezuela S.A., PDVSA.

Respecto al dictamen de la ley, el exdiputado y expresidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, Francisco Aguirre Sacasa, señaló que “llama la atención, en primer lugar, su falta de precisión”.

“Se dice que el desarrollador (del proyecto) será Albanisa. Si mal no recuerdo Petronic tiene el 49% de las acciones de Albanisa y Petronic pertenece al Estado nicaragüense, es decir a su pueblo. Sin embargo, esto no se especifica en ninguna parte de la ley que está escrita como que si esta fuera una concesión a intereses puramente privados. ¿Por qué la falta de transparencia?, ¿hay algo que se pretende ocultar?”, expresa y cuestiona Aguirre Sacasa.

En segundo lugar, agrega, “se envía este proyecto de ley, años después de la construcción de grandes tanques de almacenamiento de petróleo en Nagarote. ¿Son estos parte del proyecto de refinería? Y si lo son, como yo sospecho, ¿por qué se necesita una ley ahora para este proyecto y no cuando se construyeron esos tanques?”

Otros cuestionamientos a El Supremo Sueño de Bolívar

Para el exdiputado Francisco Aguirre Sacasa, “hay que estar claro que construir un complejo petroquímico es altamente riesgoso”.

“Vimos cómo murieron cantidades de personas recientemente cuando hubo una falla técnica en una refinería en el hermano país de Venezuela. Además, se le hizo mucho daño al medio ambiente”, expresó.

Según Aguirre, “es justamente por lo peligroso que son las refinerías, que los países adelantados no las están construyendo. Prefieren ubicarlos en países subdesarrollados donde ni las leyes ambientales ni su aplicación ofrecen mucha protección a la población ni al medio ambiente”, señaló.

“Prueba de lo anterior es que Estados Unidos no ha dado permiso a la construcción de una refinería grande en su territorio desde 1976. Prefiere dar financiamiento para que se construyan en otros lugares como Papua-Nueva Guinea”, añadió.

En la ley se dice que habrá estudios ambientales, “pero me pregunto si no serán nada más que un “saludo a la bandera”. Y quisiera saber qué capacidad y voluntad habrá para garantizar que se minimicen las explosiones e incendios que suelen ocurrir en estas refinerías, y sus daños ambientales”, expresó Aguirre.

Aguirre también cuestionó “lo generosos que son los incentivos que se les están brindando al desarrollador” del proyecto. “Son extraordinarios y poco compatibles con el espíritu que existe en la reforma tributaria que pretende el Gobierno aprobar este año y que tiene como uno de sus objetivos eliminar o reducir exoneraciones”.

Finalmente, añadió, “se le está dando carta blanca al proyecto para adquirir los terrenos y servidumbre que requiere. ¿Garantiza esta ley una indemnización justa --es decir a precio de mercado--, a aquellos cuyas propiedad se declararán de utilidad pública?”, se preguntó Aguirre.