• Managua, Nicaragua |
  • |
  • |
  • elnuevodiario.com.ni

Los diputados ante la Asamblea Nacional aprobaron en su totalidad el Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, el cual establece, entre las novedades, la oralidad de los juicios laborales, lo que según el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, Francisco Rosales Argüello, representa un avance en materia de legislación laboral y hará más expeditos este tipo de juicios.

“Uno de los objetivos principales de este Código es ponerle fin a la retardación de justicia. En la actualidad tenemos un rezago, hay casi 5,000 sentencias que están por elaborarse; al introducirse la oralidad con las características y principios de inmediación, concentración, publicidad y celeridad, nos va a permitir reducir la mora”, explicó Rosales Argüello.

Además, el magistrado judicial señaló que en Managua se abrirán dos nuevos Juzgados Laborales, para completar seis, alegando que esto se hace necesario considerando que en la capital se concentra el 65% de las demandas laborales de todo el país.

Una de las disposiciones que causó polémica fue la del artículo 81, la cual contempla el “empleo subcontratado o tercerizado”; en el dictamen original se establecía que “en el caso de empleo subcontratado o tercerizado, el actor podrá demandar conjuntamente tanto a la empresa principal como al sujeto intermediario, subcontratista o tercerizador titular de la contratación laboral”.

Sin embargo, a través de una “moción de consenso” a través de la cual se estableció que el empleado demandará primero al empleador principal y hasta después a la empresa subcontratada, y no a ambos a la vez, según la explicación del diputado Alberto Lacayo, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Asamblea Nacional.

El plenario rechazó una moción presentada por uno de los legisladores, a través de la cual pretendía modificar la redacción del artículo 81, de manera que, ante una demanda laboral de parte de un empleado, se estableciera una “responsabilidad solidaria”, tanto de la empresa principal subcontratadora, como de la empresa subcontratada.

Sin embargo, el magistrado Francisco Rosales Argüello explicó que “en el Derecho moderno, tanto el subcontratado como el dueño del negocio son co-responsables…”, al momento de responder a una demanda laboral.

“El problema es que aquí se introdujo un término que no es muy feliz, que es el de subsidiaridad, cuando en realidad lo que debió haberse establecido es que (la empresa subcontratadora y la subcontratada) fueran solidariamente responsables; desgraciadamente cuando se está haciendo un consenso, el consenso es lo que priva”, dijo Rosales Argüello.

Los beneficios laborales del Código Procesal

Según las consideraciones de los miembros de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos cuando dictaminó el Código Procesal Laboral, la introducción de los juicios orales “permitirá que estos se resuelvan en solo unos meses, en vez de en 4 o 5 años”.

Además, “los juicios se caracterizarán por la inmediación o presencia directa del juez en el proceso y será aplicado por jueces especializados en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, sustituyéndose así a los jueces civiles en la aplicación de la ley laboral”.

“Se destaca el procedimiento especial para la tutela de los derechos fundamentales en el trabajo, con la posibilidad de solicitar una medida cautelar, lo que implicará la suspensión del acto impugnado y la restitución de los hechos a la situación anterior de producirse la violación…”, se lee en otra de las consideraciones.

“Este procedimiento abreviado y de carácter preferente”, agrega, “será un instrumento muy útil para evitar la discriminación sindical, la discriminación por género y de cualquier otro carácter, sea directa o indirecta, así como para la protección de los demás derechos fundamentales”.

Con el Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social también se “instaura el procedimiento especial para los conflictos jurídicos de naturaleza colectiva para solucionar los casos de afectación de intereses generales de un grupo genérico de trabajadores y trabajadoras que versen sobre la aplicación o interpretación de una norma jurídica, convenio colectivo o práctica de la empresa”.

Además, se establece “la innecesaria intervención de asesor legal, lo que significa la posibilidad de comparecer en el proceso a los trabajadores por sí mismos, sin necesidad de contar con previa defensa o representación jurídica y sin perjuicio de que le sea ofrecida esa posibilidad de ser asistidos para la mejor tutela de sus derechos”.

También “se establecen los recursos de apelación y de hecho, así como los remedios de reposición, aclaración o ampliación ante el Tribunal Nacional Laboral de Apelación, para la tutela efectiva de los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras”.