•   Managua, Nicaragua  |
  •  |
  •  |
  • elnuevodiario.com.ni

La Ley Especial para el Desarrollo del “Complejo Industrial El Supremo Sueño de Bolívar”, fue aprobada ayer por unanimidad en la Asamblea Nacional, sin embargo, los diputados opositores de la Bancada Democrática Nicaragüense, BDN, no dejaron de expresar sus dudas sobre la viabilidad ambiental del megaproyecto y acerca de la manera en que se transferirán al Estado de Nicaragua las ganancias, y el capital accionario que le corresponde en esta inversión eminentemente privada.

Los legisladores de la BDN intentaron infructuosamente pasar varias mociones para modificar parcialmente el dictamen de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos. Una de esas mociones pretendía dejar claro que el Estado de Nicaragua tendría una participación accionaria no menor al 49% y que la misma no podría “ser enajenada” --es decir, vendida, transferida, adjudicada, etc--, a menos que los diputados de la Asamblea Nacional lo autorizaran, pero la propuesta no pasó pues los diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, la rechazaron.

Según el diputado de la BDN, Eliseo Núñez Morales, ese 49% de participación accionaria del Estado de Nicaragua está garantizado por la estatal petrolera Petronic, considerando que esta entidad es dueña de ese mismo porcentaje de las acciones del consorcio privado denominado Alba de Nicaragua, S.A., Albanisa, que será el desarrollador del proyecto.

Sin embargo, a Núñez sí le preocupa la transparencia con que sean manejados los recursos provenientes de las ganancias y, sobre todo, que no está definido el mecanismo que se utilizará para que esas ganancias entren en el Presupuesto General de la República de cada año.

El impacto ambiental

El otro cuestionamiento es la falta de un estudio de impacto ambiental en la ley; además, los legisladores de la BDN reprocharon a los miembros de la Comisión de Infraestructura, no haber incluido en el proceso de consulta a las organizaciones ambientalistas como el Centro Humbolt, el cual, dijeron, sí tiene un análisis “serio” acerca del posible impacto ambiental que tendría la instalación de la refinería.

Al respecto, otra moción rechazada por el Frente Sandinista fue una relacionada a incluir en el proyecto a “expertos internacionales y nacionales, para que realizaran un estudio de impacto ambiental”. Al final, la propuesta tampoco pasó.

La moción que sí contó con el respaldo del Frente Sandinista fue una presentada por el diputado de la BDN, Alberto Lacayo, la cual consistió en incluir dentro de las obligaciones del “desarrollador del proyecto”, el hecho de que se haría responsable por los posibles daños al medio ambiente.

Otra que contó con el consenso fue presentada por Eliseo Núñez Morales, en lo relacionado a declarar como territorio de seguridad nacional los terrenos por donde pasará el oleoducto que incluye el proyecto.

Por otra parte, el alegato de los diputados de la BDN para apoyar la ley, pese a los múltiples cuestionamientos, es que este tipo de condiciones --incluyendo las exoneraciones y exenciones de impuestos--, deberán aplicarse a futuras inversiones de otras empresas no vinculadas a la familia presidencial.

“Es una cuestión de principios y si aprobamos esta ley con estas condiciones, en el futuro, el Frente Sandinista tendrá que aplicar esas mismas condiciones y no podrá oponerse”, dijo Eliseo Núñez Morales.