•   Managua, Nicaragua  |
  •  |
  •  |
  • elnuevodiario.com.ni

Este lunes 7 de enero se reúnen en Francia la Ministra de Relaciones Exteriores de Bogotá, Ángela Holguin y varios especialistas de la firma inglesa de abogados Volterra Fietta, con el objetivo de buscar cómo revertir la histórica sentencia que el pasado 19 de noviembre emitió la Corte Internacional de Justicia, CIJ, con sede en La Haya, Holanda, por el conflicto limítrofe entre Nicaragua y Colombia.

Para el especialista en Derecho Internacional, Mauricio Herdocia Sacasa, esa reunión es parte de acciones artificialmente planteadas por Colombia, estructuradas fuera del marco legal internacional, y que finalmente no prosperarán ya que su objetivo es totalmente distinto al establecido en el Estatuto, y más bien lo cuestionan al tratar de cambiar la cosa juzgada.

El prestigioso jurista considera que Colombia, políticamente, trata de “cumplir con una agenda interna” y de levantar un expediente doméstico de forma costosa e innecesaria, cuando lo que hay que poner a funcionar es el diálogo de buena fe para la ejecución del fallo, todo dentro de los límites de la sentencia (nada fuera de ella) y dentro de la soberanía de Nicaragua (nada fuera de ella y preservando la totalidad de los derechos reconocidos a Nicaragua por la Corte). Otros medios no llevarán a Colombia a ninguna parte

-¿Cuáles son los escenarios que pueden resultar de esa reunión?

Colombia está tratando de conformar una estrategia posHaya, dirigida a tratar de revertir por cualquier medio a su alcance lo dispuesto por la Corte. En las palabras del presidente Juan Manuel Santos, esto se llama “restaurar” los alegados “derechos perdidos” por Colombia y, en las palabras de la Ministra María Ángela Holguin, que las cosas se continúan haciendo como en el pasado, al que ella atribuye 200 años de vigencia.

El dictamen solicitado a la firma Volterra Fietta parece apuntar a analizar las posibilidades, de conformidad con el Estatuto de la Corte, de tocar las puertas del máximo tribunal de justicia, ya sea para tratar de interpretar la sentencia o revisar su contenido.

Ante todo, es importante establecer la preeminencia de la cosa juzgada (res judicata). Esto implica el carácter definitivo e inapelable del mismo, y que Colombia tiene un muro de contención en el propio fallo resguardado por la santidad de los tratados que establecieron la jurisdicción y competencia de la Corte para los dos países y el deber de dar cumplimiento a los fallos de buena fe, principio que está recogido en la propia Carta de las Naciones Unidas.

-¿Qué tan factible es lograr una interpretación del fallo?

No es nada fácil lograr que la Corte interprete y menos aún que revise un fallo. Los precedentes en la actual Corte indican que hay alrededor de cinco solicitudes de interpretación, una de ellas fue introducida apenas en el 2011 (en el caso del Templo Preah Vihear), y tres solicitudes de revisión.

Todas las solicitudes de revisión han fracasado en los casos sobre el diferendo territorial, insular y marítimo (Golfo de Fonseca), la Convención sobre Genocidio y la Plataforma Continental Túnez-Libia ( en este caso se pidió, tanto revisión como interpretación, rechazándose la primera).

En los poquísimos casos en que la solicitud de interpretación ha sido acogida (en estricto sentido en un caso), sus alcances han sido mínimos y se han limitado a recoger lo que ya el propio tribunal había indicado en su momento, sin agregar ni quitar nada a la cosa juzgada (caso de la Plataforma Continental Túnez-Libia).

-¿En lo referente a una posible solicitud de aclaración?

En primer lugar, la solicitud de interpretación no opera automáticamente. Primero debe cubrirse la fase de admisibilidad que requiere, en primer lugar, que su propósito real sea obtener una interpretación del sentido y alcance del fallo para esclarecerlo o aclararlo si fuese necesario. No para tratar de cuestionar la cosa juzgada ni para obstaculizar, atrasar o impedir la ejecución del fallo.

La interpretación, como ha dicho la Corte, no puede ir más allá de los límites del fallo. No se pueden agregar nuevos temas o puntos que no haya decidido ya la Corte.

Versa, entonces, sobre materias ya decididas en las cláusulas operativas del fallo. No se puede tratar de dilucidar nuevos puntos. Es decir, que no se puede buscar vía interpretación, que la Corte se pronuncie sobre cuestiones que no ha decidido, y que las partes no le han pedido definir en sus peticiones durante el juicio que, en este caso, llevó a la sentencia del 19 de noviembre.

Finalmente, no basta que una parte plantee la solicitud, ambas partes deben tener un desacuerdo sobre el tema.

El estatuto permite solicitar una aclaración sobre el sentido o alcance del fallo, no para transformarlo u obtener pronunciamientos sobre temas que nunca fueron planteados en la mesa jurisdiccional

Un antecedente importante de recordar es que en 1950 Colombia intentó interpretar un fallo de la Corte Internacional de Justicia en el caso del Derecho de Asilo al dirigente Víctor Raúl Haya de la Torre.

La Corte rechazó de plano la solicitud de Colombia, e indicó que con arreglo a las disposiciones del estatuto, la primera condición que debe cumplirse para que pueda interpretarse un fallo es que la petición tenga realmente por objeto la interpretación del fallo, lo que significa que debe tender solamente a aclarar el sentido y el alcance de lo que se decidió con fuerza obligatoria.

Cuando un fallo tiene, como en el presente, un contenido tan transparente y claro, la búsqueda de interpretaciones tiende a ser rechazada. Claramente, lo que Colombia persigue es “restaurar” la situación anterior existente; es decir, atacar el contenido mismo del fallo, destruir su condición de cosa juzgada y su fuerza vinculante. Hacerlo reversible.

Una acción como esa no podría prosperar. En última instancia, lógicamente la Corte interpretará cualquier fallo emitido, de conformidad con las disposiciones que ella misma ha aprobado, sin mover ni quitar una coma.

-¿Y la posible solicitud de revisión?

Esta solicitud tiene múltiples requisitos. Uno de ellos consiste en el descubrimiento de un hecho nuevo, desconocido, tanto por la Corte como por Colombia. Más allá de la histórica duración de los casos emblemáticos del “Barcelona Traction” o la disputa territorial y Marítima entre Camerún y Nigeria.

El caso Nicaragua versus Colombia es un verdadero récord, es decir, que las partes tuvieron más de una década para plantear todos sus alegatos y pruebas. A no ser por negligencia (posibilidad que la Corte también contempla para desterrar esta acción), es casi imposible que exista un hecho nuevo que, además, exige la Corte, debe ser de tal envergadura que sea determinante o decisivo sobre un tema toral del fallo.

Siendo que fue la propia Corte la que construyó, mediante un impresionante método depurado en el caso Rumania Versus Ucrania en el 2009, toda la arquitectura admirable de las líneas que delimitan los espacios marítimos entre Nicaragua y Colombia, sería bastante osado plantear que hay algún elemento desconocido, por ella en tal construcción de las líneas que -ella misma- diligentemente fue edificando en uno de los fallos más transparentes y didácticos de todos los tiempos, donde geometría, matemática y principios de Derecho Internacional como el de solución equitativa y proporcional, se conjugaron de forma tan exacta.

Únicamente para seguir la argumentación sobre este tema, si acaso hay una posibilidad remota de hechos nuevos, sería en última instancia en relación con los accidentes insulares (Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranilla, Albuquerque, etc.) y siendo que todos sin excepción, fueron adjudicados a Colombia, sería una eventual revisión que, a quien le interesaría plantear hipotéticamente sería más bien a Nicaragua.

En síntesis, la revisión es un proceso complejo y sus múltiples requisitos de admisibilidad son concurrentes. Es decir, como ha dicho la Corte misma, solo es admisible si se cumplen todas y cada una de las condiciones dispuesta en el Estatuto (descubrimiento de un hecho nuevo, decisivo, desconocido, no resultado de negligencia y dentro del plazo previsto) Si no se cumple cada una de ellas, la solicitud debe ser rechazada.

-En la hipótesis de que Colombia quiera plantear una acción, ¿cuál sería el escenario?

Si un Estado quiere plantear una petición como la descrita puede hacerlo, pero la Corte lo someterá al test de la admisibilidad primero. Ya vimos lo difícil que es pasar tales pruebas en la jurisprudencia de la Corte que ha rechazado tales recursos casi en un 80 por ciento en el tema de interpretación, y un 100 por ciento en el caso de revisión.

Siempre puede entonces existir la posibilidad de que Colombia pueda plantear esas acciones, pero no llevarán a ese país a ninguna parte.


Busca concesiones

“Colombia apuesta al diálogo bilateral como forma de obtener concesiones, y explora las posibilidades de volver a la Haya, ya sea para pedir una revisión del  fallo o mediante la interpretación del mismo”, considera el doctor Mauricio Herdocia.