•  |
  •  |
  • END

“Hay una voluntad presidencial de imponer los CPC al resto de la población”, dijo el jurista Cairo Manuel López, colocándose el presidente por encima del estado de derecho y de la ley, hecho que según el también jurista del Cenidh, Bayardo Izabá, piensa que de seguir la crisis, amerita invocar la Carta Democrática de la OEA.   

Según Cairo Manuel López, “la intervención del presidente de la República, señalando que pretende gobernar el país por decreto, aquí sí roza abiertamente con la Constitución Política, ya que la reforma constitucional de 1995 ya no le otorga facultad al presidente de la República de dictar decretos con fuerza de ley”.

López señaló que “al colocarse el gobernante por encima del derecho, por encima de la ley, estaría violentando uno de los principios elementales del estado de derecho, como es el respeto a la Constitución y las leyes”.

Ya no está en 1987

Ortega ya no gobierna con la Constitución de 1987, que le permitía decretar impuestos de la noche a la mañana, ni puede aprobar la Ley General del Presupuesto de la República, ambas facultades exclusivas de la Asamblea Nacional. Cabe aclarar además que el Consejo de Planificación Económica y Social, Conpes, es un órgano de consulta con la sociedad civil y no un cuerpo legislativo. Sus decisiones no son vinculantes.

López consideró que la actual crisis de poderes coloca al país “al borde del caos tratando de hacer intervenir a otros agentes que serían difíciles de controlar, y en este caso lo más lógico es que casi al borde del filo de la navaja se le busque una salida, que dependerá de la unidad de los 52 diputados de oposición”.

“Si no, la situación se va a tensar en el país, a tal punto que podría darse un escenario como la ocupación de la Asamblea Nacional. Ya doña Violeta Barrios en 1993 ocupó militarmente la Asamblea Nacional a través de la Policía”, recordó.

Empeño familiar

López indicó que tanto Daniel Ortega como Rosario Murillo parecen empeñados en mantener el proyecto de los CPC porque eso les permitiría un control interno sobre el mismo Frente Sandinista y un control a su vez sobre el resto de la población.

El Poder Ejecutivo tiene abiertos varios escenarios de negociación: en la Asamblea Nacional, con los jugadores alternos fuera del Parlamento y en la Corte, valoró.

El ex presidente del Parlamento indicó que “la Asamblea Nacional al haber dictado una ley en contra de los CPC, al haberla vetado el presidente de la República y al haber rechazado el veto la Asamblea Nacional, lo lógico es que se mande a promulgar y publicar por el presidente de la misma Asamblea Nacional”.

El conflicto jurídico estalla, indica López, cuando “un tribunal de apelaciones admite un amparo en contra de una situación constitucional”, porque hay quienes piensan que el acto de publicar la ley es un acto administrativo, pero no es así, dijo López. “La Constitución Política en su artículo 141 sostiene que es parte del proceso de formación de la ley, inclusive su sanción, publicación y promulgación”, advirtió el ex legislador.

“Frente a un acto soberano de la Asamblea Nacional, que tiene valor al estar amparado por la misma Constitución Política, no se puede asimilar un acto de carácter administrativo: no podía el tribunal interrumpir el proceso de formación de la ley”, subrayó.

Ley ampara al Parlamento

En 1995, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 205, que en su artículo 51, numeral dos, dice que contra el proceso de formación de la ley, su promulgación o su publicación, no procede el recurso de amparo.

“Es decir, una ley de carácter constitucional, como es la Ley de Amparo en este caso, viene a proteger el proceso de formación de la ley y no cabe ningún recurso de amparo, sin embargo éste fue admitido por el tribunal de apelaciones”, lamentó.