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El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, Rafael Solís, avizoró una guerra de resoluciones de las salas civiles de los tribunales de apelaciones de todo el país con relación a la vigencia o no de los Consejos del Poder Ciudadano, CPC, y se adelantó a decir que los liberales están en desventaja en la correlación de fuerza en los tribunales.

La semana pasada, la Sala Civil Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua, TAM, ordenó al presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez Téllez, abstenerse de mandar a publicar la Ley 630 que deroga la existencia de los CPC como estructura del Ejecutivo.

La orden del TAM ha provocado un impasse en la Asamblea Nacional debido a que los diputados de la oposición sostienen que Núñez debe mandar a publicar la ley, porque el Poder Judicial no está por encima de las decisiones del Legislativo.

Madrugan al TAM de Bluefields

Como parte de la tercia entre el Ejecutivo y la oposición en torno a los CPC, el diputado del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Francisco Urcuyo Sacasa, recurrió de amparo ante el Tribunal de Apelaciones de Bluefields, donde los magistrados liberales, que controlan la Sala Civil declararon con lugar un amparo que obligaría a Núñez a publicar la ley.

Sin embargo, horas después, informó Solís, el Tribunal de Apelaciones de Matagalpa emitió una resolución contraria a la de Bluefields e igual a la de Managua, que es la vigente, por ser la última.

Solís explicó que los tribunales de apelaciones de todo el país tienen igual jerarquía, por lo que se toma en cuenta la última resolución como la vigente.

Siete a dos

“Seguramente habrá una guerra de resoluciones en todo el país, pero los liberales están en desventaja porque sólo tienen control sobre dos tribunales de apelaciones, el de Bluefields y Masaya, y nosotros, FSLN, sobre siete”, dijo Solís.

El magistrado Solís indicó que la guerra de resoluciones y amparos se terminará cuando la Sala Constitucional tome una decisión el próximo cinco de diciembre, fecha establecida para conocer el recurso de Managua.

Antes de esa fecha no habrá resolución porque todos los magistrados de la Sala Constitucional, a excepción de él, se encuentran fuera del país.