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El Agente de Nicaragua en el Tribunal de La Haya, Carlos Argüello Gómez, destacó el positivo papel desempeñado por la Corte Internacional de Justicia, CIJ, para resolver conflictos de límites marinos entre los Estados.

Argüello, también embajador en el Reino de los Países Bajos, quien habló en la sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas en conmemoración del XXX Aniversario de la Convención de Derecho del Mar, dijo que para Nicaragua la Convención de Derechos del Mar ha sido “la base sobre la que ha partido para hacer valer los derechos que le son reconocidos como tal”.

De acuerdo con información publicada en un medio digital, el doctor Argüello manifestó que es por esta vía que Nicaragua solicitó a la CIJ la delimitación de sus fronteras marítimas con Honduras y Colombia.

“El mismo representa un hecho histórico para nuestra nación, en cuanto ha reconocido los derechos que le corresponden a Nicaragua a espacios marítimos en el Mar Caribe, de conformidad con la historia, la geografía y el derecho internacional”, añadió.

Efectos positivos

Argüello resaltó que la delimitación de las doscientas millas náuticas de zona económica exclusiva “tendrá efectos positivos en el desarrollo económico del país y facilitará el estrechamiento de las relaciones con los países de la región, particularmente del Caribe, así como permitirá negociar los límites marítimos pendientes en un clima de seguridad jurídica”.

En cuanto al caso con Colombia, afirmó que Nicaragua tenía clara la jurisprudencia de la CIJ, y que los principales Tribunales Arbitrales dejaban clarísimo que tratándose de una delimitación que involucraba islas pequeñas de un estado frente a extensas costas de otro estado, cualquier resultado equitativo implicaría concederle a Nicaragua una parte sustancial de los espacios marítimos a delimitarse.

Vocación de paz

El doctor Carlos Argüello expuso a la audiencia que “un hecho significativo reciente en nuestra región, que demuestra esa vocación de paz, es el caso del Golfo de Fonseca, el cual ha sido declarado por los presidentes de Nicaragua, de Honduras y de El Salvador como una “Zona de Paz, desarrollo sostenible y seguridad”, y recientemente se ha conformado una comisión trinacional para hacer efectiva esta declaración.