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La posibilidad de obligar a las empresas y establecimientos públicos y comerciales a adquirir un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros; así como la consecución se recursos financieros para las instituciones involucradas, ha creado una controversia en las consultas a la Ley de la Dirección General de Bomberos.

Ayer, los representantes del Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, de algunas empresas aseguradoras se reunieron con los diputados miembros de la Comisión de paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, así como las autoridades de la Dirección General de Bomberos con el fin de analizar estos y otros aspectos de la nueva legislación.

Y aunque no hay ningún acuerdo todavía, el presidente del Cosep, José Adán Aguerri, dijo que una de las propuestas del gremio empresarial es establecer en la ley que de las pólizas de seguros por incendios que pagan las empresas privadas, sea destinado el 1% de ese monto a un fondo para la Dirección General de Bomberos, DGB.

Mientras tanto, la vicegerente general de Seguros América, Shantal Chamorro, considera que obligar a las empresas a pagar un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, en caso de incendios, sería “agregarle a los nicaragüenses un costo adicional por tener una vivienda”, en el entendido de que el seguro “obligatorio” por daños a terceros también se aplicaría a las viviendas y no solo a las empresas, y sería utilizado en la misma modalidad que el seguro de vehículos.

Otro de los aspectos que ha creado controversia es la posibilidad de dolarizar e incrementar el costo de los servicios que presta la DGB, como inspecciones y certificaciones, algo que tampoco está definido aún en el dictamen de ley.

19 consideraciones

El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, dijo sentirse satisfecho por la aceptación por parte de la Comisión Legislativa, del documento con 19 “consideraciones”, que el gremio empresarial presentó para ser incluidos en la Ley de la Dirección General de Bomberos.

Entre las “consideraciones” están el establecimiento de las funciones de los bomberos como inspeccionar, verificar y certificar “a los sujetos obligados”. “Porque la ley no definía los tipos de inspecciones, los programas de inspecciones, los períodos de ejecución, la vigencia de las certificaciones y ahora eso ya quedó definido”, expresó.

A los bomberos también corresponderá la función de inspección de los planos eléctricos; y por lo tanto, para la inspección de planos estructurales, arquitectónicos y sanitarios “debe utilizarse el marco legal que ya existe”, dijo Aguerri.

 

Cruz Roja pide recursos

El representante de la Cruz Roja Nicaragüense, Clemente Balmaceda se reunió con los miembros de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, para analizar la reforma a la Ley de Tránsito Vehicular con el fin de incrementar el costo del examen visual que esta institución realiza a los ciudadanos para obtener la licencia de conducir.

Actualmente el costo del examen es de C$50. “Cuando se aprobó la ley, la tasa de cambio oficial (de divisa norteamericana) era de C$14 por US$1.00 y actualmente anda por los C$24.40 por US$1.00 conforme con el Banco Central de Nicaragua, y eso ha hecho que los ingresos que percibe la Cruz Roja Nicaragüense por el examen de la vista, hayan disminuido”, explicó Balmaceda.

Balmaceda argumentó que “gran parte” de los servicios que presta la Cruz Roja son por accidentes de tránsito “por eso pedimos a los señores diputados que nos permitan que sea incrementado al valor de US$5.00, pagadero al cambio oficial, a la hora de hacerse el examen de la vista; esto significará un mejor ingreso (para la Cruz Roja) y, eventualmente, mejorar nuestro parque vehicular”, reiteró.