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La reciente reforma en la Asamblea Nacional a la Ley de Amparo, Ley 49, provocó cautela entre juristas, principalmente en el ámbito constitucional, pues aunque la modificación contiene ventajas, algunos especialistas en la materia también advierten sobre “ciertas debilidades” en la nueva legislación en materia de amparo a través del denominado recurso de Hábeas Data o de Protección de Datos Personales.

La modificación a la Ley de Amparo para introducir el Recurso de Hábeas Data está respaldada en el artículo 26 de la Constitución, el cual establece que toda persona tiene derecho “a conocer toda información que sobre ella hayan registrado las autoridades estatales, así como el derecho a saber por qué y con qué finalidad tiene esa información”.

Sin embargo, en la reforma aprobada la semana pasada se establece que “el Recurso de Hábeas Data se crea como garantía de tutela de datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos, de naturaleza pública o privada, cuya publicidad constituya una invasión a la privacidad personal y tenga relevancia con el tratamiento de datos sensibles de las personas en su ámbito íntimo y familiar. El Recurso de Hábeas Data procede a favor de toda persona para saber quién, cuándo, con qué fines y en qué circunstancias toma contacto con sus datos personales y su publicidad indebida”.

Es decir que, con esta modificación, el alcance de los derechos ciudadanos sobre su información personal trasciende a las entidades públicas y abarca también a las entidades privadas.

Peligros de la reforma

A juicio del jurista Cairo Manuel López, experto en Derecho Constitucional y expresidente de la Asamblea Nacional, esta reforma a la Ley de Amparo busca salvaguardar el derecho constitucional de los y las ciudadanas de protección de su información personal, lo cual calificó de positivo, sin embargo, considera que encierra el peligro de atentar contra la libertad de prensa.

Según López, el hecho de establecer que el Recurso de Hábeas Data también abarca la información en manos de privados, presupone una reforma a la Constitución Política para modificar el artículo 26, y, precisamente, agregar el término “entidades privadas”, de manera que se entienda que los ciudadanos tienen derecho a conocer por qué y con qué fines las autoridades públicas “y las entidades privadas”, han registrado información sobre ella.

Otro aspecto sobre el que López llamó la atención es que ni los diputados opositores en la Asamblea Nacional, ni los representantes de las organizaciones de la sociedad civil se han pronunciado sobre la posibilidad de que a través del Recurso de Hábeas Data cualquier persona u organización sea obligada a exponer la información que ellos manejan sobre cualquier ciudadano o, incluso, sea obligada a destruir esa información.

Para López, si un periodista realiza una investigación sobre cualquier funcionario público, éste podría hacer uso del Recurso de Hábeas Data, y si la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia falla a su favor, podría obligar al periodista a no publicar esa información e, incluso, a destruirla.

Avance en protección

Sin embargo, para la jurista María Asunción Moreno Castillo, con el Recurso de Hábeas Data el Estado nicaragüense “viene a reforzar y completar la protección de datos personales”, que ya se había regulado con detalle en la Ley 787, Ley de Protección de Datos Personales, que entró en vigencia en marzo de 2012.

“De tal forma que el tema debe verse como una interrelación entre el derecho a la privacidad, la protección de datos y el hábeas data como una forma de ejercer nuestro derecho a saber”, expresó.

Según Moreno, la Ley 787 otorga protección a la persona natural o jurídica frente al tratamiento de sus datos personales en ficheros de datos públicos y privados, para garantizar el derecho a la privacidad personal y familiar, y el derecho a la autodeterminación informativa (artículo 26 numeral 4 de Constitución).  

“Esta ley amplía la protección de nuestros datos personales no solo al ámbito público, sino también privado. Hay que recordar que sectores como los bancos, empresas telefónicas y comerciales, etcétera, recopilan datos personales y en ocasiones no nos consultan o no nos informan con qué finalidad”, dijo.  

Mientras que este recurso (de Hábeas Data), añadió Moreno, “viene a ser una  garantía para que todas las personas podamos saber quién, cuándo, dónde y bajo qué circunstancias se ha tenido acceso a nuestros datos personales”. 

En definitiva, señaló Moreno, “se trata de la protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, y constituye una forma de complementar la tutela que ya había recibido por medio del precepto constitucional que contempla la protección de la privacidad”. 

“Se trata de una regulación propia de la tercera generación de derechos humanos, dirigida a alcanzar para el individuo medios para oponerse a los potenciales riesgos y peligros a los que se enfrenta en la sociedad tecnológica. Por ello, no creo que afecte la libertad de expresión, ni la de información mucho menos la libertad de prensa”, enfatizó moreno.

 

Información Protegida según Ley 787

1. Autodeterminación informativa: Derecho de toda persona a saber quién, cuándo y con qué fines y en qué circunstancias toman contacto con sus datos personales.

2. Datos personales: Toda información sobre una persona natural o jurídica que la identifica o la hace identificable.

3. Datos personales sensibles: Información que revele el origen racial, étnico, filiación política, credo religioso, filosófico o moral, sindical, relativo a su salud o vida sexual, antecedentes penales o faltas administrativas, económicos financieros; así como información crediticia y financiera y cualquier otra información que pueda ser motivo de discriminación.

4. Ficheros de datos: Archivos, registros, bases de datos, públicos y privados que contienen datos personales.

5. Fuentes de acceso público: Pueden ser consultados por cualquier persona a cambio de una prestación: La Gaceta, medios de comunicación, censo, guías telefónicas, directorios profesionales.

6. Titular de datos: Persona natural o jurídica a la que conciernen los datos personales.

 

¿Qué establece la reforma a la Ley de Amparo?

Artículo nuevo:

El Recurso de Hábeas Data procede en defensa de los derechos constitucionales reconocidos en el artículo 26, numerales 1, 3 y 4 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, en consecuencia toda persona puede utilizar dicho recurso para:

1. Acceder a información personal que se encuentre en poder de cualquier entidad pública y privada de la que generen, produzcan, procesen o posean información personal, en expedientes, estudios, dictámenes, opiniones, datos estadísticos, informes técnicos y cualquier documento que la administración pública o las entidades privadas tengan en su poder.

2. Exigir la oposición, modificación, supresión, bloqueo, inclusión, complementación, rectificación o cancelación, y actualización, de datos personales sensibles independientemente que sean físicos o electrónicos almacenados en ficheros de datos, o registro de entidades públicas o de instituciones privadas que brinden servicio o acceso a terceros, cuando se presuma la falsedad, inexactitud, desactualización, omisión total o parcial o la ilicitud de la información de que se trate.

3. Exigir la oposición, modificación, supresión, bloqueo, inclusión, complementación, rectificación o cancelación y actualización de cualquier publicidad de datos personales sensibles que lesionen los derechos constitucionales.

Artículo nuevo:

El Recurso de Hábeas Data podrá ser interpuesto por las siguientes personas:

a. El afectado

b. Sus tutores y los sucesores de las personas naturales

c. Por intermedio de apoderado.

Cuando el recurso sea presentado por personas jurídicas, deberá ser interpuesto por sus representantes legales, o apoderados designados para tales efectos.

Para interponer el Recurso de Habeas Data se requiere que la persona legitimada procesalmente para ello previamente haya agotado la vía administrativa contemplada en la Ley de Protección de Datos Personales… El recurso se interpondrá dentro de los 30 días posteriores a la notificación de la autoridad administrativa competente en materia de protección de datos personales; se considera también agotada la vía administrativa si dentro del plazo de los 30 días la autoridad administrativa no emite su resolución correspondiente.

Artículo nuevo:

El Recurso de Hábeas Data se dirige contra los responsables y cualquier otra persona que hubiere hecho uso indebido de ficheros de datos públicos y privados.

Artículo Nuevo:

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es el órgano encargado para conocer y resolver el Recurso de Hábeas Data.

Artículo nuevo:

Los responsables de los ficheros de datos no puedan alegar confidencialidad de la información que se les requiera, salvo en el caso de que se afecten fuentes de información periodística. Cuando la confidencialidad se alegue en los casos de excepción previstos en la ley, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia puede tomar conocimiento personal y directo de los datos, asegurando el mantenimiento de su confidencialidad.

Artículo Nuevo:

Si la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia determina que se produjo lesión a los derechos del titular de los datos, dictará las medidas que estime pertinentes para el cumplimiento del fallo.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia deberá velar porque no se divulgue información cuyo titular pueda resultar afectado por el conocimiento que terceros puedan tener de ella, e incluso podrá imponer al recurrente el deber de guardar secreto en relación con lo que conozca en razón de que el recurso interpuesto fue declarado con lugar.

Artículo Nuevo:

Admitido el Recurso de Hábeas Data, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenará al recurrido aportar la información objeto del Recurso. Una vez contestado el recurso por parte del recurrido, éste deberá exhibir lo solicitado por el recurrente. Cuando se trate de datos confidenciales, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tendrá acceso a dicha información, pero deberá tomar la medidas cautelares pertinentes a fin de que el contenido no trascienda de las partes. Asimismo, determinará a cuáles datos tendrá acceso el recurrente.

Artículo Nuevo:

La suspensión de los actos que están produciendo vulneración de derechos procede siempre en carácter precautorio en los siguientes casos:

a) Cuando el dato se esté transmitiendo y se impugne su confidencialidad, se debe suspender la tramitación o revelación del contenido.

b) Cuando se trate de la inclusión de datos personales sensibles que revelen, entre otros, la ideología, la religión, las creencias, la filiación política, el origen racial, la salud o la orientación sexual de las personas, información crediticia y financiera, antecedentes penales o faltas administrativas, económicos financieros, se debe suspender la inclusión de los datos, hasta tanto se determine que existió consentimiento válido del afectado en dicho tratamiento.

c) Cuando la información se impugne por inexacta, falsa o desactualizada.

d) Cuando transmitir la información o almacenarla pueda causar en el futuro daños irreparables o los cause ilegítimamente.