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Con trámite de urgencia, el Poder Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional una iniciativa de decreto de ratificación del “acuerdo marco de entendimiento entre el Gobierno de la República de Nicaragua y 4,094 extrabajadores cañeros afectados por el proceso de privatización de los ingenios, firmado el 9 de julio de 2009, y su Adenda (Acuerdo Subsidiario) suscrito el 29 de marzo

de 2012”.

Ese acuerdo incluye una indemnización de US$9 millones 825 mil 600, monto que el Gobierno pagará a través de los denominados “Bonos de Cumplimiento” que para tal efecto deberán emitirse “de conformidad con el artículo 32 de la Ley 477, Ley General de Deuda Pública” y para lo cual “se autoriza la constitución de deuda pública interna”.

La iniciativa de decreto fue presentada ante la primera secretaría del parlamento el 6 de diciembre en horas de la tarde, e incluida inmediatamente en el Adéndum número 13 de la agenda legislativa, por lo que se espera que sea aprobado la próxima semana, justo cuando los diputados sesionarán los últimos tres días del año.

Será discutida la próxima semana

El diputado Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, señaló que la iniciativa acaba de ser propuesta y será presentada la semana entrante.

“El dinero provendrá del aprovisionamiento de los techos presupuestarios y eso se ajustará cuando se discuta el Presupuesto de la República”, dijo.

El legislador comentó que los anteriores gobiernos les negaron esto a los extrabajadores, pero ahora se cumplirá con un compromiso establecido por el Estado y si bien representa mayor endeudamiento para el Gobierno, “en principio este pasivo está justificado por la necesidad de indemnizara los extrabajadores cañeros con algo que por derecho les corresponde. En justicia social es muy positivo”.

Proceso desde 1992

Durante el Gobierno de la presidenta Violeta de Chamorro, los ingenios “Javier Guerra Báez”, Monterrosa, San Antonio y “Benjamín Zeledón”, fueron privatizados y los trabajadores que eran dueños de estas empresas demandaron el 25% del producto de las ventas de estos inmuebles.

4,094 trabajadores fueron enviados al desempleo.

3,000 dólares prometió el Estado a cada uno de los trabajadores como parte de la indemnización, pero solo les entregaron 500 dólares.

2,400 dólares recibirá, al menos, cada extrabajador, según el acuerdo presidencial 205-2012, que fue publicado en La Gaceta, diario oficial, el 19 de noviembre pasado.