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La negociación política para la elección de casi medio centenar de funcionarios públicos con cargos vencidos, entre los que están contralores, magistrados judiciales, electorales, fiscal y procurador de derechos humanos, no está definida.

Lo anterior se desprende de las declaraciones brindadas este lunes por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, Rafael Solís Cerda, quien expresó su esperanza de que la elección se haga antes del receso de medio año de la Asamblea Nacional.

Aunque en el parlamento se ha mantenido la tradición de que los cargos se reparten de acuerdo a la correlación de fuerzas entre los partidos políticos, eso no significa que eso “sea una obligación”, advirtió Solís.

“La idea es respetar ese equilibrio --político--”, dijo el magistrado judicial, sin embargo momentos antes hizo una advertencia velada, manifestando: “Eso --elección de cargos-- no es una cuestión matemática”.

Solís dijo que aunque el Frente Sandinista tiene la cantidad de diputados --67-- para elegir o reelegir a los funcionarios públicos con cargos vencidos, la idea que prevalece es respetar el 30% a que tiene derecho la bancada del Partido Liberal Independiente, PLI.

Este 30% es tomado del resultado de los últimos comicios generales --noviembre 2011--, explicó el magistrado Rafael Solís, agregando que en el caso de la CSJ, si son 16 magistrados a los que hay que elegir, entonces ese sería el porcentaje que le correspondería al PLI --4 o 5.