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El magistrado salvadoreño ante la Corte Centroamericana de Justicia, CCJ, Ricardo Acevedo Peralta, afirma que el Estado de Nicaragua se ha portado “muy bien” cumpliendo las sentencias de esta organización regional e incluso cuenta con casos emblemáticos de cumplimiento, aun así, en esta entrevista con El Nuevo Diario, lo que pretende exponer es cuándo la CCJ tiene competencia sobre los “conflictos entre poderes”.

En ese sentido, transmite su orgullo por un sistema de integración centroamericano que cuenta con una normativa obligatoria, que “impide que cualquier abuso de poder atente contra lo que tanto nos ha costado: la democracia”, manifiesta este magistrado de 71 años, destacando las competencias de la CCJ establecidas en el Artículo 22, inciso f, del Estatuto.

¿La CCJ actúa de oficio ante los conflictos nacionales o interregionales, o tiene que haber una denuncia?

No, no actuamos de oficio, tiene que haber una denuncia de un poder del Estado “equis” contra otro órgano superior. La CCJ tiene que decidir con base al derecho interno de cada país, con base al derecho internacional y con base en el derecho comunitario quien tiene la razón. Averiguar si es cierto que un órgano ha interferido en las atribuciones del otro o si no es cierto. Entonces la Corte le da la razón a uno o al otro.

¿Ya recibieron una denuncia en el caso de Honduras?

El caso de Honduras aún no se ha presentado ante la CCJ y hay que ver sobre qué base, porque lo que hemos visto en los periódicos no encajaría en un conflicto.

¿Cuál es su opinión sobre ese tema?

No me puedo adelantar, no tengo suficientes elementos de juicio, y segundo, estaría adelantando un criterio y no puedo hacerlo. Lo que si te puedo decir es que es un problema delicado, donde están involucrados poderes del Estado.

¿Podría llegar a la CCJ?

Sí podría, es una posibilidad. Tiene competencia.

¿Debería Nicaragua y Costa Rica resolver el litigio sobre la trocha en el Caribe de manera bilateral o se debe esperar el fallo de la Corte Internacional de Justicia, CIJ?

La negociación (bilateral) puede hacerse en cualquier momento aun cuando haya un juicio pendiente de resolución.

¿Es posible llegar a un acuerdo antes de que la CIJ declare la sentencia?

Claro.

¿Pero cómo sería si la CIJ declara una sentencia diferente a lo que se decidió de manera bilateral?

Prima la voluntad de las partes. La sentencia sería un punto de referencia en la que las partes podrían recurrir para una solución más expedita, más conveniente, más fácil. O sea, que no hay incompatibilidad de ninguna naturaleza entre un proceso judicial y el arreglo pacífico extrajudicial al que las partes pudiesen llegar. Puede haber allanamiento, puede haber un desistimiento de la sentencia en cualquier momento, pero de común acuerdo.

¿Qué le pareció la reacción que tuvo Colombia ante el fallo de la CIJ por la delimitación marítima en el mar Caribe entre este país y Nicaragua?

Me parece que todas estas cuestiones tienen matices evidentemente políticos, porque si algo es político es la soberanía de un Estado. Cuando a un Estado le tocan la soberanía le tocan el alma. La soberanía es el alma de los pueblos y de los Estados, entonces, estas cuestiones territoriales tocan esas fibras tan íntimas que son el ser de una nación. Es natural que haya habido una reacción tan impulsiva de Colombia cuando conoció el fallo y los políticos tratan de defender sus posiciones y tratan de decir: “miren actuamos de una manera a favor de la soberanía colombiana”. Es decir, hay un efecto político. Lo que hubo fue una reacción eminentemente política de parte de Colombia, porque ellos esperaban una sentencia diferente, pero creo que eso es pasajero.

“Costa Rica tiene visión comercial”

El magistrado Ricardo Acevedo Peralta manifiesta que Costa Rica no se ha querido integrar a la Corte Centroamericana de Justicia, CCJ, porque no ha querido reconocer su competencia política para intervenir en los conflictos internos de los países de la región.

Acevedo relata que Costa Rica especialmente se opone a la disposición que establece que la CCJ puede “intervenir en conflictos internos de los Estados, cuando los poderes máximos estuvieren en pugna, cuando las sentencias de las cortes de justicia no se cumpliese o cuando las resoluciones de la Asamblea Legislativa tampoco se cumpliese.

Sin embargo, considera que Costa Rica tiene una “especial visión” de la integración centroamericana, a la cual denomina “una visión más comercial” y con tendencia a apoyar la integración económica, pero no la integración política ni social.

¿Por qué no se integra Costa Rica?

Es por la competencia política que tiene la CCJ, que viene desde 1906 cuando era la Corte de Justicia Centroamericana, CJC, de Cartago. Se le conocía como la “Corte de Cartago” debido a que inicialmente tuvo su sede en la ciudad de Cartago, Costa Rica. La actual CCJ fue un organismo creado posteriormente.

La “Corte de Cartago” era una corte donde estaban los cinco países. Fue una corte política que nació de los acuerdos de paz como una iniciativa de los Estados Unidos, para evitar los conflictos políticos que se daban en el siglo antepasado, porque había muchos pleitos ideológicos que se daban entre liberales y conservadores y por eso se daban los golpes de Estado. Entonces, para evitar eso, se fundó la “Corte de Cartago”, la antecesora nuestra que tiene más de 100 años.

En esa corte estaba la disposición de que podía intervenir en conflictos internos de los Estados, cuando los poderes máximos de los poderes estuvieren en pugna; cuando las sentencias de las cortes nacionales no se cumpliesen o cuando las resoluciones de la Asamblea Legislativa tampoco se cumpliesen.

¿A qué le tiene temor Costa Rica?

Costa Rica le tiene miedo precisamente a eso. Ellos alegaron en la “Corte de Cartago” que era una competencia federal y que los centroamericanos todavía no éramos una corte federal. Habíamos sido, porque en 1821 nacimos al mundo libre después de la independencia de España, nacimos como un Estado federal, pero se deshizo en 1834. Aun así, ha habido muchísimos intentos para que volvamos a ser esa federación.

¿Y Costa Rica no quiere eso?

Costa Rica lo que dice es que esa competencia de la CCJ, de poder intervenir entre conflictos de los poderes de un Estado mismo, es una competencia de naturaleza federal y que todavía Centroamérica no es un Estado federal.

¿Tienen razón?

Tienen razón en decirlo, pero también tienen razón los presidentes cuando atribuyen a uno de los órganos de la integración determinadas facultades que tiene características federales, como ha sucedido en Europa. Europa tampoco es un Estado federal y sin embargo hay autoridades de carácter eminentemente federal. Inclusive la primera de las instituciones comunitarias en Europa, que es la comunidad económica del carbón y del acero, es una instancia federal que está por encima de los Estados.

¿Qué le parecen las descalificaciones de Costa Rica contra la CCJ, cuando le llaman un órgano que no tiene competencia para dirimir sus conflictos con otras naciones centroamericanas?

Ellos tratan de descalificar evidentemente a la CCJ por cualquier camino, pero lo que pasa es que la CCJ tiene dos tipos de competencia que algunos no quieren verla ni entenderla así. Hay una competencia general de la CCJ en razón de la materia. El artículo 35 del Protocolo de Tegucigalpa que es como la Constitución de Centroamérica, dice que todo conflicto que se presente en los Estados o dentro del sistema relacionado con la integración, en sus cuatro áreas y en su propio subsistema, tendrá que ventilarse obligatoriamente en la CCJ.

¿El Protocolo de Tegucigalpa está suscrito por Costa Rica?

Este protocolo de Tegucigalpa está suscrito, firmado y ratificado por Costa Rica, por lo tanto, ellos están sujetos a esta competencia general, por eso es que nosotros tuvimos competencia en el asunto del Río San Juan, porque era una materia relacionada con la integración dentro del subsistema medio-ambientalista, cuyos tratados que conforman estos subsistemas están suscritos y ratificados por Costa Rica, por lo tanto, por razón a la materia y en razón a esa competencia genérica, el artículo 35 del Protocolo de Tegucigalpa, nosotros tenemos competencia y eso es lo que los costarricenses no quieren entender, porque dicen ellos que no son parte de los Estatutos, pero son parte del protocolo de Tegucigalpa.

El alma de los pueblos

La soberanía es el alma de los pueblos y de los Estados, entonces, estas cuestiones territoriales tocan esas fibras tan íntimas que son el ser de una nación. Cuando a un Estado le tocan la soberanía le tocan el alma, expresó el magistrado Acevedo.