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En medio del conflicto institucional que enfrenta a los poderes Ejecutivo y Legislativo por la vigencia o no de los Consejos del Poder Ciudadano, CPC, los diputados del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, pidieron ayer la destitución del presidente del Parlamento, Santos René Núñez Téllez, si éste continúa negándose a publicar la Ley 630, mediante la cual la oposición derogó los CPC.

La propuesta del MRS incluye aprovechar la sesión del próximo martes para que el plenario de la Asamblea Nacional apruebe una resolución legislativa que obligue a Núñez a publicar la ley 630.

Si aprobada la resolución, Núñez continúa “en rebeldía” debería procederse a su destitución “conforme con la Cosntitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial”, dijo el jefe de bancada del MRS, Víctor Hugo Tinoco.

TAM fuente a 52 diputados

La resolución legislativa también debería rechazar la sentencia de la Sala Civil Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua, TAM, en la que admitió un recurso de amparo en contra de la Ley 630, dando así vida a los CPC aún en contra de la voluntad de los 52 diputados que derogaron esas instancias paraestatales.

El MRS considera que los magistrados del TAM se extralimitaron en sus funciones jurisdiccionales y pretenden legislar, desconociendo que la legislación es facultad única y exclusivamente de la Asamblea Nacional.

Diputados reaccionan


Mientras tanto, diputados de las distintas bancadas legislativas continuaron ayer con sus arengas y amenazas de suspender el trabajo legislativo si el presidente de la República, Daniel Ortega, insiste en sus intenciones de “gobernar por decreto” desconociendo a los demás poderes del Estado, a la misma Constitución Política y demás leyes del país.

La crisis institucional provocada, primero por la por la negativa de Núñez de publicar la Ley 630 e intensificada por la advertencia de Ortega de “gobernar por decreto” amenaza con agravarse y algunos diputados no descartaron un “golpe de Estado” por parte del mandatario nicaragüense.

Algunos legisladores opositores calificaron desde “dictadura” hasta “monarquía” al régimen sandinista; sin embargo, no dieron muestras concretas de las acciones que tomarán para impedir las pretensiones de Ortega.

Apelan hasta las armas

El diputado del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, y presidente de la Comisión de Justicia, José Pallais, llegó al punto de pedir la rebelión” del pueblo en contra del gobierno, incluyendo la “rebelión armada”, tomando en cuenta, dijo, que las leyes lo permiten cuando un régimen se ha salido de los cauces democráticos e institucionales.

El jefe de bancada del PLC, Maximino Rodríguez, tampoco dio una solución al conflicto entre poderes y se limitó a llamar “ignorante” al presidente Ortega por pretender gobernar por decreto. Agregó que posiblemente el mandatario está mal asesorado o simplemente no tiene asesores.

Los diputados no descartaron que el presidente, en una actitud extrema de “prepotencia y autoritarismo”, utilice a la Policía Nacional o el Ejército de Nicaragua para imponer su voluntad.

Manipulación del Poder Judicial


A manera de presión, el diputado del PLC, y primer secretario del Parlamento, Wilfredo Navarro, propuso una redistribución presupuestaria para quitarle dinero a aquellas instituciones en las que el gobierno tenga mayor interés.

A juicio de Navarro, con la crisis institucional originada por la anulación de los CPC, quedó al descubierto la “manipulación que Ortega hace de las instancias judiciales”. El legislador liberal considera que el mayor perdedor con esta crisis será presisamente el Poder Judicial.

El diputado de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, Carlos García, se dedicó a criticar las amenazas de Ortega, pero tampoco hizo una propuesta para solucionar el conflicto entre poderes.

El tercer secretario de la Asamblea Nacional, Javier Vallejo, acusó al presidente del Legislativo, René Núñez, de no contribuir a la solución, pues “se niega a iniciar un proceso de negociación política que termine con la crisis”.

A diferencia de Navarro, Vallejo no cree que una presión sobre la ley de presupuesto para el próximo año tenga los efectos suficientes como para hacer retroceder al presidente Ortega y a Núñez.

Polémica destructiva y estéril


Por su parte, el diputado del PLC y presidente de la Comisión Económica, Francisco Aguirre Sacasa, calificó la polémica de “destructiva y estéril”. Aguirre advirtió del peligro que significaría para el presupuesto del próximo año si el conflicto político “contamina las consultas, discusión y aprobación” de esta ley.

Aguirre Sacasa considera que el problema político-institucional debe discutirse y solucionarse al margen de los temas económicos para no afectar a la población nicaragüense.

Wálmaro Gutiérrez: “Decretos, pero en su ámbito”


El único diputado sandinista que ha dado la cara por la bancada oficialista, fue Wálmaro Gutiérrez Mercado, quien defendió la posición de Ortega, argumentando que el mandatario tiene derecho a emitir decretos en el ámbito de su competencia.
Según Gutiérrez, Ortega no ha violado, hasta el momento, ninguna disposición constitucional o de cualquier otra índole al decir que “gobernará por decreto”.